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Posts Tagged ‘Congreso de los Diputados’

El pasado viernes, 3 de septiembre, amanecí en Madrid. La víspera había tenido una reunión vespertina en la capital del Reino y ese día, los portavoces parlamentarios estábamos convocados a una junta ordinaria. Mientras desayunaba, repasé la actualidad informativa en las páginas de El Mundo, que es el único diario que el hotel en el que me alojo pone a disposición de sus clientes. El titular de la portada era toda una fuente de alarma y agitación: «El miedo electoral del PSOE abre una crisis de Gobierno». El diario de Pedrojota aportaba tres datos, recogidos en otros tantos subtítulos, para avalar esa apreciación. Uno de ellos, el situado a la derecha, anotaba que «El PSE convoca un acto de apoyo a López y recuerda que tiene más diputados que el PNV». Un acto que, en aquel contexto informativo, era identificado por la cabecera madrileña como uno de los acontecimientos que más claramente refleja la crisis que atraviesa el Gobierno central y el deterioro que acusa la imagen de Zapatero como icono electoral. El edificio electoral socialista amenaza ruina -venía a sugerir el medio- y las huestes de López podrían acelerar el desplome de Zapatero, si este no respeto su dignidad en los arreglos presupuestarios que está preparando con el PNV.

En política, a veces, no queda más remedio que sentarse tranquilamente a contemplar el paisaje

Este aspecto del mensaje de portada recibía un desarrollo más amplio en la página cuatro, donde se hacía referencia al acto que los socialistas vascos celebrarán en Donostia el próximo día 17 de septiembre, para hacer constar a los cuatro vientos su «fortaleza política» y dejar patente su inequívoco apoyo al Gobierno pepedependiente que López preside desde Ajuria Enea. El titular no tenía pérdida: «El PSE arropa a López frente al pacto PSOE-PNV». Es decir, que  López encabeza la revuelta que los socialistas vascos están llevando a cabo, en bloque, sin fisuras ni discrepancias, con el respaldo -dicho sea de paso- del PP y todo su entorno mediático, contra el pacto PSOE-PNV.

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En el pleno de ayer -primero, como ya anoté, del segundo período de sesiones de 2010- la cámara aprobó por unanimidad una Proposición No de Ley que, sin duda, traerá cola. Se trata de una iniciativa del Grupo Popular que insta al Gobierno a establecer un procedimiento que permita a las PYMEs y a los profesionales autónomos, compensar las deudas tributarias que tengan pendientes pago a la Administración General del Estado, con las deudas reconocidas por la misma Administración, que aún no hayan cobrado. Es decir, que si un empresario o un autónomo tiene alguna factura pendiente de cobro por la Administración General Estado, podrá -cuando se establezca el procedimiento legal oportuno-, deducir su cuantía del IVA, del Impuesto de Sociedades o de cualquier otro pago de carácter tributario que haya de satisfacer a la Hacienda  estatal. Como diría el castizo, lo comido por lo servido.

No siempre produce resultados lo ideado para desatascar. Foto: Antón Pérez

A priori, la medida parece positiva y plausible, en la medida en que sanciona las ineficiencias burocráticas de la Administración, favoreciendo la agilidad y el ahorro de trámites y esfuerzos que los agentes económicos necesitan para llevar a cabo su cometido con eficacia y productividad.

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Ayer dimos inicio al nuevo período de sesiones con una reunión plenaria en la que se debatieron numerosos asuntos de interés. El primer punto del orden del día era una Proposición de Ley presentada por el Parlamento de Galicia, en el que se planteaba la transferencia a la Comunidad Autónoma gallega de las facultades y servicios adscritos a la ejecución de la legislación del Estado en materia de tráfico, circulación de vehículos y seguridad viaria. La Proposición fue aprobada en la cámara gallega por unanimidad. Todos sus miembros -los socialistas, los populares y los nacionalistas gallegos- votaron a favor de una iniciativa que pretende incrementar el autogobierno de Galicia, incorporando a su acervo competencial las funciones y servicios públicos vinculados con el tráfico de vehículos.

Como el Estatuto de Galicia no atribuye a esta Comunidad Autónoma competencia alguna en materia de tráfico, la Proposición pretende articular la transferencia sobre la base de lo dispuesto en el artículo 150.2 de la Constitución que permite al Estado «transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materias de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación». Y como esta materia ya fue transferida a Catalunya hace ahora algunos años -transferencia que, dicho sea de paso, se llevó a cabo a través del mismo mecanismo constitucional que invocan los gallegos- no puede decirse que no sea «susceptible de transferencia o delegación».

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El periodo de vacaciones constituye la coyuntura ideal para que los controladores aéreos pongan sobre la palestra sus reivindicaciones profesionales. Año tras año, la hábil práctica de aprovechar estos períodos «sensibles» para pisar el acelerador de sus reclamaciones, les ha ido permitiendo mejorar progresivamente sus condiciones laborales hasta aproximarse a límites que, en algunos casos, han llegado a ser de auténtico escándalo.

