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Posts Tagged ‘Rajoy’

El pasado jueves votamos en el Pleno del Congreso la convalidación -0, en su caso, derogación, por supuesto- del primer Real Decreto-Ley que el Gobierno ha aprobado este año. Se trata del Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero, sobre medidas urgentes para promover la transición al empleo estable y la recualificación profesional de las personas desempleadas; una norma más bien breve -integrada por cuatro artículos, cuatro disposiciones adicionales y otras cuatro disposiciones finales- en la que se condensa lo que el Ejecutivo ha bautizado, un tanto generosamente, como Plan de Choque contra el desempleo de personas jóvenes y de difícil empleabilidad.

El Real Decreto-Ley ha logrado salvar holgadamente la prueba de la convalidación. Lo hizo con 169 votos a favor, 6 en contra y 148 abstenciones. Votaron a favor, los diputados socialistas, los de CiU y los de Coalición Canaria. Los votos negativos corrieron a cargo, básicamente, de ERC y BNG. todos los demás nos sumamos a la abstención. En nuestro caso, lo hicimos porque  las medidas contempladas en el Real Decreto-Ley contribuirán a paliar el drama del paro en un colectivo de personas que está atravesando un auténtico infierno -lo que nos ha llevado a descartar la oposición frontal- aunque -y ahora cita las razones que nos impidieron votar que sí- ni pasan de constituir un parche aislado y fragmentario, ni están bien fundamentadas desde el punto de vista competencial.

Casi todos los titulares de la prensa del viernes han destacado el apoyo prestado por CiU al Real Decreto-Ley como la circunstancia determinante que ha hecho posible su convalidación. Sin embargo, esta lectura de lo ocurrido no es rigurosamente cierta. No es falsa, evidentemente, pero tampoco describe honestamente toda la verdad. Porque si CiU hubiese votado negativamente, la convalidación se hubiese producido exactamente igual, merced a la abstención del PP. Y los titulares hubiesen sido muy diferentes: “La abstención del PP hace posible la convalidación del Real Decreto-Ley”, por ejemplo. 

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Durante los últimos años, el deporte de élite se desenvuelve bajo la tenebrosa sombra del dopaje. Con una periodicidad tan creciente que llega hasta la frontera de la alarma, los medios de comunicación nos dan cuenta de operaciones antidopaje impulsadas por la policía o por las estructuras federativas, que ponen en cuestión la limpieza de trayectorias deportivas que, hasta minutos antes, considerábamos deslumbrantes y hasta modélicas. Desde que el canadiense Ben Johnson cayera del pedestal en el que le situó aquel deslumbrante oro olímpico que arrebató a Carl Lewis en los 100 metros lisos, la nómina de deportistas de alto nivel cuya carrera de éxitos se ha visto salpicada por la mancha del doping, ha incrementado ostensiblemente. Los aficionados al deporte no tenemos ni para sustos. Para cuanto descubrimos un nuevo valor en el ciclismo, en el atletismo o en el remo -el listado no es exhaustivo, evidentemente-  salta el escándalo y el entusiasmo se transforma en decepción.

Mariano Rajoy en un acto electoral junto a deportistas de élite afines al PP

El último episodio ha puesto bajo sospecha a Marta Domínguez, una atleta aguerrida, tenaz y aparentemente bien dotada para la competición, a la que hemos visto más de una vez haciendo podium en la difícil prueba de los 3000 obstáculos. Su asunto se encuentra todavía en manos de los jueces, por lo que conviene ser cautos. No me importa reconocer, sin embargo, que me gustaba verle correr y que sentía por ella, a la que acompañaba un halo de mujer disciplinada y sacrificada, una simpatía que nunca he ocultado. Me refiero a su dimensión deportiva, claro está, porque no he tenido la ocasión de conocerle personalmente. Veremos cómo concluye la causa.

