El Estatuto de Gernika se encuentra en el epicentro del huracán político que azota al País Vasco durante los últimos tiempos. Basta una leve aproximación a las declaraciones de los líderes políticos, los artículos de opinión y las tertulias radiofónicas para observar que gran parte de los argumentos que se esgrimen en el debate ideológico sobre el futuro de Euskadi, aluden a él una y otra vez, bien sea para predicar la “estatutolatría”, bien para utilizarlo como arma arrojadiza o bien, -que de todo hay-, para atribuirle el origen de todos los males que aquejan al País Vasco. Muchos de los que antaño lo rechazaron se abrazan ahora a él como si fuera el núcleo de su ideario. Quienes durante años fueron acusados de frenar su desarrollo, no dudan ahora en enarbolarlo como banderín de enganche. Y no pocos de los que se erigieron en sus principales valedores, se debaten seriamente sobre si, a la luz de la experiencia de estos últimos 20 años, merece la pena continuar apostando por un texto cuyo proceso de aplicación lo ha ido dejando tan lejos del espíritu que inspiró su aprobación. Y en el fragor del debate, son muchos los que se preguntan si las nuevas adhesiones que se ha granjeado el Estatuto, son realmente respetuosas con su genuino sentido político o, por el contrario lo desnaturalizan, convirtiéndolo de hecho, en algo distinto a lo que realmente fue aprobado por el pueblo vasco.
Ciertamente, el Estatuto de Gernika no es patrimonio exclusivo de ninguna organización política y nadie –ni nacionalistas vascos, ni no nacionalistas, ni nacionalistas españoles, que los hay, muchos, y muy ardientes- puede pretender monopolizar el tarro de sus esencias. Pero esta consideración del Estatuto como un bien de dominio público que no puede ser acaparado por ningún sector social o político, no lo convierte en un texto sin significación propia; no lo convierte en algo vacío, cuyo sentido, alcance y contenido puedan ser libérrimamente definidos por cualquiera que se aproxime a sus postulados, por tarde y mal que lo haya hecho. Porque la decisión de adherirse al Estatuto no habilita a quien lo haga para atribuir a este documento la significación y el sentido político que le venga en gana. Antes al contrario le obliga, si no a asumir, cuando menos a no despreciar el que de suyo tiene.
¿Y cuál es -se preguntará- el sentido propio del Estatuto de Gernika?. En mi opinión no hay mejor manera de aproximarse a él que indagando en los debates que se produjeron entre las fuerzas políticas al tiempo de su aprobación. Intentando descubrir cual fue la idea en base a la cual, unas votaron -y pidieron el voto- a favor del mismo y otras lo hicieron en contra.
Pues bien, el análisis de los documentos de la época pone de manifiesto que aun cuando no se dio, en la sociedad vasca, una interpretación unívoca sobre el sentido del Estatuto, fueron muchos -y no sólo nacionalistas vascos- los que, a la hora de fijar su posición en el referéndum, consideraron que el rasgo que mejor definía a la norma institutiva de la Comunidad Autónoma Vasca era el hecho de que no establecía un marco rígido y hermético, radicalmente cerrado a toda alteración que no operase a través de una modificación formal de su articulado. En opinión de una gran parte de los grupos políticos, votar sí al Estatuto de Gernika significaba prestar su apoyo a un modelo de autogobierno intrínsecamente abierto a un marco más amplio que el estrictamente previsto en los preceptos de su parte dispositiva. Y, para casi todos los que así pensaban, la norma que permitía esta intelección del texto estatutario como un camino abierto más que como un callejón sin salida era su Disposición Adicional que, como se sabe, establece que la aceptación del Estatuto no supone renuncia del Pueblo Vasco a los derechos que le pudieran corresponder en virtud de su historia.
El único bloque político que rechazó unánime y rotundamente la consideración del Estatuto como texto abierto y flexible fue la llamada izquierda abertzale. Para las múltiples organizaciones que en aquella época conformaban este sector ideológico, el Estatuto que se sometía a referéndum era, por utilizar una expresión muy de moda, un “Estatuto-trampa”; una vía cerrada y sin salida alguna, que ahogaba definitivamente toda posibilidad de avanzar en el autogobierno y de resolver los problemas del País Vasco.
Pero, veamos, siquiera brevemente, en qué términos se expresó el discurso que subrayaba el carácter abierto del Estatuto de Gernika.