Dicen en el Ministerio de Fomento que, merced al inusitado grado de autonomía que habían alcanzado en la organización de las jornadas y horarios y a lo generosamente retribuidas que han llegado a estar sus horas extraordinarias, se han dado casos en los que un sólo controlador ha recibido, de las arcas públicas, un millón de euros al año. Como lo leen. Un millón de euros, y de los presupuestos generales del Estado.  No toda la plantilla ha tenido  la suerte de procurarse ingresos tan astronómicos, evidentemente. Pero es igualmente obvio que ningún controlador aéreo pasa hambre. Sus emolumentos están fijados, actualmente, en torno a los 150.000 euros. Y las prerrogativas que tienen reconocidas en el ámbito autoorganizativo siguen siendo notables.

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Me inicié en el estudio del Estado de Derecho a través de la conocida -y ya clásica- obra de Elías Díaz Estado de Derecho y sociedad democrática. Corrían los años setenta y, por aquel entonces, no había, entre nosotros, mucha literatura disponible sobre el particular. Durante los años siguientes tuve ocasión de completar aquella lectura inicial, casi ingenua, con los manuales oficiales de Derecho Público, que me aproximaron de un modo más sistemático a la idea de la norma jurídica como expresión de la mayoría y quicio nuclear de toda organización política democrática. 

Varios lustros después, cuando escuché la expresión en boca de Mayor Oreja, confieso que una sacudida eléctrica me recorrió el espinazo. Me dio la impresión de que algo -o mucho- de lo que aprendí en torno a este concepto en mi etapa de estudiante, estaba siendo descaradamente adulterado. Las cosas no cuadraban. A partir de aquel momento, el Estado de Derecho se convirtió, en cuestión de semanas, en una de los principales baluartes del discurso más ortodoxo y correcto del PP. Cuando se proyectaba una tropelía, el Gobierno y sus altavoces invocaban el Estado de Derecho y hasta la iniciativa más perversa se tornaba inmacualada. Mis peores sospechas se vieron confirmadas. El Estado de Derecho sirvió para cerrar periódicos, ilegalizar partidos políticos, prologar gratuita e impunemente las detenciones preventivas, atribuir carácter retroactivo a las medidas restrictivas de derechos individuales, vulnerar la legalidad penal, incumplir sentencias y legitimar cualquier exceso o abuso de los poderes públicos que viniese articulado como norma jurídica. De tanto manosearlo con fines espurios, han acabado pervirtiendo el Estado de Derecho, que ha pasado de ser una garantía del ciudadano a constituir una coartada del poder.

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En el último Pleno del Congreso se debatió, entre otros muchos temas, la convalidación del Real Decreto Ley por el que se modifica el régimen jurídico de las cajas de ahorro. El Real Decreto fue convalidado sin problemas. Votaron a favor de la misma los diputados del PSOE y del PP que sumaban 323 escaños de los 350 que integran el hemiciclo. La iniciativa había sido pactada entre las dos formaciones políticas, que son las que se han repartido y se seguirán repartiendo el grueso de la tarta financiera vinculada al mundo de las cajas de ahorro.

Si la convalidación se hubiese producido merced al voto favorable de CiU o del PNV, la prensa afín al PP hubiese titulado la noticia destacando el hecho de  que, una vez más, los catalanes o los vascos «salvan» a Zapatero, «le dan oxígeno», «le dan su amparo» o «le aportan el aliento que necesita para continuar al frente del Gobierno». Pero como en esta ocasión, el apoyo se lo ha prestado el PP, los medios se limitan a constatar, asépticamente, que «El Congreso convalida el Decreto-Ley». Resulta muy interesante analizar el tiento con el que operan los titulares. Todas las cabeceras que la víspera cargaron las tintas críticas sobre CiU, dejando traslucir todo tipo de reproches contra la formación catalanista por «salvar nuevamente» a Zapatero, adoptaron, esta vez, la equidistante posición del reportero imparcial y objetivo para circunscribise a resaltar el hecho de que el Real Decreto-Ley logró salvar con holgada mayoría el trámite parlamentario que ha de superar para alcanzar su plena validez. 

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A partir de hoy se inicia en el Congreso el debate parlamentario sobre el proyecto de Ley que aborda la reforma del mercado del trabajo.  Reconozco que no soy un experto laboralista. No tengo empacho en admitir que, por razones que no hace al caso precisar en este momento, el Derecho del Trabajo constituye un ámbito de mi formación jurídica en el que se dejan sentir notables lagunas. Creo, sin embargo, que ello no me desautoriza para expresar, en este humilde blog,  alguna de las impresiones que me ha producido el análisis de la reforma que propone el Gobierno, que me he visto obligado a estudiar, a uña de caballo, de cara a su tramitación parlamentaria.

