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Posts Tagged ‘Congreso de los Diputados’

En el Pleno de hoy hemos debatido una Proposición No de Ley del Partido Popular en la que se instaba al Gobierno a elaborar un «régimen jurídico completo sobre el uso de aviones militares para fines exclusivamente privados o partidistas por parte del Presidente u otros miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado». La iniciativa pretende hacer efectiva una recomendación recientemente formulada sobre este particular por el Tribunal de Cuentas del Estado. En su informe sobre los gastos electorales de los últimos comicios generales, el alto organismo fiscalizador tomaba cuenta del uso que Rodríguez Zapatero hizo de un avión «Falcon» de las Fuerzas Armadas para participar en diferentes actos de campaña electoral y proponía, hace tan solo unos días, sujetar el uso de estos aviones a una regulación exhaustiva, que establezca con claridad y rigor cuándo resulta correcto y legítimo y cuándo, por el contrario, penetra en el ámbito de lo inadmisible.

La Proposición requería, también, el establecimiento de un mecanismo de reembolso a fin de que, «habiéndose acreditado razones de interés objetivo que no puedan ser garantizadas de otro modo y que justifiquen el uso de aviones militares para fines exclusivamente privados o partidistas, los gastos sean reembolsados» por el interesado, o por la institución o partido político beneficiado.

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La prensa de hoy nos informa -es un decir- de la aprobación, por parte del Parlamento de Navarra, de la propuesta de reforma de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra -para los amigos, LORAFNA- acordada entre el Gobierno central y el Ejecutivo de la Comunidad Foral. Ahora les toca el turno a las Cortes Generales. Cuando estas bendigan el texto, la reforma se podrá dar por consumada y la norma, ya modificada, se publicará en los respectivos boletines oficiales para hacer posible su entrada en vigor. Me temo, sin embargo, que el Congreso no abordará el asunto hasta después del verano. Las propuestas de reforma estatutaria se debaten en los primeros plenos de cada mes y el calendario oficialmente aprobado por la Junta de Portavoces no contempla la celebración de plenos ordinarios en julio y agosto. Los habrá extraordinarios, sin duda, pero no creo que se fuercen las cosas hasta el extremo de incluir la reforma de una norma estatutaria en el orden del día de una sesión extraordinaria, convocada, como es preceptivo, por motivos tasados de urgencia bien justificada.

Dantzaris navarros

Cuando el Congreso se decida a abordar el asunto, su intervención se verá reducida a la mínima expresión. Como ha ocurrido con el Parlamento de Navarra, se limitará celebrar un pleno, en el que los grupos parlamentarios podrán fijar posición dentro del margen temporal que se les fije -diez o quince minutos- y votar: sí, no o abstención. Nada más. A los grupos no se les permitirá, ni enmendar el texto -que viene cerrado por los dos ejecutivos-, ni defender sus alternativas, ni participar en una ponencia -donde tanto y tan buen trabajo puede desarrollarse de cara a la consecución de consensos- ni tan siquiera negociar en los pasillos. Nada. El texto pactado es fijo e inamovible. Se apoya o se rechaza. No hay más. No se puede modificar lo más mínimo. Aunque parezca mentira, así de opaco y oscurantista es el procedimiento previsto en la LORAFNA para su reforma. Se negocia a puerta cerrada entre los dos gobiernos y el papel de los parlamentos se circunscribe, estrictamente, a lo señalado: a avalar o refutar la propuesta que se somete a su consideración.

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En el Pleno de esta mañana hemos convalidado un nuevo Real Decreto-Ley. Se trata de una norma por la que se autoriza a la Administración General del Estado al otorgamiento de avales para respaldar determinadas operaciones financieras en el marco del mecanismo europeo de estabilización financiera de los Estados miembros de la zonan euro. Prácticamente todos los diputados de la cámara hemos respaldado la medida, que pretende articular uno de los instrumentos que se aprobaron en el último Consejo Europeo para defender al euro y a los países de la Eurozona, de los ataques especulativos de los mercados. Tan sólo IU y el BNG le han negado su apoyo. Su discrepancia con respecto a la pauta que está orientando el modelo de federalismo fiscal hacia el que tiende Europa, les lleva hasta el extremo de oponerse a una medida claramente defensiva, que sólo pretende acorazar las finanzas europeas de las agresiones de las que está siendo objeto.

