El José María Aznar sectario y antipluralista de la mayoría absoluta -que gobernó con mano de hierro y sectarismo de inquisidor entre los años 2000 y 2004- instituyó el principio de que no es posible el diálogo político con las fuerzas políticas que no creen en España ni sienten como suya la Constitución. Es un planteamiento incomprensible en el ámbito de la política democrática -que se basa, por principio, en la tolerancia y el diálogo con el discrepante- pero Aznar no sólo lo puso en práctica, con inusitado rigor, durante la última parte de su mandato, sino que lo inoculó en su partido como dogma básico de actuación.
En Euskadi, pocos habrán olvidado aquella época en la que se negaba a recibir al Lehendakari en La Moncloa, con el argumento de que no podía entrevistarse con alguien que aspiraba a romper España.
Tras la retirada de Aznar, esta actitud intolerante y antipluralista ha seguido inspirando la actividad de otros próceres del PP. Sin ir más lejos, María San Gil se basaba en razones semejantes para dejar plantado al Lehendakari cada vez que este iniciaba una ronda de consultas entre partidos políticos.
Después del último Congreso de los populares, las férreas actitudes de antaño se han dulcificado un poco. Es justo reconocerlo. Como declaraba Rajoy a la prensa vasca, ahora es partidario de «dialogar sin abdicar de nuestros principios, como en 1996 con los nacionalistas» (El Correo, 25.05.08). Sin embargo, todavía planea sobre el partido la larga sombra del legado de Aznar. El legado que preconizaba la radical prohibición de entenderse, o de tan siquiera dialogar, con los tildados como enemigos de España.
El mismo Rajoy partidario de dialogar con los nacionalistas sin abdicar de sus principios, precisaba, en la entrevista citada, que hoy no ve posible un entendimiento con el PNV, que se encuentra embarcado en «una huida hacia ninguna parte». Los demonios siguen siendo los demonios. Y cada partido, cada líder, tiene los suyos.
Pero las últimas semanas se han producido acontecimientos que interpelan acremente al PP. Uno de sus principales socios políticos -Coalición Canaria; con la que gobierna en las islas mediante un acuerdo de coalición firmado a mediados de 2007- ha aprobado en su último Congreso unas bases ideológicas, que suscitan de inmediato una pregunta muy directa: ¿Puede el PP seguir gobernando en Canarias con una formación política que no cree en España y apuesta por reformar la Constitución hacia un modelo confederal en el que Canarias y el Estado compartan soberanía en un esquema de relación bilateral e igualitario?
La pregunta tiene su miga para una formación política que ha hecho todo un dogma de la práctica de no hablar con el adversario político.
Pero, veamos, primero, en qué términos se plantea el asunto.
El nacionalismo constitucional de Coalición Canaria
Todavía conservo un artículo que Paulino Rivero, a la sazón presidente de Coalición Canaria, publicó en EL PAIS el 18 de junio de 2002. Su título era bien expresivo del mensaje tranquilizador que el autor quería enviar a los poderes centrales del Estado tras la celebración del II Congreso de la Coalición: «El nacionalismo constitucional de Coalición Canaria».
En un momento en el que las tendencias políticas imperantes en el Estado -Aznar gobernaba con mayoría absoluta- dogmatizaban la Constitución como si fuese un texto revelando por Dios y abominaban de los nacionalistas malos como el vasco que, casi un cuarto de siglo después de aprobarse la norma fundamental, seguían sin sentirse concernidos por el mal llamado «consenso constitucional», el título con el que Paulino encabezaba su artículo, lo decía todo. Con el nacionalismo canario no había nada que temer. No estaba por la labor de romper marcos políticos o plantear reformas profundas del marco vigente.
En aquel artículo, Paulino describía el nacionalismo canario como «democrático y universal; tolerante e integrador; archipelágico (sic) y atlantista; progresista y conservacionista; constitucional pero reivindicativo». Sobre el carácter constitucional del nacionalismo canario, el presidente de la Coalición precisaba que «Es constitucionalista porque se puede ser nacionalista canario dentro del Estado español y la Unión Europea, contribuyendo a su gobernabilidad, pero reivindicativo, porque no renunciamos de antemano, en ejercicio de los Derechos del Pueblo canario y en defensa de sus legítimos intereses, a nuevas vías de relación entre Canarias y el Estado español y a mayores espacios de decisión propia que puedan abordarse, incluso, desde una eventual reforma de la Constitución o del Estatuto de Autonomía».
