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Posts Tagged ‘Congreso de los Diputados’

Pello Urizar ha declarado recientemente, no sé si como secretario general de EA, como portavoz de Bildu, o como patrocinador de la candidatura que los integrantes de la coalición están labrando para las elecciones generales, que «vamos a ir a Madrid para decirles que queremos dejar de ir». No está mal, como lema mitinero. Lo que dudo es que sea necesario negociar una candidatura, conformar una coalición, sumergirse en una campaña electoral, participar en unos comicios y ocupar escaño durante toda una legislatura para eso.  Bastaría con decirlo en una comparecencia pública o en unas declaraciones a los medios de comunicación. Y si se le quiere dar empaque oficial, bastaría con adoptar unilateralmente la decisión de irse, e iniciar la marcha. Cuando se considera que la cosa está suficientemente madura como para soltar amarras -que se cuenta con mayorías democráticas suficientes y no falta la complicidad de la comunidad internacional- lo último que debe hacerse es dirigirse a la metrópoli a organizar la despedida. Estonia, Letonia y Lituania no se fueron a Moscú a declarar su independencia. Y menos aún a la sede de la Duma rusa. Lo hicieron en sus respectivos parlamentos nacionales. Tampoco Kosovo se emancipó de Serbia anunciándolo en Belgrado. Acordó su secesión en la cámara legislativa de Prístina y, sencillamente, se fue. Sin más aspavientos.

Si esa es, verdaderamente, la intención de Urizar, no creo que Bildu haya tomado un camino correcto al asumir, en las instituciones que gobiernan, la legislación de banderas del Estado. Si se ha de romper por las buenas, la ruptura ha de empezar por casa. No tiene mucho sentido ir a Madrid para decirles que se quiere dejar de ir, mientras se exhiben de modo prominente en las instituciones que uno gobierna, los símbolos que reflejan lo que Madrid representa desde el punto de vista político.

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El pasado jueves, recién llegados de Madrid, Anasagasti, Azpiazu y el humilde autor de estas líneas participamos en la cena inaugural de la nueva temporada de ópera de la ABAO. Siempre que la agenda nos lo permite -tener la vida cotidiana partida entre Euskadi y Madrid constituye, con frecuencia, un serio inconveniente para atender a los compromisos- solemos atender gustosos a la amable invitación que la Junta Directiva de la asociación nos hace llegar todos los años en los albores del mes de septiembre. Pero en esta ocasión había un motivo especial para no faltar a la cita anual. Se iba a aprovechar el acto para conceder la medalla de oro de la asociación a nuestro compañero en el Congreso y responsable  del Grupo Parlamentario en el área económico-presupuestaria, Pedro Azpiazu.

En los preliminales de la cena de inauguración de la temporada 2011-2012

Durante los últimos años, Pedro -en nombre, claro está, del Grupo Parlamentario vasco- ha sabido aprovechar, tan hábil como discretamente, las negociaciones que hemos entablado en Madrid con ocasión de los Presupuestos Generales del Estado, para tejer un apoyo público de la Administración central en favor de la ABAO, que ha contribuido ostensiblemente a mejorar la capacidad financiera de la asociación y, por ende, su margen de maniobra para ofrecer al público una programación más exigente, competitiva y original. No creo exagerar si afirmo que sin la eficaz y silenciosa labor desarrollada por Azpiazu en los pasillos del Congreso, durante el último quinquenio, la trayectoria de la ABAO y su oferta operística hubieran sido diferentes. La relación que desde antiguo mantiene con el presidente de la asociación, Juan Carlos Matellanes, ha facilitado sin duda una relación que, por otra parte, se inscribe sin dificultad en la estrategia parlamentaria del Grupo vasco, siempre centrada en la defensa de proyectos e iniciativas nacidos en Euskadi.

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En el pleno de ayer, martes, se debatieron varias iniciativas relacionadas con la realidad plurilingüe del Estado español y su adecuada ordenación jurídica. Iniciativas que, al integrarse en el orden del día de lo que probablemente será la anteúltima sesión plenaria de esta legislatura, se vieren inevitablemente contaminadas por un intenso tufillo electoral.

