La prensa de hoy nos informa -es un decir- de la aprobación, por parte del Parlamento de Navarra, de la propuesta de reforma de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra -para los amigos, LORAFNA- acordada entre el Gobierno central y el Ejecutivo de la Comunidad Foral. Ahora les toca el turno a las Cortes Generales. Cuando estas bendigan el texto, la reforma se podrá dar por consumada y la norma, ya modificada, se publicará en los respectivos boletines oficiales para hacer posible su entrada en vigor. Me temo, sin embargo, que el Congreso no abordará el asunto hasta después del verano. Las propuestas de reforma estatutaria se debaten en los primeros plenos de cada mes y el calendario oficialmente aprobado por la Junta de Portavoces no contempla la celebración de plenos ordinarios en julio y agosto. Los habrá extraordinarios, sin duda, pero no creo que se fuercen las cosas hasta el extremo de incluir la reforma de una norma estatutaria en el orden del día de una sesión extraordinaria, convocada, como es preceptivo, por motivos tasados de urgencia bien justificada.
Dantzaris navarros
Cuando el Congreso se decida a abordar el asunto, su intervención se verá reducida a la mínima expresión. Como ha ocurrido con el Parlamento de Navarra, se limitará celebrar un pleno, en el que los grupos parlamentarios podrán fijar posición dentro del margen temporal que se les fije -diez o quince minutos- y votar: sí, no o abstención. Nada más. A los grupos no se les permitirá, ni enmendar el texto -que viene cerrado por los dos ejecutivos-, ni defender sus alternativas, ni participar en una ponencia -donde tanto y tan buen trabajo puede desarrollarse de cara a la consecución de consensos- ni tan siquiera negociar en los pasillos. Nada. El texto pactado es fijo e inamovible. Se apoya o se rechaza. No hay más. No se puede modificar lo más mínimo. Aunque parezca mentira, así de opaco y oscurantista es el procedimiento previsto en la LORAFNA para su reforma. Se negocia a puerta cerrada entre los dos gobiernos y el papel de los parlamentos se circunscribe, estrictamente, a lo señalado: a avalar o refutar la propuesta que se somete a su consideración.
En Euskadi estamos asistiendo a un fenómeno inédito en la historia del parlamentarismo occidental. Vivimos una situación que nunca antes se había visto en ningún otro país regido por un sistema político de carácter parlamentario. Fíjense.
En el Congreso de los Diputados han comenzado ha manifestarse ya las primeras consecuencias de la loca e irreflexiva carrera que el PSOE ha iniciado en Euskadi para sentar a López en el sillón de Ajuria Enea. La semana pasada, los socialistas perdieron varias votaciones en Comisión. Y no perdieron más porque, algunos de los que peor parados han salido de los abrazos letales que Zapatero ha prodigado durante los últimos años a los partidos de izquierdas, todavía sienten vértigo ante la hipótesis de infligir al PSOE una derrota parlamentaria. Parece mentira pero temen que el Gobierno les recrimine agriamente por compartir -dicen- estrategias parlamentarias que favorecen a la derecha. Pero este tipo de conductas -que son tan incomprensibles como reales- no creo que vayan a durar demasiado. Antes o después, se acabarán dando cuenta de que es absurdo salvar en nombre del progresismo político a un partido cuya estrategia en Euskadi -incluida Navarra- descansa sobre la derecha más ultramontana.
El PNV siempre se ha opuesto a la posibilidad de que la Administración General del Estado pueda disolver, por sí misma, una corporación local elegida democráticamente. Y no lo ha hecho por tacticismo, o por motivos de oportunidad, sino por convicción; por razones de principio. Porque ha considerado que un ayuntamiento elegido por el pueblo soberano, sólo puede ser privado del mandato que expresamente le ha sido encomendado por los ciudadanos, si así lo resuelve el poder judicial en aplicación estricta de los supuestos tasados contemplados en la Ley. Pero la Administración pública no es quién para quebrar unilateralmente la expresión de la voluntad popular plasmada a nivel municipal. Ni la estatal, ni la autonómica. Es una exigencia de la autonomía local, que adquiere especial relieve en los sistemas en los que la autoridad municipal, directamente elegida por los vecinos, goza de una legitimidad democrática directa.
Durante el pasado mes de noviembre, la prensa ha recordado el septuagésimo aniversario de la «kristallnacht» o Noche de los Cristales Rotos; el tétrico episodio antisemita organizado por el régimen nazi, en el que una pléyade grupos armados auspiciados por el poder, destruyeron impunemente numerosas sinagogas y saquearon sin piedad cientos de establecimientos comerciales y viviendas particulares de los judíos residentes en Alemania, dando comienzo a una política de agresión sistemática contra el semitismo que, con posterioridad, sería conocida como Holocausto.
Blog de Josu Erkoreka 