Hace muy pocos días, Marta Domínguez concedió una entrevista al diario El Mundo, que la cabecera de Pedrojota publicó en la edición del 26 de enero. Más allá de su posible responsabilidad en la operación Galgo, a la que se consagra, lógicamente, el grueso de la interviú, la atleta castellana afirma que, en todo ese asunto, su vinculación al PP le ha perjudicado. La declaración me ha sorprendido, no lo niego. Y ha despertado mi interés, tampoco lo voy a negar. ¿Puede la afinidad o el compromiso político perjudicar a un deportista de élite en una sociedad, abierta, plural y democrática? “No debería”, respondo de inmediato. Pero sé perfectamente que no siempre lo que debe ser coincide con lo que es. Y Marta Dominguez tiene su propia explicación:

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El pasado viernes, el PP inauguró en Sevilla su última Convención. El discurso que más atención suscitó de entre los que se pronunciaron en el acto, corrió a cargo de Aznar. Hace unas semanas, Aznar sostuvo en público que el Estado autonómico “es inviable”. No era un mensaje inédito en su boca. Hace ya bastantes años que lo piensa. Pero como esta vez lo ha expresado en público, siendo ampliamente criticado por ello, Aznar ha aprovechado la Convención de su partido para precisar las palabras que pronunció días atrás y matizar su discurso de entonces. Lo que en realidad es inviable -apostilló el viernes- no es el Estado autonómico en sí, sino el rumbo que el PSOE ha impuesto a su evolución, “al intentar cambiar la Constitución por la puerta de atrás”. Por el contrario, el Estado autonómico “de la Constitución”, ese que el PP “asumió la responsabilidad de defender”, es, según Aznar, perfectamente viable.

En coherencia con ello, el ex presidente del Gobierno hace votos por “recuperar el gran pacto de 1978”. Y una vez situados en el marco constitucional, Aznar asegura defender un proyecto político de signo integrador. Gobernar es, para él, “construir y forjar alianzas, no destruir y dividir”. Por ello, el marido de Ana Botella se ha erigido en defensor de un “proyecto abierto y acogedor” que permita “restaurar la concordia”.

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En una entrevista recientemente concedida a un conocido diario -véase El País de 03.01.11- el presidente de Extremadura llamaba la atención de la opinión pública sobre la existencia de una feroz campaña organizada por el PP para hacer que las elecciones autonómicas y municipales que van a celebrarse el próximo mes de mayo, “se conviertan en un Zapatero sí, Zapatero no”. Su reflexión, aunque en una primera lectura pueda parecer simplista, no carecía de interés. A juicio de Fernández-Vara, el eventual triunfo de “la estrategia del PP según la cual Zapatero es el culpable de todo porque todo depende del Gobierno de España”, supondría “un fracaso imponente del Estado autonómico y del municipalismo”, porque sería como dar por sentado que la única instancia pública realmente importante en el marco institucional español es el Ejecutivo central, lo que significa que “sobramos todos” los demás. El presidente extremeño denunciaba en este sentido que “desde los Parlamentos autonómicos se está minimizando el papel de las autonomías, y el PP está en esa operación, echando por tierra 30 años de construcción autonómica”.

