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Posts Tagged ‘Congreso de los Diputados’

No somos conscientes aún de la dimensión que puede alcanzar el impacto que el conjunto de las medidas previstas en el último decretazo del Gobierno -me refiero al Real Decreto-Ley 20/2012 del 13 de julio- va a producir en la sociedad, en la economía y en las instituciones. Como se trata de una norma que se refiere a ámbitos y sectores muy heterogéneos, cada colectivo afectado ha calibrado ya, aunque no sea más que aproximadamente, el efecto restrictivo que los recortes van a producir en el ámbito que le concierne. Sin embargo, apenas existe una visión de conjunto sobre el impacto que todas ellas -unidas- han de producir en nuestra vida cotidiana. El FMI ya ha hecho notar que sus previsiones de crecimiento negativo para el año 2013, van a empeorar como consecuencia de las medidas restrictivas adoptadas por el Gobierno de Rajoy. Pero más allá de ese efecto depresivo que van a producir sobre el conjunto de la economía -que se da por hecho-, está por precisar el alcance efectivo que van a revestir en el desenvolvimiento de las personas y en el funcionamiento de las instituciones.

Cada vez que se relee su texto -apretado en 90 interminables páginas, escritas con letra menuda de Boletín Oficial- se descubre un aspecto nuevo o una dimensión distinta, en los que no se había reparado en las recensione anteriores. Y si a ello añadimos las cuatro curiosas páginas de correcciones de errores que se publicaron cinco días después de la norma principal, se puede el lector hacer idea de las sorpresas que encierran las relecturas de su articulado.

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El Gobierno del Estado ha encontrado un excelente aliado jurídico para avanzar con pie firme en la cruzada centralizadora que se ha propuesto. Me refiero al título competencial recogido en el artículo 149-1-13º de la Constitución, que reserva al Estado la facultad de fijar las bases y coordinar la planificación general de la actividad económica.

Hace ya mucho tiempo que el Tribunal Constitucional -cuyos miembros, conviene no olvidarlo, son, siempre, elegidos por el PSOE y el PP, con arreglo a criterios estrictamente idológicos y partidistas- impulsó una lectura expansiva de este precepto, que habilitaba al Estado para intervenir a su antojo en cualquier ámbito de la economía, incluidos aquellos sectores económicos que los Estatutos de Autonomía había reservado a la competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas como -por poner un ejemplo- es el caso del Turismo.

Los años noventa del siglo pasado constituyeron la época en la que más claramente se hizo patente el esfuerzo del alto tribunal por ampliar el perímetro de esta competencia del Estado. Recuerdo que algunas de las medidas de ajuste que los poderes centrales adoptaron con motivo de la crisis económica de 1992 y la necesidad de respetar los criterios de convergencia fijados en el Tratado de Maastritch, proporcionaron al Tribunal el pretexto idóneo para tirar sin remilgos de ese título competencial, convirtiéndolo en una suerte de norma habilitante de carácter universal que apoderaba al Estado para todo lo que pudiera tener alguna relación con la economía. De hecho, la sutil y muy calculada interpretación del tribunal fue haciendo que, poco a poco, esta competencia pasase de circunscribirse a las “bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica”, a constituir un titulo mucho más amplio y global sobre la “ordenación general de la economía”. La diferencia, como puede verse, es notable.

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Esta mañana se ha convalidado en el Congreso de los Diputados, el Real Decreto-Ley que, bajo el eufemismo de “garantizar la estabilidad presupuestaria” y fomentar “la competitividad”, propina un nuevo hachazo al Estado del bienestar, recortando derechos y aniquilando servicios públicos. La norma convalidada,  sigue al dictado las “recomendaciones” -permítaseme entrecomillar la expresión con el fin de subrayar la carga irónica que acompaña a unas medidas que, en realidad, son unas imposiciones como una catedral- que la Comisión Europea había hecho públicas semanas atrás, en un informa que ya hablaba de incrementar el IVA, liberalizar el comercio y endurecer las prestaciones por desempleo. El Gobierno dijo entonces que no eran vinculantes. Pero todos sospechamos que sí. Y lo occurrido nos da completamente la razón.

La convalidación se ha llevado a cabo con el exclusivo apoyo de los diputados del PP que, como se sabe, dominan sobradamente el hemiciclo desde su holgada mayoría absoluta. El recorte que el Gobierno del PSOE impuso en mayo de 2010 -el primero de la larga serie de hachazos que han venido después- se aprobó, también, con los votos de los diputados socialistas. Sólo que, en aquella ocasión, el Gobierno contó con la abstención comprensiva de CiU y UPN. En la sesión de hoy, por el contrario, la soledad del PP ha sido nítida; neta; desabrida.

