Durante los últimos días, mi cuenta de correo electrónico está registrando decenas -en realidad suman ya varios centenares- de mensajes estandarizados en los que se me solicita que contribuya, con mi firma, a exigir la celebración de un referéndum para la ratificación de la reforma recientemente operada en el artículo 135 de la Constitución. No es algo inédito. En la última legislatura se han sucedido campañas semejantes de envíos masivos de correos electrónicos encaminados a defender una determinada causa o impedir que prospere alguna iniciativa. En cualquier caso, la actual constituye a todas luces una campaña extemporánea. Basta una superficial lectura del mensaje que incluyen los correos electrónicos para darse cuenta de que fue redactado antes de que la reforma se llevase a cabo. «El presidente -comienza el texto- ha anunciado su intención de promover la reforma constitucional para incluir un límite al déficit público». Tal y como está redactada, esta frase tenía validez a mediados de agosto. Pero hoy, en las postrimerías del mes de noviembre, la reforma constitucional no es ya una mera «intención» del presidente del Gobierno, sino una realidad plenamente consumada.
Ajeno a los hechos, sin embargo, el mensaje añade que, dada la importancia de la reforma que se pretende promover, su firmante solicita que «si esta modificación es finalmente aprobada por las cámaras, su grupo parlamentario -quiero entender que se refiere al vasco- se comprometa a solicitar que esta reforma sea sometida a referéndum».
Blog de Josu Erkoreka 