En el Pleno de hoy hemos debatido una Proposición No de Ley del Partido Popular en la que se instaba al Gobierno a elaborar un «régimen jurídico completo sobre el uso de aviones militares para fines exclusivamente privados o partidistas por parte del Presidente u otros miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado». La iniciativa pretende hacer efectiva una recomendación recientemente formulada sobre este particular por el Tribunal de Cuentas del Estado. En su informe sobre los gastos electorales de los últimos comicios generales, el alto organismo fiscalizador tomaba cuenta del uso que Rodríguez Zapatero hizo de un avión «Falcon» de las Fuerzas Armadas para participar en diferentes actos de campaña electoral y proponía, hace tan solo unos días, sujetar el uso de estos aviones a una regulación exhaustiva, que establezca con claridad y rigor cuándo resulta correcto y legítimo y cuándo, por el contrario, penetra en el ámbito de lo inadmisible.
La Proposición requería, también, el establecimiento de un mecanismo de reembolso a fin de que, «habiéndose acreditado razones de interés objetivo que no puedan ser garantizadas de otro modo y que justifiquen el uso de aviones militares para fines exclusivamente privados o partidistas, los gastos sean reembolsados» por el interesado, o por la institución o partido político beneficiado.