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Hoy da comienzo en Bruselas un Consejo Europeo que puede ser decisivo para el futuro de la UE. Digo que “puede ser” y no que “va a ser” porque el eco difuso de alguna voz procedente de Alemania ha advertido, esta mañana, de la conveniencia de no hacerse demasiadas esperanzas. El proyecto de orden del día que fue difundido por la Secretaría del Consejo hace ya más de un mes permite entrever que el asunto estrella de la sesión vendrá constituído por el binomio crecimiento-empleo. Dos de los tres puntos que lo integran -el relativo a la política económica y el concerniente al marco financiero plurianual- hacen referencia a este binomio.

Los socialistas españoles están desarrollando un denodado esfuerzo publicitario con el fin de transmitir a la opinión pública la idea de que la incorporación del crecimiento a la agenda económica, es obra suya. La semana pasada, por ejemplo, hicieron lo indecible para venderse como los únicos que han conseguido arrastrar a los populares desde la trinchera de la austeridad hacia el luminoso horizonte del crecimiento.

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Durante los últimos años, la Asociación de Periodistas Parlamentarios viene promoviendo una interesante iniciativa: un concurso de relatos en el que pueden participar, con textos escritos que “habrán de estar relacionados con la actividad parlamentaria, tanto estatal como autonómica”, todas las personas que directa o indirectamente mantienen relación con las Cortes Generales, periodistas, diputados, senadores y personal dependiente de las cámaras. El premio cumple este año su sexta edición.

Fotografía titulada “La penúltima llamada”,que ha sido galardonada con el accesit del Premio Imagen del Parlamento en su edición de este año. Su autor es el informador gráfico Eduardo Parra,

Pero junto a él ha tomado cuerpo el Premio Imagen del Parlamento: un concurso de fotografía abierto a “los informadores gráficos acreditados” en cualquiera de las dos cámaras, cuyas obras habrán de reflejar la actividad parlamentaria del último año en las Cortes Generales.

Hoy me hago eco del Premio porque, el accesit correspondiente al Premio Imagen del Parlamento, que ha recaído en informador gráfico Eduardo Parra, se ha adjudicado a una imagen fotográfica, que lleva por título “La penúltima llamada” y en la que figura el titular y único trabajador de este post -es decir, yo mismo- teléfono móvil en ristre, hablando, vaya usted a saber con quién, mientras mira al exterior, a través de una ventana por la que entra un haz de luz que dota a la estancia de una iluminación repleta de matices y contrastes. No está posando, me consta. La fotografía no estaba concertada. La imagen se captó espontáneamente. El diputado hablaba por teléfono y el fotógrafo, que pasaba por allí, advirtió que la imagen ofrecía un interesante juego de luces, sombras y reflejos y se dispuso a inmortalizarla.

La entrega de los galardones se produjo ayer, y el acto me proporcionó la oportunidad de conocer personalmente al autor de la imagen. Tampoco él recordaba con exactitud el día, la hora y las demás circunstancias que rodearon a la obtención de la fotografía. En cualquier caso, ahí está el resultado de su trabajo. Zorionak, Edu.

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En un momento en el que la actividad cotidiana del Congreso de los diputados acusa  la hegemonía de un parlamentarismo meramente declarativo y simbólico-mediático (ver, al respecto, el post titulado “Un episodio chocante“, publicado recientemente en esta bitácora), la semana pasada presentamos en el Congreso una Moción constructiva y tangible, que tenía por objeto contribuir a la difusión de la formación en alternancia en los centros universitarios, tomando como referencia una experiencia de éxito: la Escuela de Ingeniería en Alternancia del Instituto de Máquina-Herramienta de Elgoibar.

Con responsables del Instituto de la Máquina Herramienta de Elgoibar, frente al Congreso de los diputados

La formación en alternancia descansa sobre el principio de compartir el tiempo de formación entre el centro educativo y la empresa en la que se va a ejercer la actividad profesional, de manera que ambos polos -el académico y el profesional- se corresponsabilizan de la ejecución y la buena marcha de proyecto formativo compartido. Es una fórmula que va mucho más allá de la pura y simple realización de prácticas en la empresa, porque exige una implicación activa de la empresa en el proceso formativo de un profesional inicialmente concebido para integrarse en el tejido productivo. La formación en alternancia aúna los esfuerzos de la academia y de la empresa con la mirada puesta en objetivos de elevado interés social: promover empleos de calidad, anticipar la incorporación de jóvenes al mercado de trabajo, mejorar su tasa de actividad y contribuir a dotar de contenido efectivo a la cada vez más necesaria conexión entre los estudios y el empleo.

