Entre los asuntos que el pasado martes se debatieron en el Pleno del Congreso, había una Moción de Rosa Díez sobre “la necesidad -este era, literalmente, el solemne rótulo que llevaba en el frontispicio- de que el Gobierno utilice todas sus competencias constitucionales para recortar el gasto autonómico superfluo”. La sola lectura del título permite colegir que, a juicio de sus redactores:
1.- Existe gasto autonómico superfluo y ese gasto tiene la dimensión suficiente como para inquietar hasta al observador más imparcial.
2.- El Gobierno (central, por supuesto) ha de emplearse a fondo en atajarlo.
3.- El Gobierno (central, claro) goza de “competencias constitucionales” suficientes como para llevar a cabo esa tarea con notable eficacia.
¿Se rompe España?
El novato en las lides parlamentarias podría quedar sorprendido por el hecho de que la iniciativa haya sido formulada en las Cortes Generales y no en las cámaras legislativas de cada una de las comunidades autónomas en las que puede constatarse la existencia de los “gastos superfluos” que Rosa denuncia. ¿Qué sentido tiene -podría preguntarse el lego- plantear este debate en una cámara que sólo puede atender a lo que se le requiere de forma parcial y tangencial? ¿Para qué esforzarse -podría insistir el profano- en recurrir a vías indirectas cuando se trata de alcanzar un objetivo que puede perseguirse por cauces directos? La decisión de tocar en la puerta de las instituciones centrales del Estado para pedirles que fuercen a las comunidades autónomas a hacer algo que puede exigirse directamente a estas últimas, podría resultar -insisto- extraño y hasta chocante. Pero en realidad, no hay motivo alguno para la sorpresa. Y ello es así, por dos razones, básicamente: una de orden práctico y otra de carácter ideológico.
Blog de Josu Erkoreka 