Este Real Decreto-Ley suma el vigesimo sexto, de una legislatura que acaba de superar su ecuador. Es una cifra notable, para un tipo de norma que está reservado, exclusivamente, para casos de «extraordinaria y urgente necesidad». La crisis, con sus emergencias y apremios, está llevando al Gobierno a legislar a base de Reales Decretos-Leyes; algo que nunca es bueno, porque constriñe el debate parlamentario y limita enormemente la participación de los Grupos.

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En varias ocasiones he dado cuenta en este blog, de las derrotas que el Grupo Parlamentario socialista ha sufrido en el Congreso de los diputados durante el último año. Semana tras semana, comprobamos que, al debatir y votar algunos de los puntos más importantes del orden del día, los diputados socialistas se quedan solos, o insuficientemente acompañados, y comprueban desolados e impotentes que, pese a ser muchos, que lo son, sus ciento sesenta y nueve escaños no resultan bastantes para frenar el ímpetu de los que quieren instar al Gobierno a adoptar medidas que este no quiere o prefiere no acometer. Y esa amarga constatación les lleva a perder votaciones, una semana sí y otra también, conformando, paso a paso, una estadística de derrotas que empieza a ser preocupante ya, para un Ejecutivo que quiere aparentar fortaleza y transmitir la imagen de que controla el juego político parlamentario. En ocasiones -también sobre esto he escrito en más de un post– el Grupo Socialista intenta por todos los medios trabar complicidades con el resto de los grupos y cuando se da cuenta, en el último momento, de que no ha logrado convencer a nadie y, en consecuencia, va a perder la votación, se ahorra la derrota parlamentaria, cambiando, súbitamente, el sentido del voto y apoyando efusivamente las iniciativas contra las que había hecho campaña hasta el minuto inmediatamente anterior al de la emisión del voto.

Descansando al sol, ajeno a los peligros que pueden cernirse sobre él

El martes de esta semana hemos vuelto a vivir un episodio de estas características. Una Moción de IU-ICV sobre las repercusiones económicas y sociales del ajuste en el gasto público, ha propiciado la formación de mayorías parlamentarias contrarias a la que da sustento al Gobierno. Mayorías heterogéneas, que integran a diputados tan diversos como Gaspar Llamazares e Ignacio Astarloa; Carlos Salvador (UPN) y Uxue Barkos (Na-Bai); Rosa Díez y Emilio Olabarria; pero mayorías, al fin y al cabo, tan incuestionables en lo cuantitativo, como válidas a los efectos de expresar la voluntad mayoritaria de la cámara.

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Hace ya año y medio, publiqué en este blog una entrada a la que puse el sonoro título de  «La frontera nacional» (Ver el post  «La frontera nacional», publicado el 22.11.08). Hablaba en ella de los debates -y consiguientes votaciones- en los que el hemiciclo del Congreso se divide entre los impenitentes defensores de la España Nacional, una, única y grande, y los diputados ajenos a esa esencialización de España como una realidad constitutivamente inmutable, inalterable y, por supuesto, indivisible. En el primer grupo -lo decía entonces- se sitúan el PSOE y el PP, a los que, ya apuntaba en aquella ocasión,  debían agregarse el diputado de UPN y  la diputada de UPyD. El segundo bloque incorpora, sin excepción, a los restantes electos del arco parlamentario. Pocos en número, pero de amplio abanico, tanto en lo ideológico como en lo territorial

Pese a la brutal imagen de enfrentamiento y desencuentro que los socialistas y los populares transmiten últimamente, lo cierto es que no faltan ocasiones para que el panel lumínico en el que se reflejan las votaciones que tienen lugar en la cámara, nos siga transmitiendo, de vez en cuando, el rígido y amenazador perfil de la frontera nacional. La última vez que sucedió, fue el pasado 20 de mayo, con motivo de la aprobación del proyecto de Ley de Puertos de Interés General.

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El 19 de mayo de este año -no hace, por tanto, ni un mes- se registró en el Congreso de los Diputados el proyecto de Ley de Ciencia e Innovación. Se trata de una iniciativa que fue anunciada por la ministra Garmendia al principio de la legislatura -dos años ha- y se ha ido demorando sucesivamente hasta ver transcurrido en blanco más de la mitad del mandato. El proyecto ha sido ampliamente publicitado por sus promotores. Tanto la propia ministra como el secretario de Estado de Investigación, Felipe Pétriz, han desplegado un notable esfuerzo de comunicación con objeto de loar el texto y vender sus excelencias. Ambos han señalado que las dos principales novedades del proyecto radican en la creación de la Agencia Estatal de Investigación, una entidad nuclear en el nuevo modelo investigador, y en la configuración de una auténtica carrera profesional para los investigadores.