No parece necesario recordar que, entre los líderes de aquellos grupos políticos de adscripción nacionalista vasca que se pronunciaron a su favor, esta visión abierta fue preponderante. Su apoyo al texto estatutario se justificó apelando al pragmatismo y a la idea de que aun cuando el texto sometido a referéndum no era el ideal, era el único posible en aquél momento. Pero tanto en los mítines de campaña como en los folletos explicativos que inundaron el País, este argumento solía completarse con una referencia a la citada Disposición Adicional del texto sometido a referéndum que, dicho sea de paso, no era una novedad del Estatuto de 1979, sino algo que este había tomado de una tradición que arrancaba de la declaración de las Diputaciones forales de 1917. La reserva de derechos que configura esta Disposición les daba pie para afirmar que el innegable paso adelante que suponía el Estatuto no iba a introducir al País Vasco en una ratonera sin salida que, antes o después fuera a desplegar sus efectos mortíferos sobre el ímpetu desplegado por el pueblo vasco en pos de su autogobierno, sino todo lo contrario; suponía entrar en un escenario abierto en el que estaba expresamente prevista la posibilidad de dar nuevos pasos adelante hasta la plena satisfacción de lo que, no sin imprecisión, el precepto conceptúa como los derechos que pudieran corresponderle en virtud de su historia.
Evidentemente, este mensaje no fue monolítico. Cada organización política e incluso puede decirse que cada líder, imprimía a esta idea básica sus propios matices. Pero en lo esencial, puede decirse que la posición de los nacionalistas vascos favorables al Estatuto de Gernika respondió a las pautas descritas. Sirva como síntesis del modo en el que fue percibido este mensaje desde muchas instancias del Estado español, las palabras que el senador independiente Bosque Hita pronunció en la Cámara alta durante la tramitación del texto estatutario. En un intento por resumir las interpretaciones que del Estatuto estaban dando “…los dirigentes más moderados del pueblo vasco…”, este Senador del Grupo Mixto, que poco después ingresaría en Coalición Popular, constataba que “…desde los más significativos de estos dirigentes y representantes hasta los más modestos, empiezan a decir que el Estatuto vasco es un paso, no es el final de un camino…”. Algo más explícito, el senador popular Matutes atribuía esta interpretación del Estatuto a “…algunos de sus autores, entre los que se encuentra el propio Presidente del Consejo General vasco…”.
Por parte de los partidos no nacionalistas y de los partidos nacionalistas españoles, se produjeron también manifestaciones a favor de esta consideración del Estatuto como texto jurídico flexible e intrínsecamente abierto a mayores desarrollos del autogobierno. Repasemos brevemente algunas de sus posiciones.
La derecha española puso especial empeño en acentuar esta característica del texto estatutario porque su voto negativo en el referéndum, se justificó, precisamente, en el argumento –convenientemente cargado de tintes apocalípticos- de que la Disposición Adicional del Estatuto era una especie de torpedo dirigido a la línea de flotación de la unidad indisoluble de la nación española. Así pues, lo que para muchos nacionalistas vascos era una razón decisiva para apoyar el Estatuto, para la derecha española constituía el argumento fundamental que justificaba su rechazo al mismo. Pero lo que ahora quisiera destacar es el hecho de que, tanto los unos como los otros, compartieran una misma concepción del Estatuto como norma elástica y flexible, abierta a través de su Disposición Adicional a la búsqueda de nuevos escenarios de autogobierno para el País Vasco.
En una de sus intervenciones ante la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, Fraga Iribarne arremetía contra la Disposición Adicional que, en su opinión, “…hace que el Estatuto sea una norma insegura y más llena de sorpresas que la caja de Pandora…” . En el Senado, Matutes ratificaba punto por punto las posiciones del líder de su partido y centraba, también, sus iras en la consabida Disposición Adicional que, según el empresario balear, “…hace que el Estatuto sea una norma imprecisa, abierta a futuras reivindicaciones, que se presta a muchas sorpresas y, lo peor de todo, a una dinámica de continuo enfrentamiento…”. Muy gráficamente, el senador Boque Hita, ya citado, sostenía que la Disposición Adicional “…es un cheque en blanco que se va a llenar en una fecha que no sabemos y por una cantidad que desconocemos…” En un artículo publicado el 20 de octubre de 1979 en El Correo Español –siempre tan complaciente con la derecha española-, el entonces presidente de AP Ruiz Gallardón, apoyaba también su voto negativo al Estatuto, en el argumento de que, su Disposición Adicional, constituían “…un paso hacia otras metas..”. Y para demostrar que esta caracterización del Estatuto como una mera estación de tránsito no era una patraña sin fundamento sino una peligrosísima realidad, traía a colación unas palabras de Mario Onaindia –sí, sí, el del Laberinto vasco- quien días atrás había afirmado que el Estatuto de Gernika era un paso imprescindible para la independencia de Euskadi.