¿Hay algo que tenga más actualidad en los tiempos que corren?

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Es el título de un seminario organizado por la fundación Sabino Arana, que tuvo lugar ayer, en Bilbao, con la asistencia de un amplio elenco de académicos, abogados, jueces y algunos políticos comprometidos con la cultura de las garantías y la defensa a ultranza de los derechos fundamentales. La idea central en torno a la cual se tejieron las tres ponencias principales -que corrieron a cargo de un catedrático de Derecho Penal, el Ararteko de Euskadi y un magistrado de la Audiencia Nacional- defendía, en esencia, lo siguiente: el terrorismo de ETA ha provocado una grave erosión del Estado de Derecho en España, porque ha propiciado la aprobación de leyes y la implantación de prácticas judiciales, administrativas y penitenciarias, que son difícilmente compatibles con el cuadro de garantías y libertades propio de un sistema democrático. En consecuencia, el cese definitivo de su actividad armada, hecho público en octubre de 2011, debería dar inicio a un proceso de revisión normativa y judicial-administrativa, con el fin de reconducir las leyes y algunos de los más viciados hábitos del poder a los parámetros homologados de una democracia normalizada. Hay mucho trabajo por delante, hasta que se llegue a desandar todo lo andado.

El debate posterior abundó en las mismas ideas, con aportaciones valiosas y plurales, tanto en lo conceptual como en lo empírico. En el Estado español, la lucha antiterrorista precedió a la instauración de las libertades. Las primeras leyes datan de la época de Franco. En consecuencia, el edificio democrático se construyó bajo ese condicionamiento; con derechos mutilados, garantías cercenadas y libertades amputadas por mor de la eficacia antiterrorista. La justificación de la excepcionalidad antiterrorista quedó plasmada en el propio texto constitucional.  La suspensión de derechos fundamentales prevista en su artículo 55.2 -un auténtico caballo de troya antidemocrático en el corazón de la Carta Magna- fue legitimada por la necesidad de responder con eficacia a la “actuación de bandas armadas y elementos terroristas”. Si hoy -apuntó, con razón, el catedrático Antonio Cuerda- esa actuación ha cesado definitivamente, debería deconstruirse la excepcional fortificación jurídico-punitiva que se ha ido construyendo durante los últimos lustros en torno al terrorismo. No es una exigencia caprichosa ni una reivindicación formulada desde fuera del sistema. Antes al contrario, es algo que viene exigido por la propia Constitución que, al consagrar el principio de igualdad, desautoriza los tratamientos diferenciados que carezcan de una justificación objetiva y razonable.

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La semana pasada inserté un post en el que llamaba la atención sobre la posibilidad -no hipotética, sino real- de que el proyecto de Ley relativo a la reforma laboral se aprobase en unos términos potencialmente lesivos para el Concierto Económico (Cfr. “Alerta roja ante una posible agresión al Concierto Económico“). Esta semana hemos dedicado un esfuerzo no desdeñable a impedir que se consumase el desaguisado. Los diputados y senadores del PNV hemos hablado con todo el que pudiera atesorar un mínimo de autoridad para corregir el texto del proyecto.

El martes, Pedro Azpiazu habló con Antonio Beteta, Secretario de Estado de Administraciones Públicas, que la víspera estuvo en Bilbao, invitado por los populares vascos, para reiterar su firme compromiso con el Concierto Económico. Toda la prensa vasca se hizo eco de ello con caracteres bastante amplios. “Pues bien -le dijo Pedro-,  si es así, cosa que no dudo, procura resolver este asunto, que puede ser crucial para el futuro del régimen concertado”. Por su parte, Emilio Olabarria abordó a la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, argüyendo, con sentido, que la cuestión controvertida se planteaba en relación con un proyecto de Ley que atañe a su ámbito de competencia. Pero Fátima le respondió que, aun cuando el proyecto afectado tenía que ver con el mundo laboral, el asunto que nos interesaba era de  naturaleza fiscal y correspondía resolver al ministro de Hacienda. Alfonso Alonso, portavoz popular en el Congreso, se sentía impotente. La portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Senado, otro tanto. Ambos admitía que la cuestión trascendía su ámbito de decisión; era el Gobierno el que tenía que dar la orden de votar a favor de nuestra enmienda.

