El PNV siempre se ha opuesto a la posibilidad de que la Administración General del Estado pueda disolver, por sí misma, una corporación local elegida democráticamente. Y no lo ha hecho por tacticismo, o por motivos de oportunidad, sino por convicción; por razones de principio. Porque ha considerado que un ayuntamiento elegido por el pueblo soberano, sólo puede ser privado del mandato que expresamente le ha sido encomendado por los ciudadanos, si así lo resuelve el poder judicial en aplicación estricta de los supuestos tasados contemplados en la Ley. Pero la Administración pública no es quién para quebrar unilateralmente la expresión de la voluntad popular plasmada a nivel municipal. Ni la estatal, ni la autonómica. Es una exigencia de la autonomía local, que adquiere especial relieve en los sistemas en los que la autoridad municipal, directamente elegida por los vecinos, goza de una legitimidad democrática directa.
En la defensa de este postulado, el PNV ha mantenido una trayectoria firme y rigurosamente coherente.
También el PSOE y el PP han compartido este planteamiento de principio, pero su posición real ha oscilado en función de las coyunturas y de los intereses del momento. En ellos, la coherencia ha brillado por su ausencia.
Veámoslo brevemente.
Cuando se tramitó en las Cortes Generales la Ley de régimen local de 1979, el PSOE -al igual que el PNV, que en esto, insisto, nunca ha mutado posiciones- se opuso a que la norma permitiese al Gobierno disolver mediane una simple decisión administrativa, unas corporaciones locales de base democrática. Recuérdese que, en aquellos momento, el gobierno del Estado se encontraba en manos de la UCD, y el PSOE se encontraba en la oposición. El proyecto discutido incorporaba una previsión que procedía de la legislación franquista, donde el municipio, sin legitimidad democrática alguna, era como un títere en manos de la plenipotenciaria Administración General del Estado. Y, claro, los partidos políticos que se opusieron al régimen franquista, se oponían a la idea de mantener aquellas disposiciones en un marco democrático.
Pero como el proyecto de la UCD, pese a todo, acabó siendo aprobado, los socialistas la impugnaron ante el Tribunal Constitucional, acusándola de vulnerar la autonomía local. Fue un recurso suscrito por 56 senadores, cuya firma vino encabezada por la del conocido senador socialista José María Mohedano. Sin embargo, el alto tribunal desestimó el recurso en su sentencia de 2 de febrero de 1981. Declaró que no era inconstitucional permitir que el Ejecutivo estatal acordase la disolución de una corporación local, cuando se tratase de sancionar actuaciones de las corporaciones locales que resultasen gravemente dañosas a los intereses generales.
Cuando accedió al poder -en 1982- el PSOE cambió de criterio. Donde decía digo, pasó a decir diego. Y cuando remitió a la cámara el proyecto de Ley de bases de régimen local -todavía vigente- incorporó a su articulado un precepto similar al que unos años antes había impugnado ante el Tribunal Constitucional. El PSOE paso, pues, de considerar que la disolución gubernativa de una corporación local era algo rechazable, contrario a la norma constitucional, a incluirla en su propio proyecto de Ley. Dió un giro de 180 grados. El PNV, no cambió. Siguió en las mismas posiciones que venía defendiendo desde el principio.
Pero en ese momento, fue el PP el que se desmarcó. Su grupo presentó una enmienda a la totalidad -que correspondió defender nada menos al mismísimo José María Aznar- en la que se combatió con dureza esta previsión del proyecto. Aznar defendió desde la tribuna que «El Estado, para ser democrático, ha de apoyarse en municipios libres. Pero ¿qué tienen que ver las libertades locales con la facultad de disolución de Ayuntamientos y Diputaciones que la proposición atribuye al Gobierno? No es de recibo tratar a estas alturas a las entidades locales como entes menores de edad. Los controles habrán de hacerlos los tribunales competentes, previa impugnación».
En coherencia con esta crítica posición, el PP solicitó la supresión del artículo en cuestión y defendió su firme oposición con singular vehemencia.
Pero en 1996, el PP ganó las elecciones y asumió las riendas del Gobierno. Y cambió de criterio. Vaya si cambió. Aznar aseguraba en 1985 que «el Estado, para ser democrático, ha de apoyarse en municipios libres»; algo que, en su opinión, era incompatible con el reconocimiento a la Administración del Estado de la facultad gubernativa de disolver ayuntamientos. Pues bien, el año 2002 promovió una reforma legal que lo que se proponia era, precisamente, reforzar esa facultad gubernativa. Todo lo contrario, como se ve, de lo que había defendido años atrás.
