Ayer, domingo, a media tarde, recibí una llamada telefónica en la que se me anunciaba que una embarcación atunero-congeladora de matrícula bermeana, había sido asaltada en el mar índico, por unos piratas de origen somalí. No es la primera vez que ocurre algo así. En los últimos años, otros buques de diferente pabellón y condición han sido objeto de ataques similares, siendo secuestrados, conducidos a la costa de Somalia y forzadamente retenidos allí, hasta que el armador haya satisfecho el rescate fijado para su liberación. Parece mentira, pero todavía siguen ocurriendo cosas de este tipo en pleno siglo XXI. Piratería pura, promovida por unos insaciables señores de la guerra que, tras devastar todo lo devastable en tierra firme, se han hecho a la mar, para ejercer allí sus tropelías.
No es, pues, un asunto nuevo. Tampoco es un asunto que el Gobierno español desconozca. Desde hace ya varios años, el Grupo Parlamentario vasco del Congreso, viene llamando la atención del ejecutivo sobre este grave y delicado asunto. El problema es que Zapatero y su gabinete se han venido desentendiendo de la cuestión, en una actitud criticable, que se sitúa a medio camino entre la desidia, la ligereza y la irresponsabilidad.
He aquí, brevemente expuestas, algunas de las principales actuaciones parlamentarias que los diputados de EAJ-PNV hemos llevado a cabo en este ámbito.
El 20 de septiembre de 2006, hace ya año y medio, pregunté a Zapatero en una sesión de control, por las medidas que estaba dispuesto a adoptar para plantar cara a este problema. Le sugerí la posibilidad de enviar a aquellas latitudes «alguna fragata, algún helicóptero que vele y garantice la seguridad y la protección de estos pescadores». Su respuesta no pudo ser más insatisfactoria. Se limitó a responder que el Gobierno había prohibido a los buques de pabellón español adentrarse en la «zona económica exclusiva de Somalia» y que, en las aguas internacionales, donde, según él, «el riesgo es menor», se estaban adoptando «medidas coordinadas de prevención y defensa entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación».
No es de recibo que, ante un problema como el expuesto, el Gobierno se limite a prohibir la pesca en la zona peligrosa. ¿Para qué está el Estado si no es para garantizar a los empresarios las condiciones de paz, estabilidad y seguridad que les permita ejercer libremente y sin cortapisas su actividad económica? ¿Para qué está el Estado si no es para procurar que los agentes económicos puedan desarrollar con normalidad las actividades que llevan a cabo para generar trabajo y riqueza? Los armadores que envían sus buques a faenar al mar índico, no lo hacen por capricho. En la zona del llamado cuerno de Africa se encuentran algunos de los mejores caladeros de túnidos del mundo. Por eso se dan cita allí, todos los años, las flotas atuneras más competitivas del planeta. Prohibir es lo más fácil. Pero ¿cómo se promueve el desarrollo económico? ¿De qué manera se favorece la iniciativa empresarial? ¿Prohibiendo? Es obvio que no. Protegiendo al que arriesga su dinero para generar prosperidad.
Pero la respuesta del presidente era mucho más imprecisa y preocupante aún cuando se refería a la zona exterior a las 200 millas, que es donde ahora se producen los ataques de los piratas. Porque hasta hace dos o tres años, sólo operaban en los mares jurisdiccionales de Somalia; en el límite de las 200 millas. Pero ahora, superan abiertamente esa línea, realizando sus ataques en los mares internacionales. En ese ámbito -afirmaba- se estaban adoptando «medidas coordinadas de prevención y defensa». Parole, parole, parole.
En el turno de réplica, le hice ver a Zapatero, mi radical disconformidad con la respuesta que me había dado: «El Estado -observé- tiene medios suficientes para proteger a estos pescadores y debe hacerlo, no puede eludir su responsabilidad. Señor presidente, si el Estado no garantiza la seguridad de estos pescadores, ¿qué les queda?, ¿para qué les sirve el Estado?». Una vez más, su reacción fue lamentable. He aquí la respuesta que me dio:
«Es evidente, señor Erkoreka, que el Estado tiene medios, pero tiene que valorar la eficacia de los medios que pone a disposición ante una situación como la que estamos debatiendo; tiene que hacer una evaluación razonable para ver si es posible conseguir esa eficacia y si merece la pena utilizar esos medios. Eso es lo único que quiero someter a su reflexión y a la ponderación de los intereses que tenemos en juego».
Como se puede ver, una vez más, Zapatero mareaba la perdiz y salvaba el expediente con una respuesta imprecisa y sin compromiso alguno. Ha sido lo habitual en toda la legislatura: Salirse por la tangente, sin agarrar a los temas por los cuernos.
En julio del año pasado, el Grupo Parlamentario vasco volvió nuevamente sobre el asunto. Aprovechando la oportunidad que el debate sobre el estado de la nación nos brinda para someter a la consideración de la cámara propuestas de resolución, registramos una en la que se instaba al Gobierno a enviar al índico una fragata que se encargase de patrullar la zona, velando por la seguridad de las embarcaciones de pabellón español -una treintena- que faenan por aquellos lares. Su texto era claro e inequívoco. Se exigía al Gobierno:
«Desplegar una patrullera o fragata, con apoyo de un helicóptero, en el borde de las 200 millas de Somalia, para la protección de su aguas exteriores durante los meses de agosto, septiembre y octubre, coincidentes con la presenta de la flota cerco-atunera española en aquella zona»
El PSOE votó en contra de la propuesta, sin que los siete diputados vascos que el PSE tenía en la cámara baja, rechistasen lo más mínimo. Así defienden las huestes de Patxi López los intereses de los ciudadanos vascos. Luego dirán que los nacionalistas vascos sólo pensamos en el soberanismo, mientras ellos hacen política a ras de tierra. Sin embargo, la propuesta se aprobó, porque contó con el apoyo de todos los demás grupos.
