
Imagen de la última y única transferencia realizada a Euskadi por el Gobierno Zapatero. La arrancó a pulso el PNV en la negociación presupuestaria
Durante la última campaña electoral, publiqué un post en el que calificaba de fraudulentas algunas de las promesas que el candidato socialista a Lehendakari estaba haciendo ante los votantes, para el supuesto de que lograse acceder a Ajuria Enea (Los 100 motivos para el cambio de Patxi López; otro fraude, publicado el 18.02.09).
Mis apreciaciones no eran infundadas. Antes al contrario, contaban con un sólido respaldo. La semana previa, el PSE había difundido un folleto en el que prometía asumir «de acuerdo con el Estado, las competencias en materia penitenciaria». Y ese mismo día, la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado -hoy promovida a la alta dignidad de Vicepresidenta Segunda del Gobierno- nos había respondido a una pregunta oral, formulada en el Pleno, reiterando, por enésima vez, la posición contraria del Ejecutivo central a la realización de ese traspaso. ¿Cual de las dos posiciones -preguntaba en aquel post– creen ustedes que se impondrá? ¿La de López o la del Gobierno central?