De esa reforma resulta el texto vigente del artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local que algunos partidos políticos quieren utilizar para disolver los ayuntamientos gobernados por ANV.
Pero, ¿qué establece esta norma?
Por lo que ahora interesa, este artículo dispone, resumidamente, que el Gobierno, podrá acordar la disolución de los órganos de las corporaciones locales, cuando adopten acuerdos o lleven a cabo actuaciones «que den cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen, y los que menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familiares».
A nadie se le oculta que esta previsión resulta de difícil aplicación a un amplio colectivo de ayuntamientos que, por definición, actuarán con arreglo a dinámicas y requerimientos muy diversos. Para que pueda acordarse la disolución, la norma exige la existencia de acuerdos o actuaciones reiteradas y graves de apoyo o cobertura del terrorismo. ¿Se dan en la actualidad en todos los municipios gobernados por ANV? Es obvio que no. En algún caso, podrán haberse producido ese tipo de actos, no lo niego. Pero es absurdo pretender que se hayan producido en todos, por el solo hecho de que estén gobernados por ANV.
Es falso, pues, que la aplicación de este artículo a todos los municipios regidos por ANV sea una exigencia del Estado de Derecho. Todo lo contrario. Si queremos ser respetuos con el Estado de Derecho, tenemos que ser respetuosos con la Ley. Y la Ley, en su redacción actual, no permite la aplicación de esta norma como la que pretenden el PP y Rosa Díez.
El Estado de Derecho no consiste en tener base jurídica para hacer con ella lo que uno quiera -aunque el PP se acostumbrase, en la época de Aznar a hacerlo así- sino en ajustarse escrupulosamente a lo que, en cada caso, establece la Ley, dentro del respeto a unos principios generales que ni siquiera la Ley puede vulnerar. Y la Ley, hoy por hoy, no permite la disolución colectiva que se pretende.
¿Cabe su reforma para que en el futuro la disolución colectiva sea posible?
El PNV, ya lo he dicho, siempre se ha manifestado, por principio, en contra de este tipo de injerencias de las administraciones superiores en las corporaciones locales. También el PP y el PSOE lo estuvieron en su tiempo aunque, como se ha visto, luego cambiasen sus planteamientos. Que cambien, como cambiaba Groucho Marx. Allá ellos. Nosotros, no lo haremos. Y seguimos pensando, como al principio, que la autonomía local no es compatible con las disoluciones gubernativas de las corporaciones locales.
Blog de Josu Erkoreka 
Bale, me has convencido con argumentos y entiendo que no se pueda ni deba disolver de esta manera un ayuntamiento igual que no apoyo el derecho penal de autor cuando suspende las actividades de partidos políticos pero por favor ¡¡¡haced algo para echarles de la alcaldía!! ahí sí debe el PNV liderar el proceso, en Azpeitia y en cada ayuntamiento dónde no condenen el asesinato de un vecin@. Y asesinato es asesinato: violencia de género, de ETA, entre vecinos..etc.
Apeciado Josu,He leído con interés tu artículo como suele ser habitual.Ahora bien comulgo con Marisorgiña en hechos reales. Dejemonos de tanto lenguaje jurídico y seamos mas pragamáticos.Dices Para que pueda acordarse la disolución, la norma exige la existencia de acuerdos o actuaciones reiteradas y graves de apoyo o cobertura del terrorismo. ¿Se dan en la actualidad en todos los municipios gobernados por ANV? Un problema mal planteado, acarrea una solución equívoca, Josu. La respuesta es afirmativa, si que se dan. Por acción, por omisión, por afinidad, por mandato del MLNV. No se tenía que haber permitido en primer lugar que esos canallas estuvieran en los ayuntamientos porque son parte del MLNV, son ETArras. Y su misión encomendada claramente por el Movimiento de Esclavitud Nacional es de meter caña y debilitar al máximo posible en primera instancia a EAJ / PNV y en segundo lugar EA y demás.¿Porque? Porque está escrito, no hay mas que leer la múltitud de libros, artículos de presnsa (GARA), documentos internos de ésta gentuza. El enemigo principal siguiendo la coherencia, una vez identificada la CONTRADICCION PRINCIPAL es destruir a EAJ / PNV y seguidamente EA, que por cierto Ziarreta está jugando con fuego. No te pierdas las declaraciones de Rafael Larreina en su blog diciendo que Arnaldo Otegi es amigo suyo. Que con el tiempo han llegado a cultivar una amistad. Es sencillamente no haber entendido en que consiste el ENGAÑO al que nos quieren someter continuamente estos canallas con una aplicación de precisión meriadana de la dialéctica.Está escrito que en situaciones de emergencia las leyes se pueden modificar e incluso crear leyes de mayor rango dadas las circunstancias, terrorismo, por ejemplo.¿Que hacemos, esperar a que maten a otra persona donde ANV tiene su poltrona en el correspondiente ayuntamiento?Nos equivocamos dejando que este brazo de ETA se colara en los ayuntamientos.No volvamos a cometer un error de graves consecuencias arrugandonos y permitiendo que estos canallas siguen en sus puestos mofandose de la sociedad vasca.Habría que sacarles a la voz de ya de todos los aytos. donde están presentes, tanto en la CAV como en la CFN, si fuera necesario de las orejas.JELen,
Kaixo, amigos.
