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Archive for 13 mayo 2010

Dice el proverbio que rectificar es de sabios. Pero cuando alguien da un giro de 180 grados en lo esencial de lo que ha venido defendiendo sin fisuras ni excepciones durante un dilatado período de tiempo, no sé si es más correcto hablar de rectificación o de renuncia. O quizás de claudicación. En cualquier caso, lo que Zapatero ha hecho con las políticas sociales se encuentra entre estos tres calificativos: o se trata de una rectificación, o es una renuncia en toda regla o nos encontramos ante una claudicación.

Recuerdo que en el primer debate parlamentario que mantuve con Zapatero, con motivo de su investidura, en la primavera de 2004, aprovechó la dúplica para exigirme algo que estaba muy en boga en aquella época entre los colectivos que en Euskadi se hacen llamar constitucionalistas: Ustedes -me dijo- deben rectificar. Se refería, claro está, a lo que en su opinión debíamos hacer con las iniciativas políticas que el nacionalismo vasco estaba impulsando desde el Ejecutivo de Vitoria. Lo que nos ofrecía a cambio era algo semejante a ese  maremágnum ingestionable que con sus erráticas y caprichosas estrategias ha generado en torno al Estatut de Catalunya. Entonces, se nos vendía la vía catalana como un cauce realista, leal y pragmático para profundizar en el autogobierno, frente a lo que se descalificaba como el radicalismo desafiante e inviable de la vía soberanista vasca. Hoy, vista la cuestión con perspectiva, el dilema produce hilaridad. Si la catalana era la vía razonable y pragmática… que venga Dios y lo vea.

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En Perú, como en muchos otros países de América Latina, la huella vasca es ostensible. Se detecta claramente en los apellidos y en la toponimia de las grandes ciudades. En el Congreso de la República, sin ir más lejos, he registrado hasta 24 electos de origen reciente o remotamente vasco, cuyo linaje queda reflejado en el apellido. En torno al 20%. Su presencia, además, se produce de manera transversal: figuran en todos los grupos parlamentarios, desde el Furimorista, hasta el Nacionalista de Ollanta Humala.

Con el congresista peruano Rolando Reátegui, en la sala de protocolos del Congreso de la República

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La semana pasada participé en la delegación parlamentaria que visitó Perú en el marco del Grupo de Amistad constituido entre el Congreso de los Diputados y la cámara legislativa del país andino. Ello me ha permitido observar personalmente la evolución política que experimenta el antiguo país de los Incas.

Perú atraviesa un momento muy interesante. Los indicadores económicos son francamente positivos. La política de apertura, liberalización comercial y estímulo a la inversión exterior iniciada en la etapa de Fujimori -que, en lo esencial, ha sido mantenida por los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García- está dando frutos hasta el extremo de que el índice de pobreza ha descendido varios puntos en la última década y las tasas de crecimiento vienen situándose, sistemáticamente, por encima de la media de los países de la región. En la fase de expansión, Perú ha crecido más que los países del entorno, con tasas de hasta el 9% en 2007 y 2008. Y en el último año y medio -el de la crisis- no sólo no ha acusado crecimientos negativos, sino que el descenso de su actividad económica ha sido inferior al del resto. Este año han iniciado el primer trimestre con un crecimiento nada desdeñable del 3%, que esperan mejorar a lo largo del ejercicio. La previsión del Banco Central Peruano apunta hacia un 5,5% para finales de 2010 y el FMI vaticina un 6,3%. Con la que está cayendo, no está nada mal.

Junto al diputado aprista Miguel Guevara, junto a su escaño, que es el mismo que antaño ocupó su padre.

Con todo, el país andino sigue teniendo un problema con la distribución de la riqueza que genera su economía. La zona costera, donde se sitúa la capital -Lima- atisba un desarrollo que están muy lejos de alcanzar los otros dos espacios en los que se divide el territorio: la sierra y la selva; que siguen siendo rurales e indígenas y apenas experimentan mejoras perceptibles en su nivel de vida. En las ciudades próximas al mar también existen amplios focos de pobreza y marginación; pero en la sierra la penuria que padecen las gentes es visible.

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“Yo me fío de Patxi López”. Así se expresaba Rajoy, en julio del año pasado, cuando el presentador de un foro público organizado por el diario ABC le preguntó por la confianza que le inspira el inquilino de Ajuria Enea. Nunca he oído a Rajoy decir algo semejante con respecto a Zapatero. Y puedo asegurar que les he visto debatir en innumerables ocasiones. Antes al contrario, su discurso habitual, severamente crítico con el presidente del Gobierno, suele poner especial énfasis en la escasa credibilidad que rezuma el personaje. “Usted no es de fiar”, le ha espetado en más de una ocasión desde la tribuna del Congreso.

Así pues, Rajoy se fía de López, pero no se fía lo más mínimo de Zapatero, por mucho que este sea el máximo responsable de la formación política en la que aquél milita y bajo cuya disciplina actúa. En esto, la presidenta del Parlamento vasco ha sido un punto más coherente. Arantza Quiroga no pondría la mano en el fuego por ninguno de los dos. Ambos -Zapatero y López- le inspiran la misma desconfianza.

Pese a la nula credibilidad que aprecia en Zapatero, el pasado miércoles, Rajoy se reunió con él por enésima vez. Y, también por enésima vez, la expectación generada por el encuentro se ha topado de bruces con el infranqueable muro de la frustración. La cumbre ha parido un ratón. Lo que se prometía como el preludio de un gran pacto de Estado contra la crisis económica, se ha visto reducido a un raquítico enjuague que, con el pretexto de impulsar la reordenación de las cajas de ahorros, garantizando su solvencia y, con ello, su viabilidad, sólo servirá, de hecho, para que ambas formaciones puedan disimular los desmanes y excesos en los que han incurrido los consejeros que en su día designaron para dirigir estas entidades de ahorro.

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Cuando el PSOE y el PP negociaban, hace ya casi una década, los nombres de las personas que iban a proponer al Congreso para abordar la última renovación parcial del Tribunal Constitucional que se ha llevado a cabo en la cámara baja, recuerdo que Jesús Caldera, a la sazón portavoz del Grupo Socialista, declaró en rueda de prensa que nunca iba a votar a favor de Roberto García Calvo, que por aquellos días se esbozaba en la prensa como uno de los posibles candidatos que los populares querían aupar al alto tribunal, porque era un “fascista”. La acusación se basaba, entre otras cosas, en el hecho de que el curriculum profesional de García Calvo, incluía una etapa de colaboración efectiva con la Administración Pública anterior al período democrático.

Pese a la bravata de Caldera, las negociaciones continuaron durante las semanas siguientes y las diferencias existentes entre los dos partidos fueron reduciéndose paulatinamente hasta que, por fin, se hizo posible el acuerdo. Y el acuerdo incluía, por supuesto, a García Calvo, porque el PP no se avino a renunciar a él. Caldera tuvo que comerse sus palabras y apoyar, con su voto, a quien tiempo atrás descalificara tan acremente haciendo notar su dudoso pasado político y sus visibles querencias reaccionarias.

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