En una entrevista publicada en El País el pasado 3 de marzo, el secretario de Estado admitía que el proyecto de Ley, que en aquel entonces no había sido remitido aún a la cámara baja, hacía una regulación extremadamente escueta de la Agencia; algo que, a priori, resultaba chocante para un organismo al que se encomendaba una misión tan esencial como la de aportar el criterio evaluativo en virtud del cual va a llevarse a cabo la asignación de recursos al mérito científico y técnico. Pese a ello -afirmaba- «puedo asegurar que esta vez la creación de la agencia va en serio. Cuando se inicie el trámite de la ley habrá un borrador de estatutos de la agencia».

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El pasado martes, cuando la cámara aprobó la Moción del PP en la que se instaba al Gobierno a cumplir el Pacto de Toledo garantizando “el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones frente a coyunturas económicas adversas y mediante la revalorización automática y con carácter anual de todas las pensiones contributivas del sistema de Seguridad Social, conforme a la evolución anual del IPC”, ya se pudo constatar que, salvo los diputados del PSOE, que votaban más por disciplina que por convicción, la cámara baja estaba en contra de la congelación acordada por el Gobierno en el Real Decreto-Ley de la semana pasada.

Hau nahaste-borrastea!!

A lo largo de la tarde, como viene siendo habitual, los socialistas nos habían pedido a todos los Grupos Parlamentarios que actuásemos con esa actitud indefinible e inaprehensible que en los momentos de dificultad denominan “responsabilidad política”, y votásemos en contra de la iniciativa. A los grupos de izquierda, además, les recordaron que venía avalada por el PP; una observación que siempre les ayuda a forjar bloques parlamentarios anti-populares. En Euskadi se abrazan a los populares con la pasión de los enamorados, pero en Madrid les utilizan como espantajo para forjar la unión de las izquierdas. Sin embargo, nadie parecía estar por la labor. Ni las derechas, ni las izquierdas, ni el centro. Y en los minutos previos al comienzo del debate, parecía evidente que Zapatero, que tantas veces había repetido en público el grito demagógico de que mientras él fuera presidente del Gobierno nunca experimentarían retroceso alguno las percepciones de los pensionistas, iba a tener que desdecirse solo. Es decir, sin que nadie -salvo sus propios efectivos parlamentarios- le ayudasen lo más mínimo a pasar el trago. La portavoz socialista en el Pacto de Toledo, López y Chamosa, una militante histórica de la UGT en Catalunya, cumplió dignamente su papel, pero hubiese preferido, sin duda, que fuese otro compañero de Grupo el que tuviera que beber de aquél cáliz.

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Entre los asuntos que el pasado martes se debatieron en el Pleno del Congreso, había una Moción de Rosa Díez sobre “la necesidad -este era, literalmente, el solemne rótulo que llevaba en el frontispicio- de que el Gobierno utilice todas sus competencias constitucionales para recortar el gasto autonómico superfluo”. La sola lectura del título permite colegir que, a juicio de sus redactores:

1.- Existe gasto autonómico superfluo y ese gasto tiene la dimensión suficiente como para inquietar hasta al observador más imparcial.
2.- El Gobierno (central, por supuesto) ha de emplearse a fondo en atajarlo.
3.- El Gobierno (central, claro) goza de “competencias constitucionales” suficientes como para llevar a cabo esa tarea con notable eficacia.

¿Se rompe España?

El novato en las lides parlamentarias podría quedar sorprendido por el hecho de que la iniciativa haya sido formulada en las Cortes Generales y no en las cámaras legislativas de cada una de las comunidades autónomas en las que puede constatarse la existencia de los “gastos superfluos” que Rosa denuncia. ¿Qué sentido tiene -podría preguntarse el lego- plantear este debate en una cámara que sólo puede atender a lo que se le requiere de forma parcial y tangencial? ¿Para qué esforzarse -podría insistir el profano- en recurrir a vías indirectas cuando se trata de alcanzar un objetivo que puede perseguirse por cauces directos? La decisión de tocar en la puerta de las instituciones centrales del Estado para pedirles que fuercen a las comunidades autónomas a hacer algo que puede exigirse directamente a estas últimas, podría resultar -insisto- extraño y hasta chocante. Pero en realidad, no hay motivo alguno para la sorpresa. Y ello es así, por dos razones, básicamente: una de orden práctico y otra de carácter ideológico.

