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Posts Tagged ‘Crisis económica’

Durante los últimos días, los socialistas y los populares se han enzarzado en una agria discusión en torno a la envergadura de los recortes sociales que unos y otros tienen previsto aplicar en el gasto público en el supuesto de que gobiernen. Las acusaciones cruzadas se han elevado de tono y los epítetos empleados para denostar al oponente han sido -y siguen siendo- de grueso calibre.

Rubalcaba ha movilizado a los barones territoriales de su partido, para que denuncien, al unísono, los despiadados ajustes que las comunidades autónomas gobernadas por el PP están llevando a cabo en el ámbito de las políticas sociales: fundamentalmente, sanidad, educación y dependencia. En un claro intento de extender la alarma entre los votantes, ha querido anticiparles, cruda y descarnadamente, lo que será la actitud que Rajoy adoptará ante la acción social pública, si las urnas le dan el triunfo el próximo 20-N. Una actitud restrictiva claramente orientada hacia el desmantelamiento del Estado del Bienestar. Lo que está ocurriendo en las comunidades que gobiernan los populares -ha venido a sugerirles- no es más que una pequeña muestra de lo que harán si ganan las próximas elecciones generales y acceden a La Moncloa. Tomen nota, por tanto, y actúen en consecuencia.

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Hoy, día 22 de septiembre, concluía el plazo de 15 días que el artículo 167 de la Constitución establece para que la décima parte de los miembros del Congreso -o del Senado- pueda solicitar la celebración de un referéndum para la ratificación de la reforma que recientemente se llevó a cabo en el artículo 135 de la carta magna. Y como cabía esperar, no se ha logrado reunir las 35 firmas necesarias para activar la solicitud. Ni un sólo diputado popular se ha desmarcado de la disciplina impuesta por su Grupo Parlamentario. En el PP no se andan con juegos en eso de respetar la autoridad. Y entre los socialistas, el desmarque ha sido anecdótico. Manifiestamente insuficiente, en cualquier caso, para alcanzar el umbral cuantitativo fijado en la Constitución. Los firmantes no hemos llegado a veinte, porque CiU se ha negado a prestar sus diez escaños si no se conseguían, previamente, las veinticinco firmas que, sumadas a las suyas, permitían alcanzar el porcentaje exigido por la norma constitucional.

Es una pena. Hubiera sido interesantes conocer la actitud de los ciudadanos ante una reforma que, pese a su aparente contenido técnico, encierra un importante contenido político, porque constreñirá notablemente la capacidad de actuación de las administraciones públicas en el ámbito económico. Ya nada será igual que hasta ahora en el terreno de la inversión pública. Y más concretamente, la capacidad inversora de los ayundamientos quedará reducida a un nivel meramente anecdótico.

El martes por la tarde, Uxue Barkos y yo nos encontramos en la Carrera de San Jerónimo con un grupo de mujeres jóvenes que estaban intentando entregar a los diputados un folleto en el que se les pedía incorporarse a la solicitud de referéndum. Nadie les hacía caso. Los diputados les eludían, disimulando o mirando para otro lado. «Sólo nos atienden -nos dijeron- los que, como ustedes dos, están a favor del referéndum. Acabamos de hablar con Llamazares y con Jorquera. Pero luego hemos querido acercarnos a un grupo de electos y nos han ignorado». Su situación me produjo tristeza. Nos hemos pasado años lamentándonos por el escaso interés que los jóvenes sienten por la política y ahora que adquieren conciencia cívica y se empiezan a movilizarse se encuentran con un muro frío, duro e insensible, que les deja de lado sin siquiera escucharles.

Me hubiera gustado muchísimo que el referéndum pudiera celebrarse. Estoy tan seguro de que el Sí se  hubiese impuesto en España, como que en Euskadi hubiera prevalecido el No. El contraste entre los dos ámbitos ya tiene un precedente: así ocurrió en el referéndum sobre la incorporación a la OTAN.