Estoy de acuerdo con Marisorgiña en que, allá donde pueden producirse acuerdos entre los partidos políticos que permitan privar a ANV de las alcaldías que ostentan, hay que hacerlo. Empezando por Azpeitia, que es el caso que está más fresco.
El problema es que, para poder registrar una moción de censura, es preciso el apoyo de la mayoría absoluta de los concejales. En el caso de Azpeitia, cuya corporación está integrada por 17 concejales, la moción ha de estar suscrita por 9. Nosotros -el PNV- tenemos 8. Nos falta un concejal para cumplir el requisito legal exigido por la Ley. Se lo hemos pedido a los dos partidos que lo tienen -EA y Aralar- y, hasta la fecha, ninguno de los dos ha respondido afirmativamente. Yo me temo que tampoco lo harán en el futuro. Ojalá me equivoque, pero sospecho que así sera.
EA mira para otro lado y pone excusas como el de que todavía es pronto. ¿Pronto? ¿Cuánto tiempo les hace falta para adoptar una decisión tan simple? ¿Cuanto tiempo necesitan para ponerse claramente en frente de los que no respetan los derechos fundamentales?
Y Aralar nos ha salido por peteneras, pretextando que nunca apoyarán a un gobierno municipal que no sea de izquierdas. Es decir, bla, bla, bla…
A ANV Kanpora, sólo le puedo decir que siento por ANV -por la ANV actual, quiero precisar; en tiempos de la II República mi abuelo materno fue también de ANV y aquello era otra cosa- la misma antipatía que él siente. Pero creo en los principios democráticos. En el respeto a la voluntad popular, en el imperio de la ley, en los derechos fundamentales y las libertades públicas, en la separación de poderes… Y en un Estado democrático, el respeto a la ley y al ordenamiento jurídico, como expresión de la voluntad popular, es un indicador decisivo para evaluar la salud y la calidad del régimen. Y lo cierto es que la Ley vigente, bien o mal planteada, hoy por hoy dice lo que dice. Podría establecer otras cosas, pero no lo hace. Esa es la verdad. ¿Podría modificarse? Sí, por supuesto. Pero, en mi opinión, nunca en quebrantamiento de los principios arriba descritos.
A mi juicio, la solución no pasa por retorcer las leyes para hacerles decir lo que en cada momento queremos que digan. Tampoco en legitimar por vía legislativa cauces excepcionales -de dudosa validez democrática- para adulterar el correcto funcionamiento de las instituciones. Creo que la clave está en que nos juntemos los partidos políticos democráticos para compartir estrategias políticas que eviten que los ayuntamientos sigan gobernados por alcaldes incapaces de condenar el asesinato de un vecino.
Quiero defender a rajatabla los principios democráticos, que son el único asidero que nos queda en las situaciones convulsas, sin desconocer -a mi, al menos, no se me oculta- la estrategia de la izquierda radical autodenominada abertzale, que persigue la derrota del PNV y la hábil utilización de la dialéctica marxista para acumular fuerzas en torno a un proceso revolucionario.
kaixo, josu.a mi entender, respecto al caso particular de azpeitia, no se da tanto una complicación en cuanto a los votos necesarios para llevar a cabo una moción de censura, sino las consecuencias del actuar político de gentes de muy poco fiar, como los de eusko alkartasuna.en azpeitia, las elecciones las ganó (si no estoy equivocado) eaj-pnv. la acción (y no la simple omisión)de eusko alkartasuna, entre otros, ha llevado a gobernar a anv.que resuelvan el lío ya, de forma inmediata. se encuentran muy cómodos aquellos que nunca asumen responsabilidades, y parece que la historia no va con ellos.agur bero bat.