Durante las últimas semanas, la prensa ha publicado informaciones alarmantes sobre la posibilidad de que Roberto García-Calvo, el magistrado del Tribunal Constitucional recientemente fallecido, hubiera sido objeto de seguimiento y vigilancia por parte de los servicios de inteligencia españoles. Hace unos meses, saltó a los medios una denuncia similar por parte de Manuel Pizarro, cuya escolta detectó un movimiento extraño que el entonces presidente de Endesa y hoy diputado popular, no dudó en atribuir a los servicios de información del Estado.
El Gobierno, por supuesto, lo niega todo.
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Blog de Josu Erkoreka 