La fecha en la que se aprobó la resolución tenía su razón de ser. La costera más productiva del mar índico, discurre entre los meses de julio y noviembre. Es en este lapso temporal donde mayor intensidad adquiere la presencia de barcos atuneros al norte de Madagascar. Así pues, el mandato llegaba a tiempo para atender las necesidades de seguridad que nuestros buques necesitaban para dar inicio a la campaña de pesca.
Pero el Gobierno no tenía intención alguna de cumplir la resolución parlamentaria. Y se acogió arteramente al periodo vacacional, que siempre acarrea un cierto relajo, para hacerse el despistado, en la confianza de que el incumplimiento pasase inadvertido tras la soleada cortina veraniega. Por ello, ya en el mes de agosto, aprovechamos la convocatoria de una Diputación Permanente para exigir la comparecencia de los ministros de Exteriores y Defensa a fin de que diesen cuenta de las medidas que tenían previsto adoptar para cumplir la resolución arriba citada. No estábamos dispuestos a que el Gobierno se escurriese sin hacer nada, en un problema que tan seriamente afectaba a vidas y haciendas.
La Diputación Permanente se celebró el 28 de agosto y el Gobierno, remolón donde los haya, se comprometió a comparecer tan pronto como diese comienzo el periodo de sesiones.
No se precipitaron. Una vez más hicieron patente su propósito de dilatar al máximo la resolución del asunto sin hincarle el diente con la firmeza requerida. Finalmente, la comparecencia tuvo lugar el 3 de octubre. Y en ella, comprobamos con estupor que el Gobierno seguía sin estar dispuesto a hacer algo eficaz para garantizar la seguridad de los pescadores que trabajan en el mar índico. Nos dijeron que no era viable enviar una fragata. Además de caro -sostenía- había problemas técnicos para que pudiera cumplir su misión de un modo eficaz.
El problema es que no sólo se negaron a dar cumplimiento a la resolución aprobada por el parlamento. Tampoco pusieron en marcha otras fórmulas para abordar el problema. No cerraron, por ejemplo, un protocolo con el Gobierno francés, que sí tiene desplegadas en la zona algunas unidades de sus fuerzas navales, para que hiciesen extensiva a las embarcaciones de pabellón español la protección que ya vienen ofreciendo a los buques atunero-congeladores de origen francés. Y, en fin, tampoco se comprometieron a forzar, en el seno de la UE, la incorporación de este asunto a la agenda del Consejo o de la Comisión. Increíble, pero cierto. Todo fueron buenas palabras: «Estaban en ello»; «Eran conscientes de la gravedad del asunto; «Habían hecho contactos y gestiones»; «Tenían el propósito de seguir haciéndolos»…etc. Pero ni un solo compromiso tangible. Ni una sola iniciativa que ofreciese una salida alternativa, bilateral o multilateral, a la propuesta por nuestro grupo. Era evidente que el tema no les interesaba. No, al menos, en la medida necesaria para comprometerse en serio a resolver el problema.
El debate fue desolador. Al poner fin a mi intervención, afirmé:
«Concluyo ya, señor presidente, haciendo referencia a un comentario que ha hecho la portavoz socialista a este respecto. Comparto con ella la necesidad de encontrar soluciones que garanticen una respuesta permanente a este problema, mejor que soluciones rápidas y urgentes, pero que puedan plantear problemas de permanencia en el tiempo. Pero la búsqueda de soluciones permanente no puede ir en detrimendo de la eficacia y de la necesidad insoslayable de antender ya el problema que en este mismo momento se plantea sobre la seguridad de estas embarcaciones y sus tripulantes. Si hoy se produjera -Dios no lo quiera- un ataque a estas embarcaciones, a nosotros como responsables públicos, no nos eximiría de responsabilidad el hecho de haber estado trabajando en foros multilaterales a favor de soluciones duraderas en el tiempo. Seríamos responsables indirectos, pero responsables de alguna manera, de no haber garantizado la seguridad de esas embarcaciones y sus tripulantes»
Pues bien, ahora, el secuestro del «Playa de Bakio» pone descarnadamente de manifiesto la frialdad e irresponsabilidad con la que el Gobierno de Zapatero ha afrontado este problema. Ahora movilizan la fragata que no movilizaron el verano pasado. Ahora movilizan los recursos diplomáticos que se resistieron a movilizar a lo largo de 2007.
Bienvenidos sean si sirven para liberar cuanto antes y sin daño, la embarcación secuestrada y sus tripulantes. Pero hemos pedido ya la comparecencia urgente del ministro de Exteriores para qué dé cuenta de las medidas que el Gobierno tiene previsto adoptar a efectos de evitar que en el futuro no vuelvan a producirse episodios semejantes.
Si el Gobierno hubiese actuado con diligencia, adoptando las medidas preventivas que en su día le exigimos, hoy no sería necesario hacerle reproche alguno, porque somos conscientes de que ese tipo de medidas no garantizar al cien por cien la inexistencia de ataques como el que ha tenido lugar. Pero la indiferencia e irresponsabilidad con la que ha actuado, nos obligan a denunciar severamente su actitud. Esperamos que no se repita de cara al futuro.
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