Sería francamente interesante indagar en la denuncia de Fernández-Vara al objeto de precisar hasta qué punto la calenturienta obsesión de los populares por anticipar todo lo posible su acceso a La Moncloa -que es, no nos engañemos, donde realmente se encuentra el Poder político; las instituciones autonómicas y las locales permiten, a lo más, gestionar presupuestos y disponer de una cierta capacidad para influir en la vida cotidiana de los ciudadanos, pero el Poder político, escrito así, con mayúsculas, es otra cosa- está contribuyendo a desbaratar la arquitectura autonómica sobre la que descansa, al menos teóricamente, el Estado español. Porque no le falta razón a Fernández-Vara cuando denuncia las arteras maniobras de los populares por trivializar la descentralización política del Estado y hacer que la opción electoral de los ciudadanos se lleve a cabo, incluso en los comicios autonómicos y municipales, atendiendo, excluisivamente, a los éxitos o fracasos cosechados por Zapatero al frente del Gobierno central. Creo, sin embargo, que no sería menos interesante examinar la responsabilidad que los propios socialistas tienen en esa deriva neocentralizadora del imaginario político español. Sin ir más lejos, el mismo predecesor de Fernández-Vara en el cargo que actualmente ocupa, hizo -y todavía sigue haciendo- no pocas declaraciones en la misma línea conceptual que el presidente de Extremadura recrimina ahora al PP: lo único decisivo es el Poder central. La periferia institucional sirve para entretener, pero no forma parte del núcleo del Estado ni de lo esencial del juego político. Uno tiene la impresión de que si los socialistas formulan esta queja, no es porque discrepen, de verdad, de la estrategia de los populares, sino porque, en esta ocasión, esa estrategia no les resulta favorable.

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Tenemos por delante un año políticamente intenso. En mayo tendrán lugar las elecciones municipales y forales, que coincidirán, en varias Comunidades Autónomas, con las convocadas para cubrir los respectivos Parlamentos autonómicos. Pero en el transfondo  de esta cita con las urnas, planearán los comicios generales, que son lo que de verdad importan al PSOE, al PP y a una gran parte de los agentes económicos, sociales y mediáticos que operan en territorio español. Los socialistas tendrán que luchar contra el grave deterioro que la imagen pública de Zapatero ha experimentado durante los últimos meses, pero los populares habrán de batallar, también, contra sus propios fantasmas internos. Al profundo cisma que uno advierte en la militancia del PP a poco que rasque un poco -recuérdese que Rajoy resultó elegido en el último Congreso con una mayoría muy precaria- se añadirá con toda probabilidad el affaire Alvarez Cascos que, o mucho me equivoco, o provocará más de un roto en las expectativas electorales de los populares. El ex vicepresidente del Gobierno es un hombre inteligente, experimentado y correoso que, ni se arrugará a la primera, ni se dejará engañar por las apariencias.

Diputados del PNV en el patio de acceso al Congreso de los Diputados

Pero paralelamente al calendario electoral, el Congreso de los Diputados tiene su propia agenda legislativa. Y no creo que Zapatero esté por la labor de olvidarse de ella  o de relajarse en su gestión, como Patxi López ha reconocido haber hecho, aduciendo, de un modo sonrojante y patético, el chusco pretexto de la inexperiencia. Hay una razón decisiva que marca la diferencia entre uno y otro. El Gobierno central estará vigilado por cientos de ojos, políticos y mediáticos, que controlarán meticulosamente todos sus pasos, con el propósito de denunciar los incumplimientos y criticar los desaciertos. Al Gobierno vasco, por el contrario, sólo lo controlarán, si se me permite la síntesis, el Grupo Parlamentario del PNV en la cámara vasca y, en la medida en que sus efectivos se lo permitan, los parlamentarios de Aralar. La prensa, como viene habitual, las principales cabeceras y los grandes medios audiovisuales, sólo fijarán su atención en las actuaciones del Ejecutivo de Vitoria que puedan ser vendidas como éxitos. Ante sus ojos, López es un político que, desde que se sentó en el sillón de Ajuria Enea -¿o será más correcto decir que se reclinó?-, no ha errado jamás. Y los tertulianos, ya se sabe: ¡A seguir la consigna!.

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La actividad del Congreso de los Diputados trasciende, con mucho, la mera aprobación de las leyes. En la cámara tienen lugar actos, debates y escaramuzas que permiten tomar el pulso a la situación política más allá de lo que permiten adivinar los apoyos y rechazos que registran las leyes aprobadas en su seno. Empero, nadie negará -supongo- que la actividad legislativa, principal cometido de las cámaras representativas, constituye un indicador muy útil para aproximarse al ambiente que reina en el Parlamento y atisbar la forma geométrica que adoptan los acuerdos parlamentarios. De ahí que, de vez en cuando, procure aportar estas informaciones a los visitantes del blog, suministrándoles los datos objetivos que, al margen de las impresiones personales, definen las líneas de acuerdos y desacuerdos que marcan la vida política de la cámara. El fin de año constituye una excelente ocasión para hacerlo.

