El 19 de mayo de este año -no hace, por tanto, ni un mes- se registró en el Congreso de los Diputados el proyecto de Ley de Ciencia e Innovación. Se trata de una iniciativa que fue anunciada por la ministra Garmendia al principio de la legislatura -dos años ha- y se ha ido demorando sucesivamente hasta ver transcurrido en blanco más de la mitad del mandato. El proyecto ha sido ampliamente publicitado por sus promotores. Tanto la propia ministra como el secretario de Estado de Investigación, Felipe Pétriz, han desplegado un notable esfuerzo de comunicación con objeto de loar el texto y vender sus excelencias. Ambos han señalado que las dos principales novedades del proyecto radican en la creación de la Agencia Estatal de Investigación, una entidad nuclear en el nuevo modelo investigador, y en la configuración de una auténtica carrera profesional para los investigadores.
En una entrevista publicada en El País el pasado 3 de marzo, el secretario de Estado admitía que el proyecto de Ley, que en aquel entonces no había sido remitido aún a la cámara baja, hacía una regulación extremadamente escueta de la Agencia; algo que, a priori, resultaba chocante para un organismo al que se encomendaba una misión tan esencial como la de aportar el criterio evaluativo en virtud del cual va a llevarse a cabo la asignación de recursos al mérito científico y técnico. Pese a ello -afirmaba- «puedo asegurar que esta vez la creación de la agencia va en serio. Cuando se inicie el trámite de la ley habrá un borrador de estatutos de la agencia».
El proyecto de Ley, en efecto, incluye en su Disposición Adicional decimosegunda, la autorización necesaria para que el Gobierno pueda crear la Agencia Estatal de Investigación, «orientada al fomento de la generación de conocimiento en todas las áreas del saber mediante el impulso de la investigación científica y técnica». La Agencia -establece la norma- se regirá por la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias Estatales para la Mejora de los Servicios Públicos.
Al día siguiente de que los registros de la cámara tomaran cuenta de la recepción de este proyecto de Ley remitido por el Gobierno, el Consejo de Ministros aprobaba el Real Decreto-Ley por el que se adoptan medidas para la reducción del déficit público. Lo que el vulgo ha bautizado como el zapatazo. Esto, insisto, ocurría un día después de que el Congreso registrase de entrada el proyecto de Ley de Investigación e Innovación. Pues bien, la Disposición Adicional quinta de esta controvertida norma, establecía que «en 2010 no se autorizará la creación de ninguna nueva Agencia Estatal de las reguladas en la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias Estatales para la Mejora de los Servicios Públicos.
Con un sólo día de diferencia, el Congreso recibía dos mensajes del Gobierno abiertamente contradictorios. Uno que apostaba decididamente por la inmediata creación de la Agencia Estatal de Investigación -esencial, según sus impulsores, para el éxito del nuevo sistema de investigación- y otro que prohibe radicalmente la creación de este tipo de agencias a lo largo de 2010.
¿En qué quedamos?
Blog de Josu Erkoreka 
¡Qué manía la de los políticos de gastar el dinero que con tanto esfuerzo nos cuesta ganar a los ciudadanos! No hace falta que creen «enemil» agencias de control, fomento, ayudas… Mejor dejen ese dinero en manos de los contribuyentes; y no sólo ese dinero, sino el empleado en recaudarlo, asignarlo presupuestariamente, controlar el gasto… La de recursos que podrían liberar y dejar en nuestras manos… Además así las empresas iban a ser más competitivas y, por su propio interés, iban a dedicar recursos a I+D+i; ahora en cambio, en vez de centrarse 100% en el negocio, hay que perder tiempo y esfuerzos en rellenar formularios y trámites para tantos impuestos y subvenciones innecesarias. Creen un marco normativo legislativo estable y claro, no gasten de manera tan ineficiente nuestros escasos recursos, y verán como la sociedad evoluciona.
No quedamos en nada. Un día digo una cosa. Mañaa otra. Y así hasta agotar la legislatura.
Saludos.
Kaixo Josu
Siento estar en contra del comentario de Alekos pero desgraciadamente conozco bien el I+D+i español ya que trabajé 6 años investigando para una empresa privada, y digo esto porque me da mucha pena el estado en el que se encuentra y algo hay que hacer.
Cursé dos carreras de ingeniería en EE.UU. y conocí muy cerca la apuesta del sector privado tanto por el I+D (entonces no llevaba la otra “i” todavía) como por la colaboración y sobre todo el mecenazgo de la educación media y superior por parte de la empresa privada. Es claro que el modelo Europeo es otro y que desde el otro lado charco nos llevan mucha ventaja, ahora bien, me gustaría hacer dos consideraciones:
Primero, la inversión en I+D+i se debe hacer a largo plazo, 10 ó 20 años, y curiosamente nadie se acordará de los políticos que hoy tomen las decisiones que nos harán un país importante en la época de nuestros hijos. Este tipo de inversiones tienen dos efectos, el primero es obvio: mejora de procesos y productos igual a una mayor productividad. El segundo no es tan fácil de ver pero quizás es más importante, dedicar una parte de tu carrera profesional a investigar o desarrollar un producto amplía sobre manera los conocimientos adquiridos en la carrera o formación profesional (si! la gente de FP también participa del I+D+i). Está base práctica unida a la teórica va a permitir tener profesionales mucho mejor preparados cuando abandonen la investigación y se incorporen a otras actividades ya sean públicas o privadas.
Segundo, tenemos unos profesionales fantásticos repartidos por el mundo y vemos que los centros educativos en España son capaces de producir nuevas remesas de investigadores (ya que muchos de estos jóvenes acaban marchándose). Por tanto tenemos las dos de las tres cosas que hacen falta: los directivos y los empleados; faltan, como no, los medios técnicos.
Es decir, el estado ha de plantearse como favorecer las inversiones privadas y las colaboraciones con las universidades (he dicho favorecer y no intervenir). Cierto es, que desde mi vuelta a España no he visto ni a un solo gobierno tomar las medidas apropiadas pese a tener, ni más ni menos, que un ministerio encargado del asunto. Este nuevo plan seguro que nace con buenas intenciones pero me da a mí que… bueno el resto ya lo sabéis todos
Carlos
No creo que discrepemos mucho; yo también abogo porque los poderes públicos favorezcan las mejores condiciones para que el I+D+i florezca. Y en ese sentido creo que lo mejor que pueden hacer es disolver el Ministerio específico y todos los funcionarios dedicados a dichos menesteres… así como a otras miles de actividades desarrolladas ineficientemente por nuestras administraciones. Con eso conseguiríamos bajar los impuestos, favorecer a los emprendedores y generar empresas competitivas. Estas empresas dedicarían los esfuerzos necesarios (que han de determinar cada una de ellas y no un burócrata) para mejorar sus productos y servicios y satisfacer cada vez mejor las necesidades de los consumidores. En definitiva, hemos de confiar más en las personas, así será como nuestra sociedad progrese, y no con un tutelaje invasivo financiado encima con el esfuerzo de nuestro trabajo.
JELn agur
Aeste respcto, es interesante el articulo en aberrberri útimo escrito.
Lo podeis encontrar en:
http://aberriberri.com/2010/06/11/el-estado-vasco-emergente-1-el-otro-plan/
En mi opinión, Alekos, la única plataforma pública que se justifica en un sistema eficiente de I+D+i es una Agencia evaluadora independiente y bien dotada. Podemos prescindir de todas las burocracias, menos de esa. Las Agencias son buena parte de la clave del éxito de los países más avanzados en I+D+i.