Blog de Josu Erkoreka

Estos días ha dado mucho que hablar el novedoso anuncio que Zapatero hizo en la recepción oficial del equipo ganador de la Copa Davis de Tenis: La creación de un ministerio de Deporte.

Unos se muestran favorables. Aseguran que una medida así, reforzaría la estructura deportiva y multliplicaría los apoyos públicos al Deporte. Un ministro siempre goza de más poder y de mayor margen de actuación que un secretario de Estado.

Otros se oponen radicalmente, aduciendo diferentes tipos de objeciones. Hay quien acusa a Zapatero de oportunista. Quiere -aseguran quienes así piensan- capitalizar los éxitos que este año ha acumulado el deporte español, con una medida populista pero poco efectiva y carente de racionalidad. Hay quien sostiene que las cosas que van bien es mejor no tocarlas, porque se pueden trastocar los equilibrios y echar al traste la buena racha. Hay quien ha esgrimido que crear un ministerio específico para el Deporte es como matar pulgas a cañonazos. Literalmente. El Deporte -defienden- apenas tiene envergadura como para justificar toda una estructura ministerial. Hay, como se ve, de todo.

Yo no soy partidario de crear ese ministerio. Lo afirmo sin ambages.

Al margen de otras consideraciones de oportunidad, porque el Estado, sencilla y claramente, carece de competencia para hacerlo.

Todo el mundo recuerda en Euskadi que, hace todavía pocos meses, cuando el Tribunal Constitucional se pronunció en contra de la Ley de Consulta aprobada por el Parlamento vasco, apoyo su decisión en un razonamiento de carácter básicamente competencial. Lo que la cámara vasca pretende -vino a decir- es organizar un referéndum. El término con el que lo denomina es lo de menos. Materialmente, lo que se propone organizar es un referéndum. Pues bien -añadió- el artículo 149.1.32 de la Constitución establece claramente que la competencia exclusiva para autorizar «la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum» corresponde en exclusiva al Estado. Y como en el caso de la Ley de Consulta, esa autorización del Estado no existía, la norma era inconstitucional.

Como se ve, una argumentación sencilla y clara, aunque no necesariamente acertada, porque la Constitución proporciona, también, otros materiales jurídicos con los que se podía haber abordado esta cuestión desde una perspectiva más abierta y favorable al principio democrático.

Pues bien, lo que yo planteo ahora es utilizar el mismo razonamieno jurídico que el Tribunal Constitucional utilizó en el caso de la Ley de Consulta. Volvamos a repasar el artículo 149.1 de la Constitución -ese que relaciona las competencias exclusivas del Estado- y veamos en cual de sus 32 puntos, se reconoce al Estado alguna competencia en materia de Deporte. Emplazo a los lectores -no será una gran movilización, porque no serán muchos- a que se lean esa listas tantas veces cuantas resulte necesario para aprehender su contenido y me digan, después, donde se atribuye esa competencia al Estado.

Para quienes no tengan ganas de tomarse ese trabajo, les adelanto el resultado de la exploración. En ningún artículo de la Constitución se establece que el Estado tenga competencia alguna en materia de deporte. En ninguno. Tampoco, por supuesto, en el artículo 149.1 que es el que registra sus competencias exclusivas. Antes el contrario el precepto anterior -el artículo 148- dispone en su apartado 19 que las Comunidades Autonómomas podrán asumir en sus Estatutos la competencia sobre «Promoción del deporte».

En resumen, el Estado está interviniendo en el ámbito del deporte, por la vía de hecho. Sin título habilitante de rango constitucional. La acción pública que despliega en el terreno deportivo es inconstitucional, porque carece de base jurídica en la carta magna.

Y, sin embargo, ya ven. El esquema competencial de la Constitución es utilizado como la razón última y decisiva para negar a Euskadi la posibilidad de aprobar una Ley de Consulta. Pero ese mismo esquema competencial, no sirve, al parecer, para negar al Estado la posibilidad de intervenir en el ámbito del Deporte.

Crear un ministerio de Deporte sería un acto manifiesta y ostensiblemente inconstitucional.

Pero…¿a quien importa esto si el resultado es beneficioso para España y para el ensalzamiento de las glorias patrias en el ámbito del deporte?