Ayer se tomó en consideración la iniciativa legislativa popular sobre televisión sin fronteras

La primera de ellas arrancaba de una iniciativa legislativa popular, impulsada por el el colectivo Acción Cultural del País Valencà,  que venía avalada con la rúbrica de más de seiscientos mil ciudadanos. Se trata de una Proposición de Ley sobre Televisión sin Fronteras, que entronca con la Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias y se desarrolla en el marco normativo establecido por la UE para garantizar la libertad audiovisual. Persigue, en concreto, la supresión de los obstáculos de todo tipo que hoy impiden o dificultan que las emisiones televisivas realizadas en lenguas oficiales distintas del castellano, puedan ser vistas en la totalidad de los territorios en los que se hablan esas lenguas. No creo necesario insistir sobre las paradójicas situaciones que ha generado el extremado celo localista con el que algunas comunidades autónomas se han lanzado a la defensa de sus fronteras administrativas en todo lo que se refiere a la recepción de las señales de televisión procedentes de los territorios vecinos. Las expresaron con extraordinario grafismo los diferentes portavoces parlamentarios a lo largo del debate. Decía Uxue Barkos:

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Esta tarde hemos debatido una moción transada entre PSOE, PP y UPN, por la que se insta al Gobierno a «continuar velando para que cualquier conducta contraria a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, por parte de los miembros electos y representantes de la coalición electoral BILDU, sea perseguida por las autoridades encargadas de garantizar el cumplimiento efectivo de las leyes y sancionar a sus infractores». Como lo leen. Que los funcionarios públicos encargados de garantizar el cumplimiento de las leyes se dediquen a hacerlo. Una iniciativa que exige a los cocineros que cocinen, a los jinetes que cabalguen y a los maestros que enseñen. Toda una obviedad que supera la frontera del ridículo, de puro evidente.

El único dato original que destaca en este disparatado ejercicio de solemnización de lo obvio, es la referencia a Bildu. El Congreso le pide al Gobierno que persiga, concretamente, las conductas ilegales de los miembros electos y representantes de esa coalición. Ahora bien, ¿quiere decir eso que, a sensu contrario, los diputados de esas tres formaciones autorizan al Gobierno a no perseguir las conductas contrarias a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico en las que pudieran incurrir los dirigentes del PSOE, del PP o de UPN?  ¿Quiere decir, por ejemplo, que si el presidente de una Comunidad Autónoma comete un delito de cohecho impropio porque recibe, en regalo, valiosísimos trajes hechos a medida, las autoridades encargadas de garantizar el cumplimiento de la ley deben mirar para otro lado? Supongo que no. Que no es ese el propósito que anima a los firmantes de la moción, vamos.

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Todos los cargos públicos son requeridos, estos últimos días, para rememorar aquél fatídico 11-S en el que se produjeron los ataques a las torres gemelas de New York y relatar dónde se encontraban en aquéllos momentos, qué hacían y cómo reaccionaron ante las noticias que daban cuenta de los letales acontecimientos. A mí no me lo han pedido, pero no he podido resistirme a la tentación de hacer, también, un ejercicio de retrospección. Y no me ha hecho falta mucho esfuerzo memorístico para recordar que aquella tarde me encontraba en el Congreso. La primera noticia -todavía imprecisa- nos llegó a los diputados del Grupo vasco, cuando acabábamos de comer en el restaurante La Ancha, donde nos reuníamos todos los martes para comentar la situación política y departir sobre el pleno que comenzaba a las 16,00 horas de la tarde. Fuertemente impactados por aquella información, nos levantamos de la mesa unos minutos más tarde, para tomar posiciones en el hemiciclo de cara a la sesión plenaria, que dio comienzo a la hora haabitual

Corrían los tiempos de la mayoría absoluta de Aznar. Como era habitual, la apisonadora parlamentaria de los populares pasaba inmisericorde por encima de las iniciativas ajenas. La composición de la cámara era algo más plural que en la actualidad -frente a los siete grupos parlamentarios que había entonces, hoy tan sólo están registrados cinco; y el grupo mixto daba cobijo a seis formaciones, frente a las cinco que hoy lo componen- pero la resultante del trabajo parlamentario no reflejaba en absoluto esa mayor pluralidad. CiU tenía quince diputados. IU sumaba ocho y tenía grupo propio; muy sólido, por cierto. Es innegable que el hemiciclo tenía más colorido. Pero a la hora de la verdad, la mayoría absoluta de Aznar lo aplastaba todo. Sólo dejaba margen para hacer testimonialismo y protestar. Incluso la discrepancia se tornaba problemática frente al poderosísimo aparato mediático que el Gobierno tenía a su disposición.

