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Posts Tagged ‘Congreso de los Diputados’

Esta tarde, el Pleno del Congreso de los diputados ha vuelto a debatir -y una vez más, lo ha hecho a instancias del Grupo Parlamentario vasco- sobre la conveniencia de modificar algunos aspectos de la ley vigente con el fin de facilitar la realización de las obras que deben llevarse a cabo en las comunidades de viviendas con el fin de mejorar la accesibilidad de las personas aquejadas de alguna discapacidad física.

No es -insisto en ello- la primera vez que esta cuestión se plantea en el hemiciclo. Si no recuerdo mal, el debate lo estrenamos en junio de 2009. Con poco éxito, dicho sea de paso, porque el Pleno de la cámara rechazó la toma en consideración de una Proposición de Ley del Grupo Vasco que había sido consensuada con el Comité Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). La iniciativa era esencialmente idéntica a la que hoy se ha sometido a la consideración de la cámara. Y aunque contó con el apoyo de la mayoría de los grupos, la propuesta no pudo prosperar porque los diputados socialistas votaron en contra -el Gobierno estaba en manos del PSOE- y los populares no quisieron pasar de la abstención. A nadie parecía interesarle una propuesta que pretendía remover los obstáculos legales que hoy dificultan la realización de las obras que necesitan las comunidades de vecinos para facilitar la movilidad de los discapacitados.

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El martes de esta semana el Congreso de los diputados fue escenario de un debate en el que vimos gráficamente reflejado el peculiar modo de hacer política que predomina en el Estado español. Me refiero a la toma en consideración de la proposición de ley sobre televisión sin fronteras; una proposición de iniciativa popular, que llegó a la cámara avalada por la firma de más de seiscientos cincuenta mil ciudadanos. El texto tenía por objeto remover los obstáculos que hoy, todavía, impiden que las emisiones de radio y televisión autonómicas que se realizan en catalán, euskera y gallego, puedan ser recibidas directamente en el territorio de otras comunidades autónomas en las que esas lenguas revisten, también, carácter cooficial.

El debate no era nuevo. La iniciativa ya había sido debatida y tomada en consideración al término de la pasada legislatura. Interesa reseñar, sin embargo que, aun cuando su texto había sido registrado en la cámara en septiembre de 2010, no fue debatido hasta un año después, cuando el segundo y último mandato de Zapatero tocaba a su fin. Los socialistas, que entonces gobernaban, mostraron tan escaso interés en facilitar su tramitación -el asunto de las lenguas cooficiales sigue siendo incómodo para muchos de ellos-, que la tuvieron metida en el cajón hasta que, una vez que se había anunciado ya el fin de la legislatura, permitieron que la iniciativa llegase al parlamento, desde la seguridad de que no quedaba tiempo suficiente para que pudiera ser aprobada en los pocos días que restaban para la conclusión del mandato. Y como el resultado de la votación ya no comprometía a nadie, todos los grupos le prestaron su apoyo, excepto el popular, que se abstuvo.

Esta semana, como decía, la proposición ha vuelto al Congreso. Pero en esta ocasión, el desenlace del Pleno ha sido muy diferente. El PSOE que, como ya he dicho, en la pasada legislatura retrasó su debate hasta alcanzar la certeza de que lo avanzado del mandato hacía inviable su tramitación, se ha erigido ahora en el principal valedor de la iniciativa y -¡oh sorpresa!- ha intervenido en un turno a favor. Y el PP, que ya no está en la oposición demagógica, sino en el mando autoritario y desabrido, ha votado que no. Sin ambages ni matices: no. De manera que la proposición, que hace un año fue admitida a trámite, el martes pasado quedó rechazada a limine. Y la ilusión que miles de ciudadanos pusieron en la posibilidad de que que fuera tramitada y aprobada por las Cortes Generales, se trasmutaba, de repente, en descarnada frustración. La calculada administración de plazos, abstenciones y negativas desplegada por los socialistas y los populares, ha sumido en el desemgaño a varias decenas de miles de ciudadanos.