De esto, ha transcurrido ya un largo sexenio.
Las novedades incorporadas en el último Congreso de Coalición Canaria
Hace unos días, Coalición Canaria ha celebrado su IV Congreso. La ponencia política aprobada por la militancia no presenta grandes novedades en relación con lo que viene siendo la afirmación ideológica de la organización durante los últimos años. De hecho, la ponencia política aprobada en el cónclave vuelve a definir al nacionalismo canario como «democrático y universalista; tolerante e integrador; archipielágico y atlantista; innovador y defensor del medioambiente»; algo que, con ligeras variantes, ya lo hacía la ponencia aprobada hace seis años.
El documento reafirma también el carácter constitucional del nacionalismo canario. La ponencia lo califica de «plenamente constitucional, pero profundamente reivindicativo de nuestras singularidades y vigilante a una reforma constitucional que pueda abrir la puerta a cualquier posibilidad política para el futuro de nuestra tierra en el concierto de las naciones del mundo».
Como se ve, el Congreso ha optado por reforzar los dos polos del binomio constitucional-reivindicativo que definían la identidad nacionalista de Canarias. Lo que antes era simplemente «constitucional», se convierte ahora en «plenamente constitucional». Pero lo que antes era una mera advertencia de «no renunciar» de antemano a la búsqueda de «nuevas vías de relación entre Canarias y el Estado español», se trueca ahora en una actitud proactiva -vigilante, se dice en el texto original- en pos de «una reforma constitucional que pueda abrir la puerta a cualquier posibilidad política para el futuro de nuestra tierra en el concierto de las naciones del mundo».
Pero el Congreso ha aportado una curiosa novedad. En esta ocasión, la ponencia política va acompañada de un Anexo, que contiene unas interesantes «Reflexiones ideológicas».Entre estas «Reflexiones» se incluyen algunas posiciones que, al menos hasta donde yo conozco, son inéditas en la producción documental histórica de la Coalición. En este momento, quisiera destacar tres:
a) La nación española no existe
Los nacionalistas canarios afirman su nación -la canaria; basada el hecho geográfico insular, una historia común, un desarrollo cultural compartido y en la conciencia colectiva que les hace identificarse como «un pueblo diferenciado y singular»- y niegan la nación española. Sencillamente, la niegan. Véase los términos en los que lo hacen:
«La identidad canaria al igual que la catalana, la vasca, la gallega, la andaluza, la castellana…como identidades naturales se contraponen a una identidad artificial como es la española, jamás existió un pueblo que se denominase a sí mismo español, la identidad española no existe y para sobrevivir además de apoderarse de elementos de otras culturas (especialmente la castellana) como su lengua, símbolos y características culturales ha de eliminar al resto de identidades, puesto que una identidad artificial no puede justificar su existencia por sí misma. Una identidad de carácter natural se caracteriza porque no tiene que negar otras identidades para sustentarse y construirse por eso la identidad nacional canaria, es real y tangible, frente a otras como la española que es una mera utopía.
Por lo tanto la razón nos asiste al afirmar que no existe la nación española, ni el pueblo español como tal. Ambos conceptos son una auténtica falacia por mucho texto legal que los avale, lo que sí existe es un Estado Español sobre el cual se sustenta un jacobinismo reaccionario en pos de la defensa de los intereses de unos pocos»
b) Se ha de reformar el Estado hacia un modelo de corte confederal
El segundo aspecto de las «Reflexiones» digno de mención es el proyecto que la Coalición formula para la reforma del Estado español. Los nacionalistas canarios toman partido «por una solución de corte confederal»; un modelo que conciben como que «el Estado sirve para a las diversas naciones que lo conforman y no como sucede en la actualidad donde el Estado se sirve de las mismas». Una Confederación, añade el documento, es «una asociación de carácter temporal o permanente entre estados soberanos» en la que «el poder central es limitado y controlado por los Estados que conforman la confederación».