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1.- Representatividad y territorio en las Cortes Generales

Las Cortes Generales, integradas por el Congreso y el Senado, “representan al pueblo español”. Así lo prescribe el art. 66.1 de la Constitución (CE). Y aunque su artículo 69.1 precise que el Senado es, además, “la cámara de representación territorial”, lo cierto es que, hoy por hoy, apenas existen diferencias dignas de reseñar entre lo que ambos órganos representan. Porque ni el Senado puede ser calificado, propiamente, como una cámara de representación territorial -no, al menos, hasta que se acometan las reformas que permitirían su plena adecuación a este mandato de la CE- ni cabe considerar al Congreso como un órgano representativo radicalmente ajeno al territorio. En ambos casos -y abstracción hecha ahora de los senadores de designación autonómica, que sólo constituyen la quinta parte del total- puede decirse que las cámaras representan “al pueblo español”, en su conjunto, aunque a través de un sistema de representatividad estrechamente asociado al territorio, dado que, según disponen los artículos 68.1 y 69.1 de la norma fundamental, la circunscripción establecida para su elección es la Provincia, que constituye, junto con los municipios y las comunidades autónomas, una de las principales piezas de la organización territorial del Estado.

Esta componente territorial que la legislación electoral impone a la representatividad de las cámaras, autoriza a hablar, aunque sea impropiamente de una representación específicamente vasca en las Cortes Generales; una categoría en la que quedarían incluidos todos los diputados y senadores elegidos en las circunscripciones vascas. Debe precisarse, sin embargo, que la relevancia del factor territorial en la composición del Congreso y del Senado no llega hasta el extremo de que la función representativa de los electos quede circunscrita al territorio por el que cada uno ha sido elegido. En puridad legal, todos diputados y senadores representan al conjunto del pueblo español. También los elegidos en las circunscripciones vascas. En consecuencia, estos últimos están perfectamente habilitados para presentar iniciativas, debatir y votar sobre todo tipo de asuntos y materias, cualquiera que sea el ámbito territorial al que afecten. Y en lógica correspondencia, carecen, asimismo, de monopolio alguno en relación con las cuestiones y debates específicamente concernientes al territorio vasco que se susciten en Cortes.

La dimensión territorial de la representación en Cortes adquiere especial interés político en aquellos territorios en los que existen partidos de implantación exclusivamente local -sea esta de vocación nacional o regional- porque en estos casos resulta posible plantearse, como objeto de análisis, la medida en que las aspiraciones e intereses específicos de esos territorios que, al menos a priori, se supone que son defendidos con especial intensidad por las formaciones políticas surgidas de su seno, son capaces de condicionar la agenda de las Cortes Generales y, en última instancia, de influir decisivamente en su orientación política, a través del control de las mayorías.

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Este verano he tenido ocasión de leer la correspondiencia que varios dirigentes y militantes cualificados del PNV mantuvieron durante la segunda mitad de 1943, en torno a un proyecto clandestino que acariciaron con ilusión y sobre el que reflexionaron durante algún tiempo, aunque finalmente no cuajara. Europa estaba en guerra. El territorio francés, ocupado por los nazis, estaba infestado de refugiados y exiliados de la Guerra Civil. La mayoría de los que participaron en la correspondencia a la que me refiero, residían, en aquel momento, al norte de los Pirineos, aunque algunos de ellos mantenían relaciones flluidas con lo que en el lenguaje clandestino se conocía como «el interior». Sus relaciones se materializaban por carta, pero el correo no era seguro. Podía ser interceptado en cualquier momento. Y de ser así, peligraban su seguridad, sus redes y sus planes. Algún día hablaré del proyecto que tenían entre manos en ese momento; el que no pudo prosperar porque no si dieron las circunstancias propicias. Lo que ahora quisiera reseñar es el singular lenguaje que utilizan las cartas en las que debaten sobre su viabilidad; un lenguaje salpicado de contraseñas, códigos ocultos y remoquetes, concebido para dificultar su comprensión por parte de quienes pudieran interceptar la correspondencia. He aquí algunos de los alias y códigos más notables que aparecen en la citada correspondencia.

Féretro de José Antonio Aguirre; Lendakari muerto en el exilio el año 1960

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La farsa ha terminado. Todavía queda el trámite del Senado, pero se puede decir que la reforma del artículo 135 de la Constitución es un hecho. Nadie lo pone en duda ya. El aplastante rodillo parlamentario forjado entre el PSOE y el PP lo asegura. En la sesión de hoy, que ha servido para dar el visto bueno del Congreso a la reforma, los populares estaban exultantes. El PSOE les está prestando una ayuda inconmensurable para implementar su programa electoral, ante, incluso de ganar las elecciones y hacerse con las riendas del Gobierno. En las filas socialistas, por el contrario, reinaba la desolación. Solo dos diputados de su Grupo Parlamentario han tenido las agallas suficientes como para desmarcarse de la disciplina del voto, pero no hacía falta ser demasiado perspicaz para darse cuenta de que la gran mayoría de los restantes, estaba deseando hacerlo, también. Su alma estaba con los cientos de personas que durante las primeras horas de la mañana se manifestaban en los alrededores del Congreso oponiéndose a esta reforma.