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Ayer retomamos la actividad plenaria del Congreso, tras la convulsión provocada por las medidas de ajuste anunciadas por el Gobierno. Todo sigue igual. Nada ha cambiado. El Grupo Socialista no acaba de controlar la mayoría de la cámara y el hemiciclo continúa sumido en una dinámica desconcertante en la que se adoptan los acuerdos más increíbles, sin que nadie se crea de verdad que van a ser cumplidos. No es serio, pero es así. En plena crisis económica, parecen imponerse estrategias cargadas de simulaciones y apariencias. Unos se conforman con ver aprobadas sus iniciativas, aunque sepan que nunca se ejecutarán y los otros asumen la aprobación de las propuestas que les son adversas, acogiéndose, plácidamente, a la certeza de que nadie las verá cumplidas jamás. Todo ello, bien teatralizado, da como resultado un cocktail hilarante, al que sólo la gravedad de la coyuntura convierte en espeluznante.

Empezamos la sesión con una Proposición de Ley del PP que persigue obligar al Gobierno a remitir mensualmente al Congreso y el Senado, información detallada sobre el grado de ejecución de la inversión real del sector público estatal y de los presupuestos de la Seguridad Social. La medida, como se ve, pretende dar un nuevo paso adelante en la transparencia administrativa y en las facultades de control de los electos sobre las cuentas públicas del Gobierno. El Grupo Socialista no estaba por la labor de facilitar su aprobación. De hecho, por la mañana estuvo tanteando a los Grupos Parlamentarios para conocer su actitud ante la iniciativa. Pero al comprobar que ninguno de ellos se prestaba a representar el  «papelón» que se le pedía -no son tiempos para oponerse a la transparencia de los asuntos públicos- decidió cambiar de criterio y apoyar la medida, que finalmente resultó aprobada por unanimidad. ¿Facilitarán los socialistas la tramitación de una Proposición de Ley que han apoyado aunque no les gusta? Hasta ahora, su conducta ha sido exactamente la contraria. Pero que cada uno piense lo que quiera. No seré yo quien destruya la ilusión de quienes desean seguir soñando con la magia del talante de Zapatero. Soy humano y todos necesitamos refugiarnos en alguna burbuja de consuelo cuando, en nuestro entorno, la realidad se torna áspera.

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“Yo me fío de Patxi López”. Así se expresaba Rajoy, en julio del año pasado, cuando el presentador de un foro público organizado por el diario ABC le preguntó por la confianza que le inspira el inquilino de Ajuria Enea. Nunca he oído a Rajoy decir algo semejante con respecto a Zapatero. Y puedo asegurar que les he visto debatir en innumerables ocasiones. Antes al contrario, su discurso habitual, severamente crítico con el presidente del Gobierno, suele poner especial énfasis en la escasa credibilidad que rezuma el personaje. “Usted no es de fiar”, le ha espetado en más de una ocasión desde la tribuna del Congreso.

Así pues, Rajoy se fía de López, pero no se fía lo más mínimo de Zapatero, por mucho que este sea el máximo responsable de la formación política en la que aquél milita y bajo cuya disciplina actúa. En esto, la presidenta del Parlamento vasco ha sido un punto más coherente. Arantza Quiroga no pondría la mano en el fuego por ninguno de los dos. Ambos -Zapatero y López- le inspiran la misma desconfianza.

Pese a la nula credibilidad que aprecia en Zapatero, el pasado miércoles, Rajoy se reunió con él por enésima vez. Y, también por enésima vez, la expectación generada por el encuentro se ha topado de bruces con el infranqueable muro de la frustración. La cumbre ha parido un ratón. Lo que se prometía como el preludio de un gran pacto de Estado contra la crisis económica, se ha visto reducido a un raquítico enjuague que, con el pretexto de impulsar la reordenación de las cajas de ahorros, garantizando su solvencia y, con ello, su viabilidad, sólo servirá, de hecho, para que ambas formaciones puedan disimular los desmanes y excesos en los que han incurrido los consejeros que en su día designaron para dirigir estas entidades de ahorro.

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