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Archive for 8/09/10

En el pleno de ayer -primero, como ya anoté, del segundo período de sesiones de 2010- la cámara aprobó por unanimidad una Proposición No de Ley que, sin duda, traerá cola. Se trata de una iniciativa del Grupo Popular que insta al Gobierno a establecer un procedimiento que permita a las PYMEs y a los profesionales autónomos, compensar las deudas tributarias que tengan pendientes pago a la Administración General del Estado, con las deudas reconocidas por la misma Administración, que aún no hayan cobrado. Es decir, que si un empresario o un autónomo tiene alguna factura pendiente de cobro por la Administración General Estado, podrá -cuando se establezca el procedimiento legal oportuno-, deducir su cuantía del IVA, del Impuesto de Sociedades o de cualquier otro pago de carácter tributario que haya de satisfacer a la Hacienda  estatal. Como diría el castizo, lo comido por lo servido.

No siempre produce resultados lo ideado para desatascar. Foto: Antón Pérez

A priori, la medida parece positiva y plausible, en la medida en que sanciona las ineficiencias burocráticas de la Administración, favoreciendo la agilidad y el ahorro de trámites y esfuerzos que los agentes económicos necesitan para llevar a cabo su cometido con eficacia y productividad.

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Ayer dimos inicio al nuevo período de sesiones con una reunión plenaria en la que se debatieron numerosos asuntos de interés. El primer punto del orden del día era una Proposición de Ley presentada por el Parlamento de Galicia, en el que se planteaba la transferencia a la Comunidad Autónoma gallega de las facultades y servicios adscritos a la ejecución de la legislación del Estado en materia de tráfico, circulación de vehículos y seguridad viaria. La Proposición fue aprobada en la cámara gallega por unanimidad. Todos sus miembros -los socialistas, los populares y los nacionalistas gallegos- votaron a favor de una iniciativa que pretende incrementar el autogobierno de Galicia, incorporando a su acervo competencial las funciones y servicios públicos vinculados con el tráfico de vehículos.

Como el Estatuto de Galicia no atribuye a esta Comunidad Autónoma competencia alguna en materia de tráfico, la Proposición pretende articular la transferencia sobre la base de lo dispuesto en el artículo 150.2 de la Constitución que permite al Estado “transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materias de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación”. Y como esta materia ya fue transferida a Catalunya hace ahora algunos años -transferencia que, dicho sea de paso, se llevó a cabo a través del mismo mecanismo constitucional que invocan los gallegos- no puede decirse que no sea “susceptible de transferencia o delegación”.

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