En este sentido, Coalición Canaria apuesta por una reforma constitucional que «daría satisfacción a las demandas de soberanía de cada una de las naciones que conforman el Estado Español y permitiría un mayor grado de democracia y de progreso político, económico y social en todos los ámbitos, al limitar los abusos y mala gestión del Estado central».
c) La apuesta por la cosoberanía de Canarias y la relación bilateral con el Estado
En tercer lugar, los nacionalistas canarios hacen votos por establecer un régimen de bilateralidad que «implica que Canarias y el Estado se relacionan entre sí de igual a igual, sin subordinación de ningún tipo». Esta esquema de relación sería expresión de un régimen de cosoberanía, que habría de alterar «la noción de soberanía absoluta que comparte el Estado; una noción caduca y vetusta no adaptada a los nuevos tiempos de la Unión Europea».
¿Y el Partido Popular?
Todo lo anterior, no resultaría especialmente interesante -más allá, quiero decir, del interés que en sí encierra la evolución ideológica de cualquier formación política- si no fuera porque el partido que hace estas afirmaciones de identidad ideológica, gobierna en Canarias con el apoyo del Partido Popular.
En Euskadi el Partido Popular viene defendiendo todavía, con una tenacidad digna de mejor causa, que no cabe entenderse con las organizaciones políticas que no creen en España. María San Gil defendió este discurso con ardor y la nueva dirección de los populares no parece desmarcarse, en este punto, de las tesis que defendía su ex presidenta. Unos y otros abominan de Ibarretxe porque es partidario de un soberanismo radicalmente inaceptable para ellos. Y con el PNV, igual. Ni hablar. Y menos aún suscribir pactos institucionales.
En une entrevista publicada en prensa poco antes de su elección como presidente del PP (El Mundo, 14.06.08), Antonio Basagoiti afirmaba que la idea de acercarse a los nacionalistas (vascos, se entiende) le dejaba frío. Y añadía: «Con este PNV no se puede ir ni a heredar, porque está con un proyecto de consulta que sólo es alimento para los energúmenos de la banda». Y con respecto a la posibilidad de pactar en el nivel local, añadía: «Se puede coincidir, pero no veo al PP sosteniendo gobiernos del PNV».
Pues ya ven. En Euskadi no, pero en Canarias sí. El PP sostiene un gobierno presidido por una Coalición Canaria que niega la nación española y apuesta por la cosoberanía bilateralizada en un Estado español de carácter confederal.
Blog de Josu Erkoreka 
esta claro que la contradicción de la que hace uso el PP es descarada , pero ¿por qué no ser valientes?¿Por qué no intentar el diálogo olvidando actitudes pasadas que igual son las que nos impiden caminar? no comparto las teorias basagoitianas pero está claro que hay que ejercer de integrante y tolerante si queremos encontrar una solución.
Josu.He leido en Deia un extraño artículo de Jon Azua sin terminar de averiguar si estaba o no de acuerdo con el acuerdo presupuestario.No se si iba o venia.¿Te sientes contento con lo que decía Jon?.
Efectivamente, Marina, ahí está la clave. El diálogo no es garantía de solución, pero sin él, la solución es, sencillamente, imposible.
Convengo umbemendi, en que el artículo suscrito por Jon Azua en Deia era extraño. Creo, sinceramente, que no es lo mejor que el ex Vicelehendakari ha publicado en su vida. Valorar adecuadamente cosas que se desconocen o se conocen mal es, siempre, difícil. Y tanto la pregunta sobre si el acuerdo incluye o no el compromiso de apoyar los presupuestos en el Parlamento vasco, como las consideraciones sobre el contenido del acuerdo sobre el puerto de Pasaia, me hacen pensar que estamos en alguno de estos dos supuestos.
Por lo demás, creo que ninguno de los acuerdos puede ser considerado como una consecencia natural de «la racionalidad de la buena gestión». No nos engañemos. Un compromiso como el alcanzado con el puerto de Pasaia nunca viene de suyo. En un contexto de recursos limitados, como es siempre el presupuestario, hay que arrancarlo. Y si no recibe un impulso político, puede quedarse estancado durante años. Podría poner muchos ejemplos, pero creo que bastará con uno. Si el año 1996 no se hubiese alcanzado con el PP el acuerdo que permitió poner en marcha Euskaltel, hoy, es probable que hasta la red de telecomunicaciones de titularidad del Gobierno vasco estuviese en manos de telefónica. Alguien apostó, sin embargo, por un operador propio y creo que poca gente, hoy, se arrepiente de aquella decisión.