Soy consciente de que los datos brutos alteran, con frecuencia, los esquemas conceptuales con los que la gente interpreta los acontecimientos políticos y que mucha gente -particularmente entre los profesionales de los medios e comunicación- prefiere obviarlos, con el fin de formular con mucha mayor libertad los titulares que de verdad le gustan. Pero no por ello voy a dejar de aportar unos datos, que no son fácilmente accesibles para el común de los ciudadanos, y que retratan el panorama político-parlamentario con más fidelidad que la más sagaz de las exégesis. Permítaseme, a tal fin, repasar la actividad legislativa del último año a efectos de contabilizar los apoyos que las leyes aprobadas por el Congreso durante 2010 han recibido de los diferentes Grupos Parlamentarios.

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El fin de año marca un momento que todo el mundo aprovecha, de una u otra manera, para hacer balance de los últimos doce meses y perfilar planes de cara a la anualidad que comienza. Y en esto, los parlamentarios, a los que tantas veces se nos tiene por seres absolutamente desconectados de la realidad social, no deberíamos ser una excepción. En consecuencia, voy a dedicar este post a reunir algunos datos y a aportar otras tantas reflexiones en torno a lo que ha dado de sí el año que toca a su fin y a lo que cabe esperar del que arranca su singladura. Se trata de percepciones subjetivas, obviamente. Las mías. Pero procuraré que descansen sobre datos objetivos y no sobre puras intuiciones.

En el Congreso de los Diputados, la vida parlamentaria experimentó un giro decisivo el día 12 de mayo de 2010. Aquella comparecencia de Zapatero ante el Pleno de la cámara baja, en la que anunció el riguroso ajuste del gasto público que le imponían las instituciones europeas, tras una semana de infarto en la que el logro histórico del euro estuvo a punto de irse por el sumidero, marcó, claramente, un antes y un después en el escenario político. Hasta entonces, el presidente del Gobierno se aferraba aún a la tesis de que había dos maneras de afrontar la crisis económica: la fórmula progresista, que se esfuerza en reactivar la economía procurando no pulverizar el sistema de protección social, ni arrojar a la cuneta a los más sectores desfavorecidos, y la fórmula de la derecha que aboga, simple y llanamente, por aprovechar la oportunidad de la crisis para adelgazar el sector público y desmantelar el Estado del bienestar. Él se abonaba a la primera, por supuesto: “Mientras yo sea presidente -prometía pocas semanas antes- no se recortarán las políticas sociales”. Y frente a su posición, socialmente comprometida con la protección de los más débiles, acusaba al PP de ser el principal valedor de la opción neoliberal.

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El pasado martes, cuando la cámara aprobó la Moción del PP en la que se instaba al Gobierno a cumplir el Pacto de Toledo garantizando “el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones frente a coyunturas económicas adversas y mediante la revalorización automática y con carácter anual de todas las pensiones contributivas del sistema de Seguridad Social, conforme a la evolución anual del IPC”, ya se pudo constatar que, salvo los diputados del PSOE, que votaban más por disciplina que por convicción, la cámara baja estaba en contra de la congelación acordada por el Gobierno en el Real Decreto-Ley de la semana pasada.

Hau nahaste-borrastea!!