A uno de ellos, experto constitucionalista, le he preguntado si conoce algún caso, en el Derecho comparado, de reforma constitucional tramitada con tanta urgencia, oscurantismo y ausencia de garantías. Su respuesta ha sido lacónica pero clarificadora: «No. No, al menos, en el mundo democrático». Sólo ha transcurrido una semana entre el momento en el que la iniciativa fue registrada cámara y el de su aprobación definitiva por el Congreso. Una sola semana. De viernes a viernes. Un tiempo récord si se tratase de una ley ordinaria. Algo insólito en una reforma constitucional.

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No hace falta que nadie intente convencerme sobre las bondades del equilibrio presupuestario. Comparto plenamente la regla básica de que, por norma general, no se debe gastar más de lo que se ingresa. Se trata de una regla saludable y plausible de buena gestión económica que vale -o debería valer- para todo tipo de entidades: para las familias, para las administraciones públicas y también, aunque muchas veces no se note, para los equipos de fútbol. Con carácter general, no se debe gastar lo que no se tiene. Esa es la regla básica.

Ahora bien, todo lo que esta regla tiene de positiva, prudente y razonable, desaparece completamente a partir del momento en el que se incorpora, con carácter imperativo, a la norma más rígida del ordenamiento jurídico, que es la Constitución. Como pauta básica de gestión económica, la regla es excelente. Pero como norma constitucional es funesta.

Cuando lo que es de sentido común se tiene que expresar a través normas rígidas y coercitivas, pierde completamente todo lo que tiene de sentido y todo lo que tiene de común. Y esto es, a mi entender, lo que sucede con la reforma constitucional planteada de consuno entre el PSOE y el PP; que rompe la máxima que en mi opinión debe guiar el equilibrio presupuestario: preconizar sí, constitucionalizar no. Preconizar sí, porque el equilibrio presupuestario, prudentemente gestionado, contribuye eficazmente a garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Pero constitucionalizar no, porque, como toda regla general, la del equilibrio presupuestario ha de tener sus excepciones. Y la rigidez de la carta magna es incompatible con la flexibilidad y al buen sentido que ha de presidir la gestión de esas excepciones.

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Hace unos días tuve ocasión de conversar -hacía tiempo que no se me presentaba esa oportunidad- con un militante de Esquerra Republicana de Catalunya que ocupó escaño en el Congreso de los Diputados durante la pasada legislatura. Intercambiamos impresiones en torno a la situación política, las tribulaciones del Gobierno central y los desafíos ante los que nos sitúa la crisis economíca. También hablamos de futuro, claro está; de los próximos comicios y de lo que cabía esperar de ellos. De las amabiciones nacionales de Catalunya y Euskadi.

Le vi preocupado por las tensiones internas que agarrotan a su formación política y por el hundimiento que, según las encuentas, experimentan sus expectativas electorales. Parece claro que no están atravesando un buen momento. Ni como organización, ni como proyecto, ni como opción atractiva para el votante. Conviene recordar, con respecto a este último aspecto que, la evolución electoral de ERC durante la última década, ofrece un perfil llamativo. Cuando yo llegué al Congreso, el año 2000, Esquerra sólo tenía un diputado. Era Joan Puigcercós, que se encuadraba en el Grupo Mixto. La inconmensurable ayuda de Aznar, con aquella despiadada campaña que desplegó contra Carod Rovira por el encuentro de Perpignan, hizo que, en las elecciones de 2004, los republicanos catalanes incrementasen notablemente su representación en la cámara baja, pasando de uno a ocho escaños. No falla. Cuanto más feroces son, mayores beneficios reportan a sus destinatarios las campañas mediáticas de desprestigio y criminalización que orquesta la derecha española. Después vino la experiencia del tripartito en Catalunya, con el decisivo papel que ERC desempeñó en su constitución, diseño y actuación. No se puede decir, precisamente, que los votantes premiasen a Esquerra por la decisión de embarcarse en aquél proyecto. En las elecciones generales de 2008, su candidatura perdió cinco de los escaños que controló en la legislatura precedente. Su representación en el Congreso quedó reducida a tres diputados. Y ahora, según parece, los estudios demoscópicos amenazan con la posibildad de regresar, de nuevo, a los niveles del año 2000: un solo diputado. De confirmarse las previsiones de las encuestas, no nos encontraríamos, ciertamente, ante un periplo muy gratificante.

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