Ayer dimos inicio al nuevo período de sesiones con una reunión plenaria en la que se debatieron numerosos asuntos de interés. El primer punto del orden del día era una Proposición de Ley presentada por el Parlamento de Galicia, en el que se planteaba la transferencia a la Comunidad Autónoma gallega de las facultades y servicios adscritos a la ejecución de la legislación del Estado en materia de tráfico, circulación de vehículos y seguridad viaria. La Proposición fue aprobada en la cámara gallega por unanimidad. Todos sus miembros -los socialistas, los populares y los nacionalistas gallegos- votaron a favor de una iniciativa que pretende incrementar el autogobierno de Galicia, incorporando a su acervo competencial las funciones y servicios públicos vinculados con el tráfico de vehículos.
Como el Estatuto de Galicia no atribuye a esta Comunidad Autónoma competencia alguna en materia de tráfico, la Proposición pretende articular la transferencia sobre la base de lo dispuesto en el artículo 150.2 de la Constitución que permite al Estado «transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materias de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación». Y como esta materia ya fue transferida a Catalunya hace ahora algunos años -transferencia que, dicho sea de paso, se llevó a cabo a través del mismo mecanismo constitucional que invocan los gallegos- no puede decirse que no sea «susceptible de transferencia o delegación».