A lo largo de la tarde, como viene siendo habitual, los socialistas nos habían pedido a todos los Grupos Parlamentarios que actuásemos con esa actitud indefinible e inaprehensible que en los momentos de dificultad denominan “responsabilidad política”, y votásemos en contra de la iniciativa. A los grupos de izquierda, además, les recordaron que venía avalada por el PP; una observación que siempre les ayuda a forjar bloques parlamentarios anti-populares. En Euskadi se abrazan a los populares con la pasión de los enamorados, pero en Madrid les utilizan como espantajo para forjar la unión de las izquierdas. Sin embargo, nadie parecía estar por la labor. Ni las derechas, ni las izquierdas, ni el centro. Y en los minutos previos al comienzo del debate, parecía evidente que Zapatero, que tantas veces había repetido en público el grito demagógico de que mientras él fuera presidente del Gobierno nunca experimentarían retroceso alguno las percepciones de los pensionistas, iba a tener que desdecirse solo. Es decir, sin que nadie -salvo sus propios efectivos parlamentarios- le ayudasen lo más mínimo a pasar el trago. La portavoz socialista en el Pacto de Toledo, López y Chamosa, una militante histórica de la UGT en Catalunya, cumplió dignamente su papel, pero hubiese preferido, sin duda, que fuese otro compañero de Grupo el que tuviera que beber de aquél cáliz.

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“Yo me fío de Patxi López”. Así se expresaba Rajoy, en julio del año pasado, cuando el presentador de un foro público organizado por el diario ABC le preguntó por la confianza que le inspira el inquilino de Ajuria Enea. Nunca he oído a Rajoy decir algo semejante con respecto a Zapatero. Y puedo asegurar que les he visto debatir en innumerables ocasiones. Antes al contrario, su discurso habitual, severamente crítico con el presidente del Gobierno, suele poner especial énfasis en la escasa credibilidad que rezuma el personaje. “Usted no es de fiar”, le ha espetado en más de una ocasión desde la tribuna del Congreso.

Así pues, Rajoy se fía de López, pero no se fía lo más mínimo de Zapatero, por mucho que este sea el máximo responsable de la formación política en la que aquél milita y bajo cuya disciplina actúa. En esto, la presidenta del Parlamento vasco ha sido un punto más coherente. Arantza Quiroga no pondría la mano en el fuego por ninguno de los dos. Ambos -Zapatero y López- le inspiran la misma desconfianza.

Pese a la nula credibilidad que aprecia en Zapatero, el pasado miércoles, Rajoy se reunió con él por enésima vez. Y, también por enésima vez, la expectación generada por el encuentro se ha topado de bruces con el infranqueable muro de la frustración. La cumbre ha parido un ratón. Lo que se prometía como el preludio de un gran pacto de Estado contra la crisis económica, se ha visto reducido a un raquítico enjuague que, con el pretexto de impulsar la reordenación de las cajas de ahorros, garantizando su solvencia y, con ello, su viabilidad, sólo servirá, de hecho, para que ambas formaciones puedan disimular los desmanes y excesos en los que han incurrido los consejeros que en su día designaron para dirigir estas entidades de ahorro.

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Acabo de regresar de un viaje a Marruecos que ha durado -siempre ocurre igual; ¡qué se le va a hacer!- menos de lo que hubiese deseado. Ayer por la noche, todavía en Marrakech, vi a Rajoy en el programa de 24 horas de TVE, reclamando la presunción de inocencia para Luis Bárcenas y Jesús Merino, los dos militantes de su partido que se han dado de baja en la organización, con el fin de evitar que el caso Gürtel -en el que tan intensamente parecen implicados ambos, ahora que el Juez ha levantado el secreto del sumario- salpique a la formación política popular y extienda la sospecha de que los métodos que se venían utilizando para su financiación, no eran todo lo ortodoxos que debían. No hay que olvidar a este respecto que, durante los últimos años, Bárcenas ha sido nada menos que el tesorero del PP; el responsable de sus cuentas. Y ya no digo nada sobre el espectacular incremento que -dicen- que ha experimentado su patrimonio en poco tiempo.

Luis Barcenas, ex tesorero del Partido Popular

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