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Estos últimos días nos ha sorprendido la actitud expresada en público por las máximas autoridades económicas de los países emergentes que integran el BRIC (Brasil, Rusia, India y China), cuando prometían reunirse próximamente para estudiar las medidas que pueden adoptar, individual o conjuntamente, con el fin de ayudar a Europa a salir de la crisis económica y financiera en la que se encuentra sumida. Aunque es sobradamente conocido el -enorme y, por lo demás, creciente- potencial económico que encierran estos cuatro países, no deja de resultar chocante el hecho de que Europa, el teórico corazón del primer mundo, se vea en la tesitura de aceptar la asistencia de economías que hasta ayer se consideraban en vías de desarrollo y que, incluso hoy, albergan, pese a sus elevadas tasas de crecimiento, inmensas bolsas de pobreza y miseria. Quien no haya paseado por Nueva Delhi, no se haya adentrado en el mundo rural de China o no haya visto con sus ojos las legiones de jóvenes indigentes que vagan, medio desnudos, sobre el asfalto de Río de Janeiro, difícilmente puede darse cuenta de lo paradójico que resulta ver a sus gobernantes ofreciendo apoyo a la opulenta  y próspera Europa. Y sin embargo, es así.

Si Europa se uniese para echar un pulso a los mercados, cortaría de raíz las turbulencias que le afligen

La potencias emergentes se están ofreciendo a ayudar a Europa a salir del atolladero provocado por el estancamiento económico, el déficit público y las primas de riesgo. ¿Gratuitamente? No, claro. Por interés. Porque su desarrollo y crecimiento futuros, dependen, en buena medida, de la existencia de una Europa fuerte y abierta a la interacción comercial y tecnológica con ellos. Y en el caso de China, además, porque está interesada, como todo buen latifundista, a mantener sus fincas en perfecto estado de conservación y ornato. Lo que iba camino de convertirse en la única fábrica del mundo, se está erigiendo, paso a paso, en el principal banquero de los países ricos y en el primer terrateniente del mundo, que acumula intereses y haciendas en todos los continentes.

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La farsa ha terminado. Todavía queda el trámite del Senado, pero se puede decir que la reforma del artículo 135 de la Constitución es un hecho. Nadie lo pone en duda ya. El aplastante rodillo parlamentario forjado entre el PSOE y el PP lo asegura. En la sesión de hoy, que ha servido para dar el visto bueno del Congreso a la reforma, los populares estaban exultantes. El PSOE les está prestando una ayuda inconmensurable para implementar su programa electoral, ante, incluso de ganar las elecciones y hacerse con las riendas del Gobierno. En las filas socialistas, por el contrario, reinaba la desolación. Solo dos diputados de su Grupo Parlamentario han tenido las agallas suficientes como para desmarcarse de la disciplina del voto, pero no hacía falta ser demasiado perspicaz para darse cuenta de que la gran mayoría de los restantes, estaba deseando hacerlo, también. Su alma estaba con los cientos de personas que durante las primeras horas de la mañana se manifestaban en los alrededores del Congreso oponiéndose a esta reforma.

A uno de ellos, experto constitucionalista, le he preguntado si conoce algún caso, en el Derecho comparado, de reforma constitucional tramitada con tanta urgencia, oscurantismo y ausencia de garantías. Su respuesta ha sido lacónica pero clarificadora: «No. No, al menos, en el mundo democrático». Sólo ha transcurrido una semana entre el momento en el que la iniciativa fue registrada cámara y el de su aprobación definitiva por el Congreso. Una sola semana. De viernes a viernes. Un tiempo récord si se tratase de una ley ordinaria. Algo insólito en una reforma constitucional.

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No hace falta que nadie intente convencerme sobre las bondades del equilibrio presupuestario. Comparto plenamente la regla básica de que, por norma general, no se debe gastar más de lo que se ingresa. Se trata de una regla saludable y plausible de buena gestión económica que vale -o debería valer- para todo tipo de entidades: para las familias, para las administraciones públicas y también, aunque muchas veces no se note, para los equipos de fútbol. Con carácter general, no se debe gastar lo que no se tiene. Esa es la regla básica.

Ahora bien, todo lo que esta regla tiene de positiva, prudente y razonable, desaparece completamente a partir del momento en el que se incorpora, con carácter imperativo, a la norma más rígida del ordenamiento jurídico, que es la Constitución. Como pauta básica de gestión económica, la regla es excelente. Pero como norma constitucional es funesta.

