Blog de Josu Erkoreka

Hace unas semanas, publiqué un post que llevaba un título muy similar a este (Vide «El zorro al cuidado del gallinero», publicado el 16.05.09). Versaba sobre la dejación y la falta de energía con las que actuará el Gobierno de López en la defensa del autogobierno vasco.

El que inserto hoy, que vuelve sobre el mismo asunto, aunque opera ya sobre datos reales, y no sobre meras previsiones, es reproducción literal del artículo de opinión publicado ayer en el diario DEIA

Cuentan los que saben de estas cosas que, en la Italia de los años ochenta, donde la inestabilidad política obligaba a formar gobiernos débiles, cuya vida media apenas superaba los nueve meses, se instauró la práctica fullera de reservar para el verano los debates parlamentarios que versaban sobre las iniciativas más relevantes. De esta manera, aquellos gobiernos asténicos, que se veían forzados a pasar el relevo sin apenas haber empezado a caminar, disimulaban su precariedad ante la opinión pública y, lo que es más importante, lograban colar -aprovechándose del relajamiento que el calor estival y los aires vacaciones provocan en nuestros hábitos y costumbres- proyectos que de ninguna manera hubiesen podido ser aprobados en los períodos ordinarios de sesiones.

Según todos los indicios, este verano, el Gobierno central tiene previsto servirse de esta, ya clásica, pícara táctica parlamentaria, para llevar al Parlamento, al socaire de la inevitable distensión vacacional, algunos de los principales asuntos que tiene entre manos.

Esta semana, sin ir más lejos, pese a encontrarnos plenamente insertos en período inhábil, el Congreso ha celebrado un pleno en el que se han debatido tres asuntos de más que notable enjundia. El techo de gasto -es decir, el cuadro macroeconómico sobre el que se elaborará el Presupuesto del año que viene- que venía rechazado por el Senado, el debate de totalidad sobre el proyecto de financiación de Radiotelevisión Española -una iniciativa que dará mucho que hablar en los próximos meses- y la convalidación del Decreto Ley por el que se crea el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB); el gran instrumento del que pretende servirse el Gobierno para reordenar el sistema financiero con el fin de garantizar su fortaleza y solvencia.

Los tres temas revisten una importancia de primer orden, y es mucho lo que podría comentarse sobre cada uno de estos asuntos. Pero en este artículo quisiera prestar especial atención a las medidas de urgencia arbitradas por el Gobierno para el rescate de bancos y cajas, que son, creo yo, las que mayor interés revisten desde el punto de vista de la política vasca.

En esencia, y resumiendo mucho, podemos decir que el Decreto Ley cuya convalidación pedía -y consiguió- el Gobierno, instituye un conjunto de herramientas públicas orientadas a asegurar la viabilidad de las entidades de crédito y establece cauces para intervenir en aquellos casos en los que las dificultades de solvencia o liquidez con las que puedan tropezar los bancos y cajas, encierren el peligro potencial de poner en riesgo el conjunto del sistema. El principal instrumento que se crea a tal fin es el Fondo ya citado (el FROB) que nace dotado con la nada desdeñable cifra de 9.000 millones de euros.

No creo necesario precisar que, el modelo de intervención pública que diseña el Decreto Ley, sólo contempla la intervención de dos órganos administrativos que, no por casualidad, se encuentran, ambos, en la órbita de la Administración central del Estado: el Ministerio de Economía y Hacienda y el Banco de España. En consecuencia, todas las decisiones administrativas relacionadas con las operaciones de creación, fusión o absorción de bancos y cajas que resulten necesarias, en el marco del Decreto Ley, para afianzar la salud del sistema, serán adoptadas, según el esquema diseñado por el Gobierno, por uno de estos dos órganos.

Ocurre, sin embargo, que las todas Comunidades Autónomas tienen atribuidas competencias relacionadas con la organización, el funcionamiento y actividad de las entidades de crédito situadas en su territorio. El Estatuto de Gernika, por ejemplo, reconoce a Euskadi competencias sobre las “instituciones de crédito corporativo, público y territorial y Cajas de Ahorro”. Y en ejercicio de esta competencia, una Ley aprobada por el Parlamento vasco en 1991 reserva al Gobierno vasco la facultad de autorizar los procesos de creación, fusión y absorción de cajas de ahorros.

Una vez más -y suma ya la enésima- el Gobierno central se sirve de una situación de emergencia -la crisis financiera y los graves riesgos que su falta de control puede acarrear al conjunto de la economía- para hacer tabla rasa del hecho autonómico, vulnerando gravemente los Estatutos. Es una coartada muy conocida, de la que han echado mano, en sus respectivas etapas gubernamentales, tanto los socialistas como los populares: Invocar la excepcionalidad para justificar el progresivo desmantelamiento del Estado Autonómico

En este caso, además, Zapatero ha contado con un colaborador tan incondicional como eficaz para este cometido: el PP, siempre dispuesto a servirse de cualquier pretexto para recentralizar el Estado, decapitando sin contemplaciones los poderes autonómicos. El Decreto Ley, en efecto, ha sido convalidado gracias al apoyo del PSOE y del PP y el exótico añadido de Coalición Canaria. Los demás partidos nacionalistas hemos denunciado, sin excepción, el abusivo atropello que la norma supone para las competencias autonómicas.

Pero la protesta no ha corrido, exclusivamente, a cargo de los partidos nacionalistas con representación en el Congreso. También los gobiernos autonómicos presididos por socialistas han levantado la voz de alarma contra el Decreto Ley. La Junta de Extremadura considera que “invade competencias”  y que podría estar aquejada de “algún vicio de inconstitucionalidad”. En el mismo sentido se ha pronunciado la Junta de Andalucía, que ha encargado el estudio del asunto a sus servicios jurídicos. El consejero de la Generalitat Antoni Castells ha hecho notar igualmente que los asesores legales  “están estudiándolo y, si de su informe se desprende que hay la más mínima sombra de duda, y probablemente la hay, respecto de esta cuestión [las competencias de la Generalitat] pediremos los dictámenes correspondientes al Consejo Consultivo y actuaremos para preservar nuestras competencias”. En su caso, se da casi por seguro que recurrirá el Decreto Ley ante el Tribunal Constitucional. Y los últimos días, se han sumado a la crítica la Comunidad Autónoma de Aragón y hasta la de Castilla León, gobernada por el PP.

Uno de los pocos Ejecutivos autonómicos que se ha mantenido en un vergonzoso silencio ha sido el Gobierno vasco, que ni ha llamado la atención sobre la posible vulneración competencial, ni ha alertado a la opinión pública sobre tal riesgo, ni se ha molestado en anunciar la posible presentación de un recurso de inconstitucionalidad. Su inhibida actitud, impropia de un gabinete comprometido con la defensa del autogobierno, ha contrastado vivamente con la reacción del Ejecutivo catalán. En Catalunya, la estrecha vigilancia de ERC obliga a Montilla extremar las cautelas en la defensa de los poderes autonómicos. Pero en Euskadi, el socio del PSE es el PP, que en lo que está es, precisamente, en lo contrario: en supervisar la labor de López para que no se exceda en el celo vasquista. Este es el precio que entraña poner al zorro al cuidado del gallinero.