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Confieso que me sobrecogieron las declaraciones del conseller de Economía y Hacienda de la Generalitat de Catalunya, Andreu Mas-Colell cuando, interpelado, hace varios días, por un entrevistador de la BBC, reconoció que el Ejecutivo del que forma parte no tiene más banco que el Gobierno de España. No quiero ni imaginar lo duro que debió resultar para un nacionalista catalán que aspira a dotar a su país de las más altas cotas de soberanía fiscal, tener que asumir públicamente que, pese a la pujanza tecnológica, industrial y exportadora que exhibe la economía catalana y al ingente esfuerzo que el Gobierno de Artur Mas está llevando a cabo para avanzar en la reducción del déficit y en el control la deuda pública, la viabilidad financiera de su autogobierno, se encuentra, al menos a corto plazo, en manos de los poderes centrales del Estado. El plante que el miércoles de esta semana ha dado Mas-Colell al Consejo de Politica Fiscal y Financiera, ha sido un gesto de protesta -y de advertencia, según han expresado desde la propia Generalitat- pero también de encrespada impotencia. Y la displicente respuesta del Gobierno central, apelando al artículo 155 de la Constitución para argumentar que “no hay hueco a la insumisión”, no puede decirse que haya contribuido, precisamente, a serenar los ánimos. Claro que, Cospedal lo ha dejado peor aún cuando declaraba al día siguiente al ABC que “algunos quieren ir por libre pero después utilizan los mecanismos del Estado para salir de la situación”.

La situación generada en Catalunya tras el anuncio de que recurrirá al Fondo de Liquidez Autonómica para hacer frente a las necesidades financieras de los próximos meses, ha dado lugar a un sin fin de comentarios jocosos por parte de los dogmáticos de la unidad fiscal -y de la no fiscal- del Estado. La prensa española de los últimos días está preñada de declaraciones, columnas y artículos de opinión que hacen referencia a este hecho. Casi todos -huelga decirlo- en la misma línea de Cospedal: haciendo mofa y escarnio del hecho de que la decisión de acogerse al rescate ofrecido por el Estado haya sido adoptada por los mismos nacionalistas que aspiran a elevar a Catalunya a la categoría de sujeto de soberanía y desgajarse del Estado al que piden ayuda.

Se trata de una reacción injusta, malediciente y ofensiva para una nación como la catalana, cuyas dificultades financieras no derivan de su insolvencia económica -dado que se trata de una de las comunidades políticas más prósperas y pujantes del Estado español- sino de las bases sobre las que se ha establecido su relación financiera y fiscal con los poderes centrales del Estado. Quienes profieren esa agraviante crítica, por otro lado, parecen no darse cuenta de que tampoco el Estado español se encuentra en condiciones de lucir mucho músculo cuando apela a su soberanía. ¿Acaso no recuerdan que hace tan solo un año, cuando abordó la reforma Express del artículo 135 de la Constitución, tuvo que hacer uso de su poder constituyente -que es, en teoría, la máxima expresión de la soberanía- siguiendo órdenes de la Unión Europea?¿Acaso han olvidado que cuando Rajoy se opuso -en febrero de este mismo año- al objetivo de déficit que le fue impuesto en Bruselas, invocando su capacidad para adoptar “decisiones soberanas”, hubo de rectificar en cuestión de días y asumir que su apelación a la soberanía española era un simple farol sin recorrido alguno? ¿Qué clase de soberanía es la que se ejerce, cuando, como y porque lo exige una instancia exterior al sujeto pretendidamente soberano?

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No somos conscientes aún de la dimensión que puede alcanzar el impacto que el conjunto de las medidas previstas en el último decretazo del Gobierno -me refiero al Real Decreto-Ley 20/2012 del 13 de julio- va a producir en la sociedad, en la economía y en las instituciones. Como se trata de una norma que se refiere a ámbitos y sectores muy heterogéneos, cada colectivo afectado ha calibrado ya, aunque no sea más que aproximadamente, el efecto restrictivo que los recortes van a producir en el ámbito que le concierne. Sin embargo, apenas existe una visión de conjunto sobre el impacto que todas ellas -unidas- han de producir en nuestra vida cotidiana. El FMI ya ha hecho notar que sus previsiones de crecimiento negativo para el año 2013, van a empeorar como consecuencia de las medidas restrictivas adoptadas por el Gobierno de Rajoy. Pero más allá de ese efecto depresivo que van a producir sobre el conjunto de la economía -que se da por hecho-, está por precisar el alcance efectivo que van a revestir en el desenvolvimiento de las personas y en el funcionamiento de las instituciones.