Cuando lo que es de sentido común se tiene que expresar a través normas rígidas y coercitivas, pierde completamente todo lo que tiene de sentido y todo lo que tiene de común. Y esto es, a mi entender, lo que sucede con la reforma constitucional planteada de consuno entre el PSOE y el PP; que rompe la máxima que en mi opinión debe guiar el equilibrio presupuestario: preconizar sí, constitucionalizar no. Preconizar sí, porque el equilibrio presupuestario, prudentemente gestionado, contribuye eficazmente a garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Pero constitucionalizar no, porque, como toda regla general, la del equilibrio presupuestario ha de tener sus excepciones. Y la rigidez de la carta magna es incompatible con la flexibilidad y al buen sentido que ha de presidir la gestión de esas excepciones.

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Si el Lehendakari Aguirre levantara la cabeza y viese lo que está ocurriendo en Europa, comprobaría, con satisfacción, que se van cumpliendo buena parte de sus vaticinios que en su día formuló a propósito de la evolución que había de experimentar la estructuración política del continente. Y encontraría motivos para expresar, una vez más, y con el entusiasmo que en él era habitual, el encendido europeísmo que inspiró el grueso su trayectoria política. 

Aguirre anticipó que el proceso de unificación europea, imprescindible en un mundo crecientemente globalizado e entrelazado, iba a forzar la transformación del vetusto modelo de Westfalia -formado por una pléyade de Estados independientes, soberanos y formalmente iguales entre sí- en un modelo radicalmente distinto, en el que la soberanía de los Estados iba a verse minimizada, como consecuencia de la presión ejercida sobre ellos por la globalización económica y los procesos de integración. La inevitable cesión de soberanía a Europa, en el marco de una unión política que por aquel entonces empezaba ya a adquirir una entidad no desdeñable, constituyó la base argumental desde la que Aguirre formuló sus augurios y expresó su fervoroso europeísmo.

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Cuando concluyó el último Pleno que clebró el Congreso antes de las elecciones municipales, escribí un post titulado «Sobre lo que nos espera tras el 22-M»,  en el que llamaba la atención sobre la posibilidad de que las finanzas públicas locales -y en cierta medida también las autonómicas- se encontrasen en un estado aún más deplorable de lo que parecía y de que las corporaciones entrantes, una vez constituídas, se dedicasen a sacar de los cajones todas las facturas acumuladas durante años, poniendonos a todos, con suma crudeza, ante la desnuda realidad de la bancarrota  financiera en la que nos hallamos inmersos. Muy significativamente, ilustré la entrada con una fotografía que obtuve hace casi un lustro en el desierto de Namibia. Una imagen bonita, sin duda -a mí me encanta-, pero provocativa. Lo que nos espera tras el 22-M, venia a sugerir con ella, podría ser el desierto. Pero las principales corrientes de la opinión públicaba circulaba en ese momento en otra dirección y el post quedó perdido, sin pena ni gloria, en el bosque de las casi mil entradas que acumula el blog.

Sin embargo, el ruidoso rifirrafe planteado estos días entre los socialistas y los populares españoles en torno a las cuentas públicas de aquellas instituciones en las que los segundos están llamados a relevar a los primeros, me lleva a retomar aquella reflexión. Me temo que acerté. Incluso es posible que me quedase corto porque, según veo, no sólo se amenaza con sacar a la luz todas las facturas impagadas que se encuentren -que eso es, en última instancia, someter a auditoría preventiva la institución que se va a gobernar- sino que se lanzan al viento acusaciones tan graves como la de haber quemado los documentos más comprometedores. No hay, como se ve, situación alguna, por mala que sea, que no sea susceptible de empeorar. La realidad, muchas veces, supera con mucho la capacidad de imaginar.

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Hoy hemos celebrado en el Congreso la última sesión plenaria anterior a las elecciones del 22 de mayo. El vasco ha sido el único grupo parlamentario de la cámara que tenía en el hemiciclo a todos sus diputados. El único. Ni el socialista, ni el popular, ni el catalán, ni el de Esquerra-IU, ni el mixto han ocupado la totalidad de sus escaños.

Hemos guardado un minuto de silencio en homenaje y recuerdo de las víctimas del terremoto de Lorca y hemos dado el visto bueno definitivo a un paquete de proyectos de ley que regresaba del Senado con las enmiendas aprobadas allí. Entre los proyectos procedentes de la cámara alta, se encontraba el de la ley de Ciencia y Tecnología, que se ha aprobado con un consenso cercano a la unanimidad. Pero como ha hecho notar Beloki en su intervención, lejos de resolver todos los problemas vinculados a este sector, la norma aprobada se limita a definir un marco jurídico en el que todo está por hacer. El verdadero desafío comienza precisamente ahora. Y la economía del futuro pasa por ahí; por un adecuado desarrollo del conocimiento, la tecnología y la innovación.