Evidentemente, UCD nunca hizo suya, expresamente y con carácter oficial, esta concepción abierta y flexible del Estatuto vasco. Pero en las declaraciones de algunos de sus líderes más significativos puede apreciarse que la compartían. No me refiero ahora a la confesión que Martín Villa hizo en privado alegrándose por no tener las manos manchadas con el Estatuto Vasco; una actitud que no se comprendería si no fuera desde una profunda coincidencia con la lectura apocalíptica que la derecha hacía del Estatuto, como norma ilimitada y potencialmente destructora de la unidad española. Hubo dirigentes del partido en el Gobierno que suscribieron de modo expreso esta visión flexible y abierta de la norma institucional básica de la Comunidad Autónoma. Y quiero citar, por su alta significación, el caso de Jesús Maria Viana, conocido dirigente de la UCD vasca y amigo personal de Adolfo Suárez. En la sesión de la ponencia mixta Congreso-Senado correspondiente al 6 de julio de 1979, llamó la atención una intervención de Viana en la que se mostraba favorable a la posibilidad de que el Estatuto de Euzkadi dejase una puerta abierta, por medio del espíritu de la disposición adicional, a la plena recuperación foral y al logro de mayores cotas autonómicas en el futuro. Interrogado al respecto después de concluida la sesión, Chus Viana declaraba a la prensa que “…mi actitud favorable se debe a que pienso que hay que dejar una puerta abierta que permita seguir recuperando el grado de foralidad que nos fue arrebatado en su día…”
En fin, tampoco desde el PSOE se rechazó del todo esta visión del Estatuto como cauce abierto, si bien es cierto que su adhesión a la Disposición Adicional fue siempre mucho menos entusiasta. En un texto muy elocuente, Txiki Benegas llegó a escribir, por ejemplo, que “…la Autonomía no es un proceso estático que culmina con la aprobación del Estatuto de Gernika. La Autonomía es un proceso dinámico en la historia. Los pueblos y las naciones se construyen lentamente y los procesos de transformación de la realidad social discurren a un ritmo muy diferente, y muchas veces, al margen de nuestro voluntarismo subjetivo. La Autonomía de hoy puede ser diferente a la de mañana. Lo importante es que el proceso que acaba con el Estado centralista y con el sojuzgamiento del Pueblo Vasco ha quedado abierto con el Estatuto de Gernika y puede se profundizado en la dinámica histórica de nuestro pueblo…”.
De lo anterior puede concluirse que la visón del Estatuto que predominó al tiempo de su aprobación, es la que concebía a este texto como una norma inaugural –pero no de cierre- del autogobierno vasco, abierta, elástica e intrínsecamente dotada para su ampliación.
Interesa apuntar que, pese a los términos literales en los que se formula, esta concepción del Estatuto no tiene por qué tener un sentido exclusivamente jurídico-competencial. En mi opinión, reviste, también, una importancia de primer orden desde una concepción social del Estatuto. Si este es, como se ha dicho, un punto de encuentro entre vascos de distinta ideología e identidad nacional, que define el marco dentro del cual puede ir tomando cuerpo una comunidad plural y cívica, parece claro que ha de tener un contenido y una significación política distintos a los de aquellos otros Estatutos de Autonomía que se limitan a definir la circunscripción territorial en la que se reproducirá, con pequeñas variantes, la misma controversia ideológica que los grandes partidos mantienen a nivel de Estado. La propia reserva de derechos de la Disposición Adicional, que es la más importante de entre las piezas normativas que dotan de flexibilidad al marco estatutario vasco, no puede revestir la misma significación en Euskadi, donde el reto del Estatuto consiste, precisamente, en cohesionar la inmensa pluralidad social, política e identitaria que ofrece el País en torno a un único proyecto cívico, que en Aragón, por ejemplo, cuyo Estatuto contiene, también, una reserva de derechos semejante, pero en cuya sociedad, no se dan, ni de lejos, los conflictos de identidad que entre nosotros provocan tan violentos choques.
Hoy, transcurridos ya 29 años desde la entrada en vigor del Estatuto de Gernika puede decirse que aquella idea de apertura y flexibilidad con la se aprobó, ha sido secuestrada por las fuerzas políticas que más vehementemente afirman su estatutismo. Era previsible que así ocurriera porque, entre los nuevos abanderados de la causa estatutaria cabe identificar a quienes han trabajado –y aun trabajan- denodadamente por igualar a marcha martillo las singularidades de este texto jurídico, con la evidente intención de reducirlo en un estatuto más, dentro del Estado autonómico español. Aunque parezca paradójico, la reconversión de la derecha española hacia el Estatuto, está imponiendo la visión estática, rígida y cerrada que tan sólo la llamada izquierda abertzale sostuvo en el referéndum. Es claro, pues, que, en su sentido y significación originales, el Estatuto ha sido secuestrado. Y la pregunta es…¿hemos de permitirlo?
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