En el pleno de ayer -primero, como ya anoté, del segundo período de sesiones de 2010- la cámara aprobó por unanimidad una Proposición No de Ley que, sin duda, traerá cola. Se trata de una iniciativa del Grupo Popular que insta al Gobierno a establecer un procedimiento que permita a las PYMEs y a los profesionales autónomos, compensar las deudas tributarias que tengan pendientes pago a la Administración General del Estado, con las deudas reconocidas por la misma Administración, que aún no hayan cobrado. Es decir, que si un empresario o un autónomo tiene alguna factura pendiente de cobro por la Administración General Estado, podrá -cuando se establezca el procedimiento legal oportuno-, deducir su cuantía del IVA, del Impuesto de Sociedades o de cualquier otro pago de carácter tributario que haya de satisfacer a la Hacienda estatal. Como diría el castizo, lo comido por lo servido.
No siempre produce resultados lo ideado para desatascar. Foto: Antón Pérez
A priori, la medida parece positiva y plausible, en la medida en que sanciona las ineficiencias burocráticas de la Administración, favoreciendo la agilidad y el ahorro de trámites y esfuerzos que los agentes económicos necesitan para llevar a cabo su cometido con eficacia y productividad.
