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Archive for 9/10/11

Rubalcaba ha dicho recientemente que, si gana las elecciones -es un suponer-, incorporará a la ley la necesidad de observar, con carácter inexorable, el principio “un político, un sueldo”. De manera que quien se encuentre en el desmpeño de alguna función política, no pueda percibir más retribuciones que las asignadas al cargo público que ocupe. Se trata de una propuesta muy loable, que se encuentra en plena sintonía con estos tiempos de austeridad pública que nos están tocando vivir. Lo que no se acaba de entender es que proceda precisamente de él. Cuando negociamos, recientemente, la reforma del de la Ley Electoral y del Reglamento del Congreso de los Diputados con objeto de ajustar el estatuto personal de los parlamentarios, el Grupo vasco propuso obligar a todos los electos de la cámara a elegir entre el escaño o el despacho. Aducíamos, para ello, razones de ética y de eficacia. Las primeras no requieren explicación. Las segunda son fáciles de comprender si se tiene en cuenta que el diputado que complete su salario con emolumentos procedentes de otras instancias, públicas o privadas, acabará desatendiendo la función representativa parlamentaria que tiene encomendada y prestando más atención a los trabajos por los que recibe el segundo sueldo que a las labores que le corresponden como electo.

Pues bien, nuestra propuesta embarrancó, porque le pusieron proa el PSOE y el PP. Así de claro. Las causa de su oposición son conocidas: en ambas formaciones hay electos a los que el partido les pone un sueldo distinto al que les corresponde en función del cargo público que desempeñan. Es decir, ni en el PSOE ni en el PP se viene observando el principio “un político, un sueldo”.

Pero aún hay más. Durante el año 2011 el Congreso ha debatido en dos ocasiones el estatuto de los ex-presidentes de Gobierno, con motivo de sendas iniciativas que planteaban la supresión de la pensión vitalicia que tienen legalmente asignada -el 80% del salario que percibieran en el momento del cese-  en el supuesto de que sus beneficiarios percibiesen otros emolumentos. Hay que recordar a este respecto que, hoy por hoy, esta pensión es compatible con la percepción de cualquier otro tipo de remuneración, pública o privada. Y que, de hecho, los ex-presidentes más conocidos, González y Aznar, la compatibilizan con la participación en consejos de administración de compañías privadas que retribuyen generosamente a sus cargos. No se trataba de privarles de la pensión, sino de forzales a optar: o van de lobbistas o ejercen de ex-presidentes. Pero ambas cosas a la vez, no puede ser.

Las iniciativas no prosperaron, evidentemente. Ni tan siquiera fueron tomadas en consideración. ¿Saben quienes se opusieron? El PSOE y el PP. Los dos. Ninguno de los dos creía en la plena aplicación del principio: “un político, un sueldo”. De ahí que sorprenda la propuesta de Rubalcaba.

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