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En marzo de 2010, un oscuro convoluto enviado sigilosamente desde La Moncloa al Congreso de los diputados, instaba al Grupo Parlamentario socialista a hacer todo lo -parlamentariamente- posible para asegurar la incorporación del contenido material de las dos enmiendas que venían cuidadosamente plegadas en su interior, al texto de un proyecto de Ley que en aquel momento se estaba tramitando en la cámara baja. Fue una maniobra turbia y opaca. El proyecto en cuestión tenía por objeto transponer el contenido de varias directivas comunitarias relacionadas con la legislación societaria y mercantil. Y las enmiendas misteriosamente enviadas desde La Moncloa, pretendían aprovechar la circunstancia para modificar un aspecto de la legislación de sociedades que estaba en vigor desde los años cincuenta. Me hice eco de todo ello en un post que publiqué por aquel entonces, bajo el título “Defender al pequeño accionista, defendiendo los intereses vascos“.

Muy resumidamente, la regla histórica que las enmiendas pretendían alterar, establecía que las sociedades que así lo quisieran, podían limitar, estatutariamente, el número máximo de votos que un sólo accionista o las sociedades  integrantes de un mismo grupo pueden utilizar en su Junta General. Se trataba, con ello, de evitar que grupos minoritarios pero bien organizados, pudieran llegar a controlar una compañía e incluso a modificar algunos de sus aspectos básicos, en detrimento de los pequeños accionistas, cuya amplitud y dispersión se expresa, por regla general, a través de una radical atomización del voto. Obviamente, la limitación no era absoluta. No impedía la materialización de OPAs que afectasen a una amplia mayoría de acciones.

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Es mucho lo que se ha hablado y escrito sobre la reforma laboral que acaba de llevar a cabo el Gobierno de Rajoy. Y no hay duda de que el debate sobre su alcance, contenido y consecuencias, permanecerá vivo durante mucho tiempo. En las próximas semanas se dará término a su tramitación como proyecto de Ley y a finales de junio estará en condiciones de ser enviado al BOE. De hecho, acaba de concluir el plazo establecido por la Mesa del Senado para que los grupos parlamentarios de la cámara alta registren sus enmiendas al texto de la norma. De entre ellas -que, general, reproducen textualmente las que se presentaron en el Congreso- destaca el bloque de autoenmiendas formulado por el propio Grupo Popular. Los populares, que ya enmendaron su propio texto en el Congreso, vuelven a hacer lo propio en el Senado. Puede parecere chocante, pero no es algo inédito. Se trata de una práctica relativamente habitual cuando el sistema está atenazado por una mayoría absoluta. El partido que da soporte al Gobierno considera que el trámite legislativo -tanto en su fase congresual, como en la senatorial- no es más que una oportunidad añadida para seguir incorporando al texto del proyecto los aspectos, añadidos, matices o rectificaciones que considere pertinentes. Y lo hace sin ambages; sin miramientos, ni reparos. Sin detenerse en pequeñeces. Sin encomendarse a Dios ni al diablo. La mayoría absoluta le convierte en dueño absoluto del proceso legislativo, desde que arranca, en el Ministerio correspondiente, hasta que culmina el último trámite del iter parlamentario. Y elige, en cada, caso, la fase del proceso que más conviene a su interés. Los aspectos más aceptables de la reforma, se incorporan al texto desde el principio. Los más controvertidos, se reservan para el final, de manera que la controversia pública se vea reducida al mínimo.

Pero, vayamos al grano. Entre las autoenmiendas que el Grupo Popular del Senado ha registrado contra su propio proyecto de Ley que, dicho sea de paso, ya fue autoenmendado en la cámara baja, figura una que tiene todas las trazas de haber sido concebido para soslayar la molesta interferencia que el Concierto Económico suele producir en la acción legiferante de todos aquellos que acceden al Gobierno central con la manía de legislar como si estuvieran en un Estado unitario y centralista. Me explico. El artículo 4 del proyecto regula el conocido como contrato de trabajo de apoyo a los emprendedores, que ha sido muy criticado porque, entre otros aspectos más que cuestionables, contempla un período de prueba de un año. Pues bien, con el fin de fomentar la suscripción de este tipo de contratos, el proyecto de ley establece una serie de incentivos fiscales y sociales que lo hacen muy atractivo para los empleadores.

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