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El rescate solicitado por Irlanda a la UE y el FMI nos ha puesto a todos los pelos de punta. Primero fue Grecia. Era la primera vez que las instituciones europeas -que, en estos asuntos, siguen siendo aún los países miembros- acordaban salir al rescate de uno de los Estados de la zona euro. Nunca antes habíamos conocido una situación similar. Y todos confiábamos en que fuese, también, la última. En el fondo, era bastante común la creencia de que Grecia es un país poco disciplinado, al que podía considerarse capaz de falsear las cuentas y de intentar escurrir el bulto ante sus socios comunitarios a la hora de dar cumplimiento a los compromisos suscritos por todos en el pacto de estabilidad. Más de uno tendía a pensar que los griegos son así y que sus problemas con la disciplina presupuestaria son difícilmente extensibles al resto de los miembros de la eurozona. «Seguro que será un caso único», oí exclamar a uno de esos optimistas impenitentes que pueblan el planeta.

Sin embargo, el Consejo Europeo no quiso pecar de imprevisor y acordó constituir un Fondo de 750.000 millones de euros para salir al rescate de los países de la eurozona que pudieran necesitarlo en el futuro. Se nos dijo que, más que una cautela -que en realidad no era necesaria- aquella medida constituía un mensaje de firmeza que la UE lanzaba a los mercados, para que dejasen de jugar a la ruleta rusa con las finanzas públicas de los Estados miembros. La manera más eficaz de cortar de raíz la jarana especulativa, consistía, al parecer, en cubrirse de antemano, con un parapeto financiero de envergadura y solidez suficientes como para producir un efecto disuasorio sobre los hipotéticos agresores. Nadie se agota inútilmente intentando el asalto a una fortaleza manifiestamente inexpugnable.

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“No estamos en crisis”. Con esta provocadora frase, me expresaba, hace unos meses, su visión sobre la situación económica, un alto directivo de una compañía cuyo proyecto empresarial descansa sobre el conocimiento, la tecnología y el valor añadido. “No estamos en crisis -me decía- y se equivocará radicalmente quien piense que lo estamos y actúe como si lo estuviésemos”. “Estamos -añadió- ante un cambio de paradigma, que es algo muy diferente”. Sus palabras me hicieron reflexionar. No se trataba de un interlocutor cualquiera, sino un hombre bien informado, que trabajaba en una empresa bastante bien situada en el mercado. Y aunque no soy un experto en asuntos económicos, tengo la impresión de que no le faltaba razón en una buena parte de su planteamiento. Me explico.

Si estuviésemos ante una crisis, acertaríamos, sin duda, al aplicar, ahora, medidas excepcionales, con el propósito de regresar a las políticas anteriores tan pronto como la mejora de la situación económica lo permitiera. Pero no estamos ante una crisis. Estamos ante un cambio de paradigma. Y si la crisis es, por definición, algo coyuntural y pasajero, el paradigma tiene, por naturaleza, una clara vocación de permanencia en el tiempo. Yerra, por tanto, quien se empeñe en afrontar la situación actual con medidas anticrisis concebidas como extraordinarias, transitorias y temporales. Se equivoca quien crea que las medidas de control, austeridad y rigor que ahora nos vemos obligados a aplicar, tanto en lo público como en lo privado, son estrellas fugaces, esencialmente pasajeras, que en cuanto se inicie la recuperación, se irán a la misma velocidad a la que han venido. Estas medidas no se irán. No debemos engañarnos. Vienen para quedarse, porque en el nuevo paradigma económico ya no habrá espacio para las conductas relajadas, la ineficiencia y el despilfarro. La grasa que ahora quitemos a las organizaciones públicas y privadas, ya no se recuperará, porque los nuevos tiempos exigirán músculo, tensión y flexibilidad. Y lo exigirán, no sólo para los momentos críticos y difíciles, sino para todos los momentos, porque el modelo que inauguramos será muy exigente y estará, todo él, repleto de momentos difíciles.

Visita de diputados y senadores del PNV a un centro tecnológico vasco

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