Cada vez que se relee su texto -apretado en 90 interminables páginas, escritas con letra menuda de Boletín Oficial- se descubre un aspecto nuevo o una dimensión distinta, en los que no se había reparado en las recensione anteriores. Y si a ello añadimos las cuatro curiosas páginas de correcciones de errores que se publicaron cinco días después de la norma principal, se puede el lector hacer idea de las sorpresas que encierran las relecturas de su articulado.

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El Gobierno del Estado ha encontrado un excelente aliado jurídico para avanzar con pie firme en la cruzada centralizadora que se ha propuesto. Me refiero al título competencial recogido en el artículo 149-1-13º de la Constitución, que reserva al Estado la facultad de fijar las bases y coordinar la planificación general de la actividad económica.

Hace ya mucho tiempo que el Tribunal Constitucional -cuyos miembros, conviene no olvidarlo, son, siempre, elegidos por el PSOE y el PP, con arreglo a criterios estrictamente idológicos y partidistas- impulsó una lectura expansiva de este precepto, que habilitaba al Estado para intervenir a su antojo en cualquier ámbito de la economía, incluidos aquellos sectores económicos que los Estatutos de Autonomía había reservado a la competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas como -por poner un ejemplo- es el caso del Turismo.

Los años noventa del siglo pasado constituyeron la época en la que más claramente se hizo patente el esfuerzo del alto tribunal por ampliar el perímetro de esta competencia del Estado. Recuerdo que algunas de las medidas de ajuste que los poderes centrales adoptaron con motivo de la crisis económica de 1992 y la necesidad de respetar los criterios de convergencia fijados en el Tratado de Maastritch, proporcionaron al Tribunal el pretexto idóneo para tirar sin remilgos de ese título competencial, convirtiéndolo en una suerte de norma habilitante de carácter universal que apoderaba al Estado para todo lo que pudiera tener alguna relación con la economía. De hecho, la sutil y muy calculada interpretación del tribunal fue haciendo que, poco a poco, esta competencia pasase de circunscribirse a las “bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica”, a constituir un titulo mucho más amplio y global sobre la “ordenación general de la economía”. La diferencia, como puede verse, es notable.

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Esta mañana se ha convalidado en el Congreso de los Diputados, el Real Decreto-Ley que, bajo el eufemismo de “garantizar la estabilidad presupuestaria” y fomentar “la competitividad”, propina un nuevo hachazo al Estado del bienestar, recortando derechos y aniquilando servicios públicos. La norma convalidada,  sigue al dictado las “recomendaciones” -permítaseme entrecomillar la expresión con el fin de subrayar la carga irónica que acompaña a unas medidas que, en realidad, son unas imposiciones como una catedral- que la Comisión Europea había hecho públicas semanas atrás, en un informa que ya hablaba de incrementar el IVA, liberalizar el comercio y endurecer las prestaciones por desempleo. El Gobierno dijo entonces que no eran vinculantes. Pero todos sospechamos que sí. Y lo occurrido nos da completamente la razón.

La convalidación se ha llevado a cabo con el exclusivo apoyo de los diputados del PP que, como se sabe, dominan sobradamente el hemiciclo desde su holgada mayoría absoluta. El recorte que el Gobierno del PSOE impuso en mayo de 2010 -el primero de la larga serie de hachazos que han venido después- se aprobó, también, con los votos de los diputados socialistas. Sólo que, en aquella ocasión, el Gobierno contó con la abstención comprensiva de CiU y UPN. En la sesión de hoy, por el contrario, la soledad del PP ha sido nítida; neta; desabrida.

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Hoy da comienzo en Bruselas un Consejo Europeo que puede ser decisivo para el futuro de la UE. Digo que “puede ser” y no que “va a ser” porque el eco difuso de alguna voz procedente de Alemania ha advertido, esta mañana, de la conveniencia de no hacerse demasiadas esperanzas. El proyecto de orden del día que fue difundido por la Secretaría del Consejo hace ya más de un mes permite entrever que el asunto estrella de la sesión vendrá constituído por el binomio crecimiento-empleo. Dos de los tres puntos que lo integran -el relativo a la política económica y el concerniente al marco financiero plurianual- hacen referencia a este binomio.

Los socialistas españoles están desarrollando un denodado esfuerzo publicitario con el fin de transmitir a la opinión pública la idea de que la incorporación del crecimiento a la agenda económica, es obra suya. La semana pasada, por ejemplo, hicieron lo indecible para venderse como los únicos que han conseguido arrastrar a los populares desde la trinchera de la austeridad hacia el luminoso horizonte del crecimiento.

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