Me inicié en el estudio del Estado de Derecho a través de la conocida -y ya clásica- obra de Elías Díaz Estado de Derecho y sociedad democrática. Corrían los años setenta y, por aquel entonces, no había, entre nosotros, mucha literatura disponible sobre el particular. Durante los años siguientes tuve ocasión de completar aquella lectura inicial, casi ingenua, con los manuales oficiales de Derecho Público, que me aproximaron de un modo más sistemático a la idea de la norma jurídica como expresión de la mayoría y quicio nuclear de toda organización política democrática.
Varios lustros después, cuando escuché la expresión en boca de Mayor Oreja, confieso que una sacudida eléctrica me recorrió el espinazo. Me dio la impresión de que algo -o mucho- de lo que aprendí en torno a este concepto en mi etapa de estudiante, estaba siendo descaradamente adulterado. Las cosas no cuadraban. A partir de aquel momento, el Estado de Derecho se convirtió, en cuestión de semanas, en una de los principales baluartes del discurso más ortodoxo y correcto del PP. Cuando se proyectaba una tropelía, el Gobierno y sus altavoces invocaban el Estado de Derecho y hasta la iniciativa más perversa se tornaba inmacualada. Mis peores sospechas se vieron confirmadas. El Estado de Derecho sirvió para cerrar periódicos, ilegalizar partidos políticos, prologar gratuita e impunemente las detenciones preventivas, atribuir carácter retroactivo a las medidas restrictivas de derechos individuales, vulnerar la legalidad penal, incumplir sentencias y legitimar cualquier exceso o abuso de los poderes públicos que viniese articulado como norma jurídica. De tanto manosearlo con fines espurios, han acabado pervirtiendo el Estado de Derecho, que ha pasado de ser una garantía del ciudadano a constituir una coartada del poder.
Blog de Josu Erkoreka 