Uno de los puntos que más me ha llamado la atención, tiene que ver con la escasa importancia que, en general, se atribuye al modelo económico y a la cultura empresarial imperantes, a la hora de configurar jurídicamente la relación laboral. Se habla in abstracto del coste del despido, sin tener en cuenta que, un mismo régimen de extinción del contrato de trabajo puede producir efectos radicalmente distintos en contextos económicos diferentes. Me explico. En una economía industrializada y altamente tecnologizada, basada en el conocimiento y en una elevada productividad, el empresario no tiende a prescindir de sus trabajadores, que constituyen la base del éxito de su compañía, sino a mantenerlos vinculados a la empresa, con el fin de aprovechar su alto valor añadido y optimizar la inversión llevada a cabo en su formación y capacitación profesional. Ni con un despido de coste cero sería imaginable que, en unas condiciones como las descritas, el empleador fuera a renunciar al capital humano de su empresa y a dedicarse a despedir sistemáticamente a los miembros de la plantilla.

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El lunes de esta semana, los portavoces de los Grupos Parlamentarios del Congreso estábamos convocados para participar en la presentación de la Proposición de Ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo que recientemente hemos presentado en el registro de la cámara con el aval de todas las formaciones con escaño en el hemiciclo. El aviso nos había sido cursado el viernes anterior: el acto iba a celebrarse a las 12,00 horas del mediodía, en el escritorio del Congreso; uno de los lugares habituales de encuentro entre los diputados y los medios de comunicación acreditados en la cámara.

Fotografía del acto al que se refiere el post. Fernando Maura es el segundo por la derecha.

Cuando me dirigía al lugar, un minuto antes de la hora convenida, tropecé casi de bruces con Josep Antoni Duran y Lleida, que caminaba por los pasillos en la misma dirección que yo. Tras el encuentro, seguimos avanzando juntos, mientras intercambiábamos impresiones sobre la coyuntura política y compartíamos vaticinios en torno al posible contenido de la sentencia sobre el Estatut, que se anunciaba ya, como algo inminente. Cuando llegamos a la puerta del escritorio, Duran se detuvo a hablar con un pequeño grupo de periodistas, y yo me adentré en la estancia, donde pude observar que los profesionales de la información tomaban posiciones, preparaban sus magnetófonos, ponían las cámaras a punto y cuidaban los últimos detalles. El único diputado que en ese momento vi en el lugar, fue el portavoz  de UPN, Carlos Salvador, a quien me acerqué para entablar con él animada conversación. Pronto divisé, también, a Llamazares. Y al poco rato, hicieron acto de presencia los portavoces del PSOE y del PP, Toño Alonso y Soraya Saez de Santamaría, respectivamente, que venían acompañados de sus respectivos séquitos. Cuando se incorporó al grupo Duran y Lleida, los convocados nos fuimos situando en línea, junto al micrófono, de cara a las cámaras y a los plumillas que habían venido a cubrir el evento. Previamente habíamos convenido que cada uno de nosotros tomaría la palabra por un tiempo máximo de dos minutos.

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Esta mañana he participado en el homenaje que el Congreso de los Diputados ha tributado a las víctimas del terrorismo. La cámara acordó el pasado 11 de marzo que, a partir de este año, cada 27 de junio el hemiciclo dará cobijo a un acto destinado a honrar su memoria y expresarles el reconocimiento de las Cortes Generales. La conmemoración de hoy ha sido breve y austera, aunque no por ello menos sentida. Su estructura ha sido sencilla pero digna: dos discursos -uno de Bono y otro del Rey- un minuto de silencio y una composición de Dvorak magistralmente  ejecutada por una orquesta de cámara. Me parece una buena iniciativa, que viene, sin duda, a cubrir una laguna. En el Congreso hemos celebrado más de un acto en memoria de las víctimas del terrorismo, pero la institución de un día anual confiere a la celebración un relieve cualitativamente superior.

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Ya lo señalaba en la crónica parlamentaria de la semana pasada. El Congreso de los diputados no está desarrollando una labor eficaz y proactiva en la búsqueda de fórmulas consensuadas para salir de la crisis económica. Hay que reconocerlo. Si una agencia independiente de evaluación analizase la  actuación que hemos llevado a cabo durante los últimos meses, no creo que nos premiara con una nota sobresaliente. Desde el punto de vista de su contribución a la búsqueda de soluciones, el rendimiento del Parlamento es, pues, manifiestamente mejorable. Así lo pienso y así lo digo. Seguimos dando vueltas a la misma noria, reproduciendo una y otra vez iniciativas ya aprobadas con anterioridad, con el único fin de alcanzar pequeños triunfos, mediante el impulso de resoluciones parlamentarias que sabemos de antemano que el Gobierno no cumplirá. Es posible que la fórmula arroje resultados en el terreno de la propaganda partidista -aunque abrigo dudas crecientes al respecto- pero me temo que su eficacia, de cara a la crisis, es más bien escasa, si no nula. Y esa es